Francisco Ceras Romero
Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Ceras Romero
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual informa que se desechó por improcedente la recusación en el impedimento IMP. 8/2022, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo de las constancias que se le remitieron en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de octubre del año en curso. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables
- Principal
*AVISO.- SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "México, Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio del índice de este órgano jurisdiccional, al que se acompaña el oficio 21222 -que contiene el proveído de veintinueve de septiembre del año en curso-, expediente 1025/2022 y seis copias de traslado; en consecuencia, acúsese recibo al ************, y con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de mérito, la que se procede a acordar en los siguientes términos: PERSONALIDAD La demanda se promueve por *************, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez, Secretario de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Sin que haya lugar a tener como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en virtud de que tiene funciones de fedatario, sin imperio, ni facultad decisoria, por lo que no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia número 1006, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 692, cuyo rubro es: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 1030/2022-V, y con número de NEUN 31004080. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso, reclama en esencia los ***************. Resulta preciso citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterito de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de libertad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1. Que ***************. 2. Transcurridas las etapas procesales, el diez de marzo de dos mil veintidós, *************. 3. Posteriormente, *********** 4. Con fecha **************. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de garantías se advierte que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea y por tanto, en la especie *****************, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que: a) ***************; b) Haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución; o, c) **************. Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. Se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Lo cual se ilustra en la siguiente tabla: ****************** Esto es así, pues el quejoso comparece a la presente instancia constitucional, reclamando los proveídos ***************, *************. Lo anteriormente, conduce a determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado por el quejoso, lo que hace prueba plena en su contra de los hechos plasmados en su demanda. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 214,035, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, diciembre de 1993, página 857, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Asimismo, se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica, la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, **************." Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, el amparo indirecto debe promoverse ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o haya de ejecutarse; por su parte, el artículo 107 de la Ley de amparo, establece que el Amparo indirecto se pedirá ante el Juez de distrito. En el caso a estudio, se está en presencia de una demanda de amparo indirecto, en la que el quejoso estimó al dirigirla al "C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO", así como al haberla presentado con los requisitos establecido en la Ley de Amparo relativos al juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia VI.2o.C. J/289, registro 171796, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1282, tomo XXVI, agosto 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." En este sentido es de precisar que en el presente asunto se reclama ¨**********; luego, si la demanda de garantías se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, según se advierte del sello fechador de dicha oficina; entonces, es indiscutible que la presentación de ****************, pues dicho término transcurrió del ocho al veintiocho de junio del presente año. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, a sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, *************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del impetrante el que indica. Se tienen por autorizados en términos del penúltimo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a la profesionista y personas que refiere, en virtud de que la primera no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, al igual que a las diversas personas que refiere. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita".
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