Francisco Chavira Martínez
Expediente 415/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Francisco Chavira Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 415/2017-3, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se negó y se concedió la suspensión provisional y por otra parte se declaró sin materia la medida cautelar definitiva, respecto de los actos reclamados, conforme al párrafo segundo de la fracción III del artículo vigésimo primero del referido acuerdo, es susceptible de depuración (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente, y procédase conforme al acuerdo general señalado en este propio auto. Notifíquese. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por este juzgado de distrito, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 415/2017-3, y que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición de dicho medio de impugnación transcurrió para la parte quejosa, que es a la que en todo caso le perjudica, sin haberlo interpuesto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado estado la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 415/2017-3, promovido por Francisco Chavira Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Segundo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Tercero. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Cuarto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese. (3)
- Incidental
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Ténganse por recibidos los oficios signados por las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por sí y como representante de la misma, así como la actuaria adscrita a dicha junta, con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe previo; con fundamento en el artículo 140 de Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, vista la razón actuarial de diecinueve de diciembre del año en curso, se advierte la imposibilidad que existe para notificar personalmente al tercero interesado ********************, el contenido del proveído de quince de diciembre del año en curso (fojas 13 a 17), por los motivos ahí expuestos; por tanto, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se emplace al citado tercero interesado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. Notifíquese. (3)
- Principal
Por este medio se notifica al quejoso: Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, signados por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por sí y como representante de la misma, así como la actuaria adscrita a dicha junta, con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, las que acompaña su presidente al oficio de cuenta. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Francisco Chavira Martínez, se advierte que los actos reclamados lo hizo consistir medularmente en lo siguiente: ? En el emplazamiento que le fue practicado dentro de los autos del expediente laboral 674/7/2015, del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, así como todo lo actuado dentro de dicho procedimiento. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado subsista, pero este no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o su materia, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]" Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa violada se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Ahora, para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, anexas a su informe justificado, de las que destacan, en lo que aquí interesa, las siguientes: 1. El siete de diciembre de dos mil quince, Juan Elpidio Gallegos Zúñiga, a través de su apoderado legal ocurrió ante la responsable a fin de demandar de Organización Hotelera de Nuevo Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Motel Villarreal, Elvira Moreno Hernández, Francisco Chavira Martínez, y quien resulte responsable de la fuente de trabajo y propietario de la fuente de trabajo, indemnización constitucional entre otras prestaciones accesorias (fojas 35 a 38). 2. En proveído de diez de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda y se ordenó su registro en el libro de gobierno bajo el expediente 674/7/2015, asimismo, se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 43 y 44). 3. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el ocho de marzo de dos mil dieciséis, se dictó el laudo respectivo en el cual por un lado, se condenó a los demandados y por otro se les absolvió (fojas 84 a 91). 4. Por proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a la parte demandada el pago de la cantidad de $236,413.70 (doscientos treinta y seis mil cuatrocientos trece pesos 70/100 moneda nacional). 5. Mediante diligencia de seis de diciembre de la presente anualidad, comparecieron ante la junta responsable el trabajador Juan Elpidio Gallegos Zúñiga, así como José Ramón Delgado Guerrero, en representación de los demandados Organización Hotelera de Nuevo Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Motel Villarreal, Francisco Chavira Martínez, y quien resulte responsable de la fuente de trabajo, con la finalidad de celebrar un convenio para dar cumplimiento al laudo. 6. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, las mismas partes comparecieron ante la responsable a fin de dar cumplimiento total al convenio aludido en el punto que antecede; por lo cual la junta acordó en los siguientes términos: "[.] ACUERDO.- Téngase por comparecido al C. JUAN ELPIDIO GALLEGOS ZÚÑIGA acompañado de su apoderado jurídico el LIC. HÉCTOR ALEJANDRO TREJO BENAVIDES.- Por la parte demandada comparece el LIC. JOSÉ RAMÓN DELGADO GUERRERO a quienes se les tiene por DANDO CUMPLIMIENTO TOTAL AL CONVENIO EN CUMPLIMIENTO DE LAUDO de fecha 06 de diciembre del 2017.- Téngase al trabajador el C. JUAN ELPIDIO GALLEGOS ZÚÑIGA por recibiendo la cantidad de $100,000.00 pesos el cual lo recibe a su entera satisfacción Y EN EFECTIVO.- Téngase a la parte actora por desistiéndose de la demanda y acciones intentadas en contra de todos y cada uno de los demandados ORGANIZACIÓN HOTELERA DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V. Y/O MOTEL VILLARREAL Y/O JOSÉ FRANCICO CHAVIRA MARTÍNEZ Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO todos con domicilio en César López de Lara No. 2412 en la colonia San Rafael en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, 53 Fracción I, y 987 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba y se sanciona en todos sus términos el presente CONVENIO, y en virtud del desistimiento de la demanda y acciones intentadas por la parte actora en contra de todos y cada uno de los demandados se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE JUICIO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. [.]" Conforme lo anterior, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dado que si bien es cierto subsiste el emplazamiento que le fue practicado dentro de los autos del expediente laboral 674/7/2015, del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como todo lo actuado en dicho procedimiento incluyendo el laudo y actos de ejecución del mismo; también lo es, que estos no pueden surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir su objeto en virtud del convenio celebrado entre las partes, el seis de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que fue aprobado y sancionado por la autoridad responsable el catorce siguiente, ordenándose con ello el archivo definitivo del juicio laboral como totalmente concluido; actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio, acorde a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la legislación en comento. Apoya la consideración anterior, por las razones que la invocan, la jurisprudencia 2a./J. 19/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 318, Tomo XIX, Marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, de rubro y texto, siguientes: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD. Cuando durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él, y remite las constancias que así lo acreditan, la materia del referido laudo deja de existir y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para lo anterior que la persona que se ostentó como representante de la parte demandada para cumplir con el referido laudo no haya acreditado su personalidad ante la Junta responsable, pues el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de garantías y, por ende, las decisiones emitidas por la Junta responsable en ejecución del laudo reclamado deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario, máxime que el quejoso no queda en estado de indefensión ante el evento de que el tercero perjudicado pretendiera la ejecución de dicho laudo y se abriera a trámite el procedimiento respectivo, ya que los actos emitidos durante él son impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil dieciocho (foja 19). Sin que sea necesario realizar consideración alguna en torno a la razón actuarial de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para emplazar al tercero interesado Juan Elpidio Gallegos Zúñiga, virtud de lo expuesto con anterioridad. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso. (39
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