Francisco Croche Vidrio

Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
628/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Francisco Croche Vidrio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa de recibo del oficio por el que se le notificó el auto por el que causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en este juicio- Por otra parte, como lo solicita, remítasele el tomo de pruebas que exhibió en este expediente, como se ordenó en auto de quince de octubre del presente año. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas, ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa como asunto concluido. Colóquese la etiqueta que corresponda en las carátulas de los cuadernos incidentales con las anotaciones respectivas. En razón de lo anterior, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 21, inciso c), del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, al ser un expediente en el que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, que además carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del citado acuerdo. En el entendido que se deberá conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse emitido el presente acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de sobreseimiento dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, colóquese la etiqueta respectiva en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En virtud que resulta innecesario seguir conservando el tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. EFECTIVO APERCIBIMIENTO DE DOMICILIO Visto el estado procesal que guardan los autos, y en atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a la parte tercera interesada ****** mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, para que señalara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y de conformidad con lo previsto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto subsane dicha omisión. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis a las constancias que integran este expediente y los dos tomos de prueba que fueron remitidos por la autoridad responsable con su informe justificado, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que conlleva al sobreseimiento del juicio, al tenor de las consideraciones que a continuación se exponen. HIPÓTESIS NORMATIVAS En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la constitución federal y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, se deduce que por regla general, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, pues sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por "última resolución", ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, así como aquélla que ordene el archivo definitivo del expediente, las cuales serán entonces impugnables en amparo, no así las que le precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de orden público. En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2018, determinó que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto en ejecución de la sentencia, porque todos sus esfuerzos se dirigen precisamente a eso, en lograr el cumplimiento de lo sentenciado, y por ende, no puede desvincularse de la ejecución. Dijo también, que una vez concluida la etapa de remate solo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el Juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien. Determinó además, que la coacción que reviste la naturaleza de los citados actos no puede considerarse autónoma a la fase de ejecución de sentencia, porque dicha coacción no tiene la misma naturaleza de los medios judiciales de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Juez, por lo que concluyó que considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022499 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." HECHOS En el escrito inicial de demanda, el quejoso señaló como acto reclamado el auto de trece de julio de dos mil veintiuno dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, publicado el catorce siguiente, el cual dijo viola el diverso de once de diciembre de dos mil dieciocho, atento a que pretende llevar a cabo una diligencia de inspección tendente a desposeerlo del bien inmueble consistente en la casa habitación ubicada en el ***** el cual se encuentra embargado dentro del citado procedimiento. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados admitieron la certeza del acto reclamado, indicaron que en el juicio aludido se dictó sentencia condenatoria contra el demandado, aquí quejoso, la cual fue confirmada previa agotamiento del recurso de apelación y el amparo directo; que fue aprobada la planilla de liquidación respectiva el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la cual quedó firme después de haberse agotado los recursos contra la misma. También, dijeron que el once de junio de dos mil dieciocho se dio inicio al procedimiento de remate del bien inmueble embargado en dichos autos, consistente en ****** en el cual las partes designaron sus peritos y previa exhibición de los dictámenes periciales en auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se convocó a la venta judicial en primera almoneda, posteriormente, en proveído de once de diciembre del propio año, se determinó adjudicar a favor de la parte actora el referido inmueble, auto que dijeron fue recurrido por el demandado y confirmado en apelación. Asimismo, precisaron que en el acuerdo de trece de julio del presente año se requirió al demandado, aquí quejoso, para que entregue la posesión física, material y jurídica del inmueble embargado, el cual fue adjudicado a favor de la parte actora, siendo esa la última actuación en el controvertido de origen; actuación que se observa constituye el acto reclamado en este juicio. Además, acompañaron copia del referido auto de trece de julio del año actual del que se advierte que en efecto, se ordenó requerir a la parte vencida ****** para que entregue la posesión material y jurídica del inmueble adjudicado a favor de ******, para lo cual se señalaron las diez horas del cinco de agosto del mismo año, para la diligencia referida, instruyéndose al actuario adscrito a notificar al demandado que deberá desocupar el inmueble para en la propia data entregarlo a la parte actora, apercibido que de no acatar dicha instrucción, previa promoción de parte legítima, se procederá a solicitar el auxilio de la fuerza pública. Adicionalmente, de las actuaciones que obran en los tomos de prueba, se advierte que el quejoso como parte demanda, intervino dentro del procedimiento en defensa de sus derechos, por lo cual es evidente que se le otorgó garantía de audiencia y no se trata de un tercero extraño a juicio. CONCLUSIÓN De lo antes expuesto, concluye que si bien el acto que reclama el quejoso, consistente en el auto por el que se le requiere la entrega de la posesión material y jurídica del inmueble adjudicado en el expediente ******* del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a favor de la parte actora, constituye un acto en ejecución de la sentencia, lo cierto es que no se trata del último dictado en dicha etapa ni en la etapa de remate, para la procedencia del juicio de amparo acorde con lo indicado en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en el acuerdo que controvierte el quejoso únicamente se está requiriendo la entrega del bien adjudicado, pero no determina propiamente el lanzamiento o desalojo en su perjuicio, sino que lo apercibe en el sentido que, de no acatar la orden de entrega del bien, previa promoción de parte, podría solicitarse el auxilio de la fuerza pública. En todo caso, la orden de lanzamiento o desalojo que se llegare a librar en el controvertido de origen, en este momento constituye un acto futuro, pues no está contenido expresamente en el acuerdo que se reclama, ya que su existencia depende de la actividad previa de la parte quejosa, esto es, su actualización dependerá de la conducta que asuma el quejoso en atención al requerimiento que le fue realizado. Por lo tanto, si el acto reclamado por la parte quejosa no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de la sentencia ni en el procedimiento de remate y tampoco es ajeno a dicha etapa, no se satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo. En consecuencia, con base en las argumentaciones expuestas en párrafos que anteceden, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción IV y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA ESTE JUICIO. por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite. En el entendido que para la obtención de la copia autorizada, debe programarse una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

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