Francisco Corona Chávez
Expediente 563/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/09/2016
Partes del expediente
- Francisco Corona Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, México, acusa recibo del oficio 16912, por el que se le comunicó el contenido del acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso y se devolvieron los anexos correspondientes. Atento a ello, se tiene conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual sobreseyó el juicio de amparo promovido por Francisco Corona Chávez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno; glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, únicamente deberá ser glosado el original del mismo. Finalmente, mediante oficio que al efecto se envíe, se ordena la devolución de las constancias adjuntas al informe justificado de la autoridad responsable Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, consistentes en copias certificadas de la carpeta administrativa 176/2015, y nueve videograbaciones de las diligencias que obran en la misma. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 563/2016, promovido por Francisco Corona Chávez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otras autoridades; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México Francisco Corona Chávez, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. SEÑALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: "A LA JUEZA DE CONTROL Y DE JUICIOS ORALES DEL DISTRITO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA: Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Al Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. SEGUNDO. El quejoso señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso, ante la razón de imposibilidad de entregar el oficio dirigido a la autoridad que el quejoso señaló como Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se dejó de tener como responsable, para los efectos del presente juicio de amparo. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tendría ejecución dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el quejoso reclama: La orden de reaprehensión emitida en la carpeta administrativa 176/2015, instruida contra el aquí quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, la Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México (fojas 35 y 36), al rendir su respectivo informe justificado, negó el acto consistente en la omisión de la orden de reaprehensión y su ejecución. Lo anterior, se robustece con la copia certificada enviada por la juez del conocimiento, de la carpeta administrativa 176/2015, en apoyo al informe justificado de la citad responsable, se advierte que en proveído de treinta de mayo del año en curso, el imputado aquí quejoso no justificó su inasistencia a la audiencia de control de detención señalado para el veinte del citado mes y año, por lo que dio vista al Ministerio Público encargado de la referida carpeta, a fin de que solicitara lo que a su derecho conviniera, ordenando turnar los autos a la notificadora de su adscripción para que realizara la notificación del citado proveído (foja 291 del anexo de pruebas). En consecuencia, como se puede apreciar tanto de las manifestaciones de la autoridad responsable ordenadora, como de las constancias que anexó a su respectivo informe con justificación, se colige que no existe el acto aquí reclamado en esta vía constitucional, en los términos planteados por el quejoso, pues a la fecha de la presentación de la demanda (veinticinco de abril dos mil dieciséis), no existía la orden de reaprehensión reclamada; por tanto, se impone decretar el sobreseimiento del presente juicio, ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la orden de reaprehensión emitida en su contra en la carpeta administrativa antes aludida y su ejecución. Es aplicable en la especie, la tesis XX.54 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANÁLISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional." Por otra parte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Comisario General de la Policía Ministerial al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; sin embargo, la autoridad ordenadora negó el acto que le atribuye el ahora quejoso, por ende, debe hacerse extensivo respecto de la autoridad ejecutora; por lo que se tiene por inexistente el acto reclamado a la citada autoridad responsable. En tal virtud, al no quedar comprobada la existencia del acto reclamado, se atribuye a la parte quejosa desvirtuar esa manifestación; luego, al no haberse ofrecido medio de convicción alguno que acredite la existencia de las omisiones controvertidas, se impone decretar el sobreseimiento del asunto en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la tesis IV.3o. 72K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Por lo expuesto, fundado y motivado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 563/2016, promovido por Francisco Corona Chávez, por propio derecho, contra las autoridades responsables y por los actos que precisados quedaron en el resultando primero, en términos del considerando último de esta sentencia.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; en consecuencia, es evidente que al día de la fecha no media el plazo de ocho días que contempla la Ley de Amparo, a fin de que se impongan de su contenido. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de garantías o causar un menoscabo en los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del doce de julio de dos mil dieciséis.
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