Francisco Cordova Lira

Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
387/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Francisco Cordova Lira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; pues si bien no obran en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les comunicó el citado proveído a las autoridades responsables que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no les causa perjuicio alguno, si no únicamente al directo quejoso, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de garantías, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que sobreseyó en el juicio de amparo, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado numeral del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Por otra parte, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo antes citado; por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte final del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, glósese copia autorizada del presente auto en los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Córdova Lira, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables que señaló en su demanda de amparo, consistentes en la orden para impedir la posesión, el uso y disfrute del predio de su propiedad marcado con el número cuarenta y cuatro letra "B" de la calle diez por calle tres y calle cinco, de la localidad de Pisté, Municipio de Tinum, Yucatán, así como la orden para realizar excavaciones, desmonte y construcción en el mencionado predio y su ejecución; en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se advierte que mediante proveído dictado el dieciocho de mayo del año en curso, se desechó la prueba pericial en materia de topografía que ofreció en estos autos, por lo que se encuentra transcurriendo el término que prevé el artículo 98 de la Ley de amparo, para impugnar el citado auto; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el ocurso de Robert Fernando Aké Góngora, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso Francisco Córdova Lira, con el cual cumple con la prevención realizada en auto de once de mayo de dos mil veintiuno y señala el objeto que pretende acreditar con la prueba pericial en topografía que ofreció en este juicio de amparo, siendo lo siguiente: "1.- Demostrar que la superficie del predio marcado con el número CUARENTA Y CUATRO letra "B", de la calle DIEZ, por calle tres y cinco de la localidad de PISTÉ, Municipio de Tinum, Yucatán, no invade terrenos propiedad del Municipio de Tinum, Estado de Yucatán. 2.- Demostrar que la superficie del predio marcado con el número CUARENTA Y CUATRO letra "B", de la calle DIEZ, por calle tres y cinco de la localidad de PISTÉ, Municipio de Tinum, Yucatán, no invade la vía pública. 3.- Demostrar cuáles son las propiedades y/o solares que colindan con el predio marcado con el número CUARENTA Y CUATRO letra "B", de la calle DIEZ, por calle tres y cinco de la localidad de PISTÉ, Municipio de Tinum, Yucatán. 4.- Demostrar la ubicación exacta del predio marcado con el número CUARENTA Y CUATRO letra "B", de la calle DIEZ, por calle tres y cinco de la localidad de PISTÉ, Municipio de Tinum, Yucatán". Al respecto, debe decirse que la misma debe desecharse, lo anterior es así, toda vez que en el presente caso, los actos reclamados consisten en la orden para impedir el acceso, posesión, uso y disfrute del predio cuarenta y cuatro letra "B", de la calle diez, por calle tres y cinco de la localidad de Pisté, Municipio de Tinum, Yucatán, así como la orden para realizar una construcción, excavaciones y desmonte y la de derribar árboles en dicho inmueble. Antes de justificar lo anterior, resulta pertinente destacar que el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, disponen que son admisibles toda clase de pruebas con excepción de la confesional por posiciones y que atenten contra la moral y el derecho. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. En efecto, la pertinencia impone al juzgador verificar, previo a calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto; en tanto la idoneidad, regido, a su vez, por los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, consistente en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. Además, que dichos medios de convicción sean conducentes, entendida como la utilidad y fin práctico que deben tener dentro del proceso, ya sea para demostrar la ilegalidad del acto, o bien, para acreditar la existencia del mismo, porque de lo contrario, admitir cualquier tipo de prueba, no solo atentaría con el principio de expedites y economía procesal, sino el retardo en la impartición de justicia, lo cual, constituye base fundamental en el desarrollo de toda actividad jurisdiccional. Lo anterior, implica recabar sólo los medios de convicción que cumplan con esas exigencias, para evitar una mayor dilación en el trámite del juicio, en perjuicio de las partes y de la pronta y expedita impartición de justicia. Tiene sustento lo anterior la tesis P./J. 41/2001 sustentada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XIII, Abril de 2001, Página: 157, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. En el caso, el acto reclamado lo constituye esencialmente, la orden para impedir el acceso, posesión, uso y disfrute del predio cuarenta y cuatro letra "B", de la calle diez, por calle tres y cinco de la localidad de Pisté, Municipio de Tinum, Yucatán, así como la orden para realizar una construcción, excavaciones y desmonte y la de derribar árboles en dicho inmueble. La prueba objeto de controversia consiste en la pericial en materia de topografía, la cual fue ofrecida para efecto de acreditar la ubicación, linderos del bien inmueble cuarenta y cuatro letra "B", de la calle diez, por calle tres y cinco de la localidad de Pisté, Municipio de Tinum, Yucatán, así como que no invade terrenos propiedad del municipio de Tinúm, Yucatán, ni la vía pública. De acuerdo con lo anterior, esta Juzgadora Federal, estima que dicho medio de convicción no se ajusta al principio de idoneidad de la prueba, toda vez que la ubicación, colindancias del aludido inmueble que defiende la parte quejosa, así como la probable invasión de terrenos del municipio de Tinúm, Yucatán, son aspectos que no fueron cuestionados. En efecto, en la especie no es materia de la litis la identificación y determinación de la superficie del inmueble, que serían objeto de la prueba pericial en materia de topografía, pues el acto reclamado, es la orden de desposeimiento, acceso, construcción y desmonte del predio cuarenta y cuatro letra "B", de la calle diez, por calle tres y cinco de la localidad de Pisté, Municipio de Tinum, Yucatán; sin que se encuentre en discusión lo relativo a la ubicación o precisión del inmueble, pues el tema jurídico materia de la litis, se refiere a la orden de desposeimiento, acceso, construcción y desmonte en el aludido predio. De modo que, en el caso, los actos reclamados no se lograrían demostrar mediante la pericial en topografía (técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o el relieve de un terreno); toda vez que la lesión a sus derechos subjetivos, respecto a dicho acto reclamado, es un tema jurídico acreditable, generalmente, mediante pruebas documentales que sustenten ese derecho; sin que la parte quejosa hubiera alegado alguna controversia en cuanto a la identificación del inmueble. Apoya lo anterior, por el criterio que informa, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 3035, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012777 cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBAS OFRECIDAS EN EL AMPARO INDIRECTO. AL PROVEERSE SOBRE SU ADMISIÓN, DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA APERTURA Y DE ECONOMÍA PROCESAL. En el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos mencionados, es admisible toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y de las contrarias a la moral y al derecho, lo cual pone de manifiesto la rectoría que en ese procedimiento tiene el principio de máxima apertura, en cuanto a los medios que pueden ofrecerse para acreditar las cuestiones y los hechos fundatorios de las pretensiones de las partes, que debe considerarse limitado por el diverso principio de economía procesal, con arreglo al cual, ha de estimarse proscrito el desahogo de diligencias innecesarias o inconducentes, como lo serían las que no guarden relación con los hechos o cuestiones que sean materia de la controversia o que sean inadecuadas por su naturaleza o características para corroborar los enunciados relativos. Por ende, lo procedente es desechar la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte quejosa.

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