Francisco Crisolis Osornio
Expediente 341/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/04/2019
Partes del expediente
- Francisco Crisolis Osornio
- FRANCISCO CRISOLIS OSORNIO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual el quejoso, autoriza a **, revocando a los profesionistas que nombrara en su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizado a **, en términos amplios del artículo en cita, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida a las restantes personas, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. Asimismo, se tiene por revocados a los profesionistas que nombrara en su escrito inicial de demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a tener por señalado el domicilio que refiere para oír y recibir notificaciones, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, por lo que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio dentro de la residencia de este juzgado federal. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, expídanse las copias que solicita, previa razón que por su recibo obre en autos. Notifíquese.
- Principal
MESA II CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, (fojas 16 a 18); mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio de este Juzgado no es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
MESA II. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese la razón signada por el actuario adscrito a través de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar a **************, representante legal común de los quejosos, el proveído de veinte de marzo del año en curso, por los motivos expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 563, publicada en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario.". En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de veinte de marzo del presente año y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2008, Novena Época, Materia Común, con número de registro 169843, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese; y por lista a los autorizados de la parte quejosa el presente auto y el diverso de veinte de marzo de dos mil diecinueve. ACUERDO DE VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 341/2019-II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: El proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve emitido por el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual desechó el recurso de queja 41/2019, interpuesto en contra de la determinación que desechó la demanda de amparo indirecto 53/2019 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México. Hecha tal precisión, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario citar el contenido del referido artículo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;" Cabe precisar que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los encargados de tutelar los derechos humanos y prerrogativas constitucionales mediante el juicio de amparo. Por lo que, cuando en una demanda de amparo indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, dicha demanda resulta improcedente. Ello es así, ya que dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. En ese sentido, la fracción VI, del citado precepto legal 61, establece de manera clara que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Por lo que si en el caso en estudio, se reclama el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve emitido por el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual desechó el recurso de queja 41/2019, interpuesto en contra de la determinación que desechó la demanda de amparo indirecto 53/2019 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, lo que implica un acto emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Además, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la tesis IX.1o.29 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 544, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 194669, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio particular para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. REPRESENTANTE COMÚN. Como lo establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a **************. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************** y en términos restringidos a las personas restantes que señala en su escrito de demanda hasta en tanto cuenten con el debido registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su representante común.
- Principal
MESA II UNA NOTIFICACION PERSONAL QUEJOSO
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