Francisco Chanona Ramírez

Expediente 474/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
474/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Francisco Chanona Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el cuaderno de antecedentes en que se actúa, de los que se advierte que el tres de abril del año en curso, este juzgado federal se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 474/2019, y ordenó remitir los autos a la Oficialía de Correspondencia Común, para que lo turnara al Juzgado Primero o Décimo de Distrito con sede en esta ciudad según correspondiera, en virtud de que este órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable. Asimismo, mediante oficio 10013/2019, dirigido a la causa penal 25/2014, del índice de este órgano jurisdiccional se aprecia que correspondió conocer del presente asunto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado y que se avocó al conocimiento del asunto, por lo que ordenó informar a este juzgado de la aceptación de la competencia, sin que hubiese girado el oficio correspondiente; no obstante el citado oficio se invoca en este asunto como hecho notorio, con la facultad que le otorga al suscrito el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, dicha circunstancia se hace valer de oficio, para la cual se recaba copia simple del oficio de mérito, para ser agregadas al presente cuaderno de antecedentes, y proceder a acordar lo procedente.. En consecuencia; téngase al Juzgado Primero de mérito, aceptando la competencia planteada por este juzgado federal. En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Chanona Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Distrito, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 474/2019-II, y fórmese expediente impreso y electrónico. Del análisis integral al escrito de cuenta, se advierte que el quejoso promueve demanda de amparo, contra actos de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad de Chilpancingo, y otra autoridad responsable de quien reclama la orden de aprehensión y su cumplimiento. De lo anterior se sigue que todos los Jueces de Distrito que ejercen jurisdicción en este ámbito territorial, tendrán el carácter de autoridades responsables, durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5 fracción II, de la ley de la materia, puesto que con independencia de que hayan emitido o no la orden de aprehensión -que constituye el acto reclamado- tendrán durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En efecto, el sistema para establecer la competencia en este supuesto, se encuentra previsto en los artículos 33, fracción IV, 37 y 38, de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I, (.), II. (.), III. (.) IV. Los juzgados de distrito; y V. (...). "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. ..." Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe de atender a los siguientes factores: 1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a llevar a cabo, el acto reclamado. 2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. 3. El territorio en el que éste ejerce su jurisdicción. 4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. Así, cuando se señalen como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un ámbito territorial, debe atenderse a los anteriores criterios para efecto de fijar la competencia. Por ende, no puede operar la regla general que para fijar la competencia establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que este juzgado ha sido señalada como autoridad responsable, por lo que sería jurídicamente incorrecto que el órgano jurisdiccional conociera y resolviera un juicio de amparo a quien la parte le atribuye el carácter de autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado trate de ejecutarse o podría ejecutarse; en tales condiciones, ya ha pasado a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, atendiendo al principio de derecho que no se puede ser Juez y parte a la vez en un proceso judicial. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, deben apreciarse al momento de la presentación de la demanda, momento procesal en que no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables, y sólo debe atenderse a los factores de especialización y cercanía. Asimismo, en la hipótesis en estudio, debe atenderse a la regla de excepción que contempla el artículo 38, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Por los motivos expuestos, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, que promovió Francisco Chanona Ramírez, por su propio derecho, contra actos de la suscrita y de otra autoridad. Tiene aplicación la tesis 1ª.J. 88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XXV, febrero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO.- Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato". En consecuencia, remítase la demanda y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta Ciudad, para que por su conducto la turne al Juzgado Primero o Décimo de Distrito con sede en esta ciudad, según corresponda, por ser las autoridades competentes para conocer de este asunto. Por lo tanto, con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, toda vez que el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión, no ha lugar a proveer sobre la suspensión provisional solicitada, en razón de que el artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por lo que al no reclamarse actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no es procedente de momento, proveer respecto a la suspensión solicitada por la parte quejosa. Es aplicable por su idea substancial, la jurisprudencia número I. 3o A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos cincuenta y uno, tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Mendoza Ventura, Luis Rafael Mendoza Castro, Feliciano Martínez Suastegui y José Manuel Nieves Sánchez, por contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federales el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de ellos a la diversa persona que indica por no contar con el requisito anterior. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

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