Francisco Cristóbal Cartas

Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
738/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Francisco Cristóbal Cartas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 135/2020, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Francisco Cristóbal Cartas, en contra del auto de dos de octubre de dos mil veinte. Acúsese recibo. Por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su punto resolutivo determinó: ÚNICO: "SE DECLARA SIN MATERIA el recurso de queja interpuesto por FRANCISCO CRISTOBAL CARTAS, contra el acuerdo de dos de octubre de dos mil veinte, que difirió la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo indirecto 738/2020-6, del índice del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en esta ciudad. Ahora bien, en virtud de que en proveído de dos de marzo del año en curso, causó ejecutoria y se ordenó reservar el archivo del presente expediente hasta en tanto el Tribunal de Alzada remitiera el testimonio de la queja 135/2020, y en virtud de lo acordado previamente, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Francisco Cristóbal Cartas; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, tomando en consideración que aún no ha sido resuelta la queja 135/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, interpuesta por Francisco Cristóbal Cartas en el presente asunto; resérvese proveer lo conducente respecto al archivo del expediente y de los cuadernos incidentales, hasta en tanto el Tribunal de Alzada remita el testimonio de la citada queja. Comuníquese al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, la presente determinación, a fin de que provea lo conducente en la queja 135/2020, de su índice. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 6 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 738/2020-6, promovido por Francisco Cristóbal Cartas, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el veintisiete de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Francisco Cristóbal Cartas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 8 Y 17 CONSTITUCIONAL POR SER OMISA EN PONER LOS AUTOS PARA QUE LAS PARTES OFREZCAN SUS ALEGATOS, PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE 194/2018. 2 LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL POR LA OMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR MEDIDAS FUNCIONALES QUE PERMITAN LA REANUDACIÓN PROGRESIVA DE LAS ACTIVIDADES, TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES, EN LAS DISTINTAS VÍAS POSIBLE QUE PERMITA LA TECNOLOGÍA Y DE MANERA FÍSICA SIN EL CONTACTO CON LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 3 LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE REZA, QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA, EN LOS PLAZOS DE LEY Y DICTARAN SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL, QUE VULNERAN LAS RESPONSABLES POR NO CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL AL NEGAR IMPARTIR JUSTICIA. 4 LA VIOLACIÓN A MIS DERECHOS HUMANOS GARANTIZADOS EN EL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NEGAR LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS, COMO LO ES EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 5 LA VIOLACIÓN A MIS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN VIRTUD DE QUE SE PRIVA EL SER OÍDA POR UN TRIBUNAL COMPETENTE MEDIANTE UN RECURSO SENCILLO Y RÁPIDO, A SER ESCUCHADA U OÍDA CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE POR UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, LO QUE OCURRE CUANDO LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, OMITE DAR CONTINUIDAD AL EXPEDIENTE 194/2018, GARANTÍA QUE SE CONSAGRA EN EL ARTÍCULO 8.1 DEL MISMO TRATADO INTERNACIONAL. 6 SE RECLAMA A LA RESPONSABLE EL USO ABUSIVO, DESPROPORCIONADO E INCONGRUENTE DEL PRETEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19, PARA DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN NO SOLO AL SUSCRITO, SINO A TODO EL PUEBLO TABASQUEÑO AL MANTENER DESDE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CERRADO ESTE TRIBUNAL ENCARGADO DE IMPARTIR JUSTICIA EN EL ESTADO, ANTE LA FICCIÓN DE UN SUPUESTO TRABAJO A PUERTA CERRADA, PERO OMITIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CON LAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR PROMOCIONES Y EN SU CASO RECIBIR NOTIFICACIONES, LO QUE ES DESPROPORCIONADO PUES HAN PASADO CINCO MESES SIN QUE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EMITA LINEAMIENTOS EN DONDE EMPLEE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O BUZÓN JUDICIAL PARA LA RECEPCIÓN DE DEMANDAS Y PROMOCIONES. 7 LA VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA POR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR MEDIDAS FUNCIONALES QUE PERMITAN LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN LAS DISTINTAS VÍAS POSIBLES QUE PERMITA LA TECNOLOGÍA Y DE MANERA FÍSICA SIN EL CONTACTO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN ESTE TRIBUNAL. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 738/2020-6; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Por auto de quince de octubre de dos mil veinte, se tuvo al quejoso interponiendo recurso de queja, en contra del proveído de dos de octubre del mismo año, emitido en el presente asunto; medio de impugnación que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo registró bajo el número de expediente 135/2020, de su índice. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de conceder a las partes el plazo que la ley otorga para que formulen sus alegatos, dentro del expediente laboral 194/2018, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; así como darle continuidad al referido juicio laboral de origen. Sin que pase inadvertido para el suscrito los diversos actos que señaló en su escrito de demanda la parte quejosa; sin embargo, de un estudio integral de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que de lo que sustancialmente se duele el impetrante en el presente asunto, es de la omisión del tribunal responsable de conceder a las partes el plazo para que formulen sus respectivos alegatos, a fin de darle continuidad al expediente laboral de origen. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en la omisión de conceder a las partes el plazo de ley para que formulen sus respectivos alegatos, dándole continuidad al expediente laboral de origen 194/2018; sin embargo, dichas negativas se desvirtúan con la documental que adjuntó al mismo, consistente en copia certificada del proveído de once de diciembre de dos mil veinte, dictado en el citado juicio laboral de su índice, mismo que obra en autos, a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable al encontrarse corroborados con la documental precitada. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de la constancia remitida por el tribunal responsable, al rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del proveído dictado el once de diciembre de dos mil veinte, en el juicio laboral 194/2018, se desprende que dicha autoridad responsable acordó conceder a las partes en el citado expediente laboral de origen, el término de dos días hábiles, para que formulen sus respectivos alegatos, dándole así continuidad al citado expediente laboral. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veintisiete de agosto de dos mil veinte, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable, pues no había proveído respecto de otorgar a las partes el plazo de ley para que formularan sus respectivos alegatos, a fin de darle continuidad al expediente laboral de origen; sin embargo, a la presente data en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos de los actos reclamados han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido para el suscrito que mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, el quejoso haya interpuesto recurso de queja, en contra del diverso auto de dos de octubre del mismo año, en el cual se difirió la audiencia constitucional del presente juicio, en virtud que las labores del tribunal responsable se encontraban suspendidas, por lo que dicha autoridad no se encontraba en aptitud de rendir su informe justificado. Situación que causó agravios al impetrante del amparo, motivo por el cual promovió el citado recurso de queja, ya que dicho auto le afectaba, pues adujo que no se le daba la celeridad debida a fin de que se resolviera el presente asunto; es por ello, que aun estando pendiente de resolver dicho medio de impugnación, esa determinación no afecta en el sentido del presente fallo, dado que como se aprecia en párrafos que anteceden, el tribunal responsable ya proveyó dentro del expediente de origen lo relativo a otorgar a las partes el plazo de ley para que formularan sus respectivos alegatos, omisión de la cual se dolía la parte quejosa en este juicio. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 65, 73 a 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Cristóbal Cartas, contra los actos reclamados y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. TERCERO. Comuníquese al Segundo Tribunal Colegiado de en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, la presente determinación, a fin de que provea lo conducente en la queja 135/2020, de su índice. Notifíquese.

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