Francisco Chirinos Vázquez

Expediente 586/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
586/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Francisco Chirinos Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad, a que se refieren los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinte de agosto del año en curso, por el que se tuvo por cumplido el fallo protector; por ende, se declara que dicho acuerdo ha causado estado.Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 196 de la invocada ley, en su oportunidad envíese el presente juicio de amparo al archivo...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Anel Hernández Mejía, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el juez la declara abierta sin la asistencia de las partes ni persona que las represente. Lo anterior no obstante de que a la fecha se encuentre transcurriendo el término de la vista del informe justificado que rindió el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, y que a la fecha no se hubiese ordenado el emplazamiento de quien la parte quejosa señaló como tercero interesado, dado que al consistir el acto reclamado en la omisión de impartir justicia pronta y expedita, ninguna afectación se le causa con el dictado de la sentencia y a nada practicó conduciría su diferimiento, contraviniendo el principio de inmediatez. Abierta dicha audiencia, la secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo, informe justificado de la autoridad responsable, constancias de notificación a las partes y demás documentales que obran en el sumario. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. PERIODO PROBATORIO A continuación, se abre el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, la secretaria da cuenta con la documental que anexo a su informe justificado la autoridad responsable, derivada del juicio laboral 1173/2010. El juez acuerda: En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza la prueba de mérito, que será tomada en consideración al momento de resolver este asunto; por lo que se cierra el periodo probatorio. PERIODO DE ALEGATOS Enseguida se apertura la etapa de alegatos y la secretaria, da cuenta únicamente con el pedimento ministerial 274/2019, que hizo llegar la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita. El juez acuerda: se tiene por formulado el pedimento de la fiscal federal adscrita, mismo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno, y al no existir alegatos de las demás partes, se cierra este periodo. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho proceda. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 586/2019, promovido por Francisco Chirinos Vázquez, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, Francisco Chirinos Vázquez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguiente: "II. AUTORIDADRES RESPONSABLE.- 1.- H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 2.- AUXILIAR DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- La omisión y/o negativa de la Autoridad señalada como responsable de dictar resolución interlocutoria sobre el incidente de liquidación en el proveído de fecha doce de febrero del año dos mil diecinueve, en el juicio laboral 1173/2010, en la cual la junta acuerda toda vez que no existen pruebas pendientes por desahogar, respecto a la interlocutoria de liquidación esta Junta se reserva para mejor proveer, la cual le será notificada a las partes personalmente; incumpliendo con lo ordenado por los artículos 621, 685, párrafo primero, 686 párrafo primero, 736, 750, 761, 762, 763. 764, 765, 771, 837, 838 y 843 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, en los plazos y términos que fija la ley, siendo que tenía los elementos necesarios para resolver en sus términos dicha incidencia, con base en las constancias procesales que se integraba el juicio de origen, de ahí que debió resolver el incidente en comento en los términos establecidos en la ley, tomando en cuenta que, incluso, el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que los incidentes como el que nos ocupa, se substanciara y resolverá de plano, es decir, sin mayor trámite en la misma audiencia, máxime que se desahogaron las pruebas ofertadas. SEGUNDO. ADMISIÓN. En proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al fiscal federal de la adscripción; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO: COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito con residencia en el Estado de Guerrero es competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aspecto que se complementa con el contenido del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el Acuerdo General 3/2019, que reforma aquél, toda vez que se reclama un acto a autoridad ubicada en el territorio sobre el que este tribunal federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO: FIJACIÓN DE LA LITIS.- En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es: la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación promovido en el juicio laboral 1173/2010. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página treinta y dos, del tomo XI, abril del año dos mil, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO: CERTEZA DE ACTO RECLAMADO.- La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció el acto que se le reclama, por lo que se tiene plenamente probado, en términos de la Tesis Jurisprudencial número doscientos setenta y ocho, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación dos mil, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora, con la documental que acompañó la referida autoridad responsable con su informe justificado, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Al no advertirse oficiosamente la actualización de causales de improcedencia, que por ser de orden público deban ser analizadas preferentemente a las cuestiones de fondo, ni existir propuesta al respecto por las partes, se procede a examinar el asunto planteado a la luz del concepto de violación hecho valer en la demanda. ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tiene por reproducido el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en su demanda, pues no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que en el caso se hayan hecho valer. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 58/2010, consultable a foja 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo de dos mil diez, Tomo XXXI, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El concepto de violación formulado por la parte quejosa, resulta ser fundado, toda vez que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita, dentro de los términos que marcan las leyes. El amparista sustancialmente aduce que se transgreden en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable ha sido omisa en dictar la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación dentro del expediente laboral 1170/2010 de su índice, con lo que se ha prolongado indefinidamente el trámite del asunto, omitiendo tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En efecto, la Constitución Política reconoce el derecho del gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos dispuestos por la ley respectiva, en la parte que interesa dispone: "(...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...)." Lo que se ve reflejado en reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha desentrañado el sentido jurídico de esa garantía de acción que el constituyente tuteló en favor de los gobernados, pues se ha sostenido que la garantía plasmada en el citado precepto implica que los poderes del Estado no pueden establecer condiciones que restrinjan o impidan el acceso a los tribunales y de manera categórica determinó que cualquier disposición que tienda a impedir que se administre justicia de acuerdo con las prevenciones de la ley, importa una infracción al artículo 17 Constitucional. Luego, el texto constitucional transcrito, ratifica el deber de los tribunales de estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, así se infiere de su contenido, en el que se estableció: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones -autos o sentencias- se deben emitir dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; lo anterior significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 192/2007, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 171257, que establece: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Una vez precisado que el más Alto Tribunal de la Nación, ha definido el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en los plazos establecidos, sin que éstos, lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Cobra aplicación la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, editada en la página mil cuatrocientos cincuenta y tres, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2002351, que dice: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." Por su parte, el proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." El quejoso aduce al respecto, en puridad, que se viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, pues la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha tomado las medidas necesarias para emitir la resolución relativa al incidente de liquidación planteado en el juicio laboral 1173/2010 de su índice, no obstante estar obligada a ello. Ahora, al delimitar el contexto de nuestro estudio únicamente al principio constitucional de impartición de justicia pronta, en virtud de la naturaleza y alcance del acto reclamado, se hace menester citar los artículos 621, 685, párrafo primero, 686, párrafo primero, 761, 762, 763, 764, 765, 771, 837 y 838, todos de la Ley Federal del Trabajo, por estimar que los mismos, de una u otra forma, guardan relación con la litis constitucional. En este punto cabe precisar que el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que conforme a lo dispuesto en el transitorio Décimo Primero, los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a dicha reforma, se concluirán con esa disposición. Tomando en cuenta que la demanda que inició el juicio laboral fue en el año dos mil diez, resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo anterior al Decreto en comento, por lo que la cita de los preceptos respectivos será de la ley vigente al dos mil doce. Tales preceptos legales a la letra prevén: Artículo 621. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una de las Entidades Federativas. Les corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley. Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. De los Incidentes Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá. Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley, se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. Una vez precisado el marco normativo precedente, el que se considera suficiente para resolver el presente asunto, dada la naturaleza y alcance del acto omisivo reclamado; a continuación conviene apuntar que en materia de términos y plazos, en el juicio ordinario laboral respecto de los incidentes discurre de la siguiente manera: 1. Cuando se promuevan incidentes, éstos se tramitarán en el expediente principal del que deriven, con excepción de los casos que la propia Ley Federal del Trabajo indique (artículo 761). 2. Las cuestiones de nulidad, competencia, personalidad, acumulación y excusas se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento (artículo 762). 3. Los incidentes que se promuevan dentro de una audiencia o diligencia se resolverán de plano, oyendo a las partes y se continuará con el procedimiento laboral, salvo que se trate de los concernientes a nulidad, competencia, acumulación y excusas, casos en los que dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental respectiva en la que se resolverá lo conducente (artículo 763). 4. Cuando se trate de incidentes que no tengan señalada tramitación especial alguna en los dispositivos contenidos en la ley de la materia, se resolverán de plano oyendo a las partes, como es el caso del incidente de liquidación que nos ocupa (artículo 763). Se advierte de esta sinopsis ejemplificativa, una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando las incidencias planteadas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo, lo que aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expeditez en la tramitación y resolución de los juicios laborales. Conforme a lo anterior y apreciado el precepto constitucional 17, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación. En efecto, vista desde la formulación de un enunciado positivo -que es el formato utilizado en este caso por la Constitución-, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. Conforme a esto, basta que la omisión o el retardo de la autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivos, para actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento. Pues bien, tal y como se precisó al principio de este considerando, el quejoso se duele de que la junta no ha tomado las medidas necesarias para dar dictar la resolución respectiva en el incidente de liquidación planteado. Cabe recordar que una de las vertientes de la violación a la garantía en estudio, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; lo que acontece en el caso. De las constancias que remitió la autoridad laboral responsable juntamente con su informe de ley, a las que se le otorgó valor probatorio pleno en párrafos precedentes, destaca el acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, emitido en la videoaudiencia incidental, celebrada mediante enlace con la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, en el que la junta responsable se reservó para mejor proveer a emitir la resolución incidental respectiva (foja 45). En ese tenor, resulta claro que la junta responsable ha incurrido en retardo procesal injustificado pues desde el doce de febrero del año en curso, no ha dictado la resolución interlocutoria respecto del incidente de liquidación planteado en el juicio laboral de origen, vulnerando con ello en perjuicio de la parte quejosa sus derechos fundamentales denominada derecho a la jurisdicción, consagrada en el artículo 17 constitucional que consiste, como se ha mencionado, en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Al respecto, conviene citar la tesis L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 299 del Tomo XV, Mayo de 2002 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Así las cosas, resultan fundadas las alegaciones de la parte quejosa, pues la responsable ha violado lo ordenado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 621, 685, párrafo primero, 686, párrafo primero, 761, 762, 763, 764, 765, 771, 837 y 838, todos de la Ley Federal del Trabajo. III. DECISIÓN Corolario a lo expuesto con apoyo en el precepto 77, fracción II, de la Ley de la Materia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Francisco Chirinos Vázquez, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la firmeza de este fallo realicen lo siguiente: Resuelva el incidente de liquidación planteado en el juicio laboral 1173/2010. No es óbice a la conclusión alcanzada el contenido de la jurisprudencia 1a./J.90/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", la cual obligaría a llamar a este juicio a la contraparte de la parte quejosa; sin embargo, en la especie se considera que el hecho de que no haya sido llamada a estos autos, no le acarrea ningún perjuicio, atendiendo a que lo que se reclama es básicamente la dilación procesal observada en el juicio laboral de origen. De ahí que, si en el caso se está concediendo el amparo y la protección de la justicia federal solicitada, ello, incluso, redundará en beneficio de la propia contraparte del quejoso, en estricto cumplimiento a los principios de justicia pronta y expedita consagrados en el artículo 17 constitucional. Máxime que en el supuesto de que la contraparte considerara que a la autoridad responsable le asiste alguna imposibilidad para dar celeridad procesal al juicio, está legitimada para interponer recurso de revisión, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.81/2018 (10a.), visible a foja 1223, en el Semanario Juridicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.". Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Francisco Chirinos Vázquez, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, realice lo siguiente: Resuelva el incidente de liquidación planteado en el juicio laboral 1173/2010. Notifíquese.

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