Francisco Celis Gonzalez

Expediente 1581/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1581/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
08/12/2016

Partes del expediente

  • Francisco Celis Gonzalez
  • Francisco Celis Gonzalez y Otros.
  • Juez De Control Del Distrito Judicial De Toluca Estado De México
  • Victor Manuel Vite Rangel y Otros.
  • Victor Manuel Vite Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III) y el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que los quejosos Francisco Javier Celis González y Víctor Manuel Vite Rangel, a quien se considera podría perjudicarles la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    I) R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Francisco Javier Celis González y Víctor Manuel Vite Rangel, por conducto de Amanda Esparza Huitrón, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se mencionan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO,. EJECUTORA: EN SU DOBLE ASPECTO DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS: C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. C. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A LA CENTRAL TRES QUE INTEGRAN EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO,. DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DEL COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO,...." "ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR EL POSIBLE DELITO DE ROBOCON VIOLENCIA DEL SUSCRITO QUEJOSO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES COMO ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, RETENCIÓN, ARRESTO, PRESENTACIÓN O CUALQUIER OTRA ANÁLOGA QUE PRETENDA PRIVAR DE LA LIBERTAD AL QUEJOSO, POR EL HECHO DELICTUOSO DE LESIONES Y/O PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. El accionante constitucional señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida que fue la demanda de amparo en este órgano de control constitucional, por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se registró bajo el número de expediente 1581/2016-I se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la representación social de la adscripción. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos que se reclaman son emitidos por autoridades del orden administrativo, que se tratan de ejecutar dentro del territorio donde este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: Las ordenes de aprehensión emitidas contra los quejosos por los posibles delitos de lesiones y/o portación de arma prohibida. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, México (M.EB D.P.P. ANGÉLICA MONROY ROMERO y LIC. EN D. ARTURO EDUARDO GUADARRAMA GONZÁLEZ), y el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Toluca, México, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto que se les atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copias certificadas de las carpetas administrativas 1061/2016 y 1062/2016; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público adscritos al Segundo y Tercer Turnos de la Agencia Central Toluca, México, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Procurador General de Justicia del Estado de México, y el Director General de Investigación al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada en virtud de que las autoridades ordenadoras aceptaron el acto que se les atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En ese orden, los quejosos mediante escrito presentado el diecisiete de octubre del año en curso, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las posibles ordenes de aprehensión emitidas en su contra por los delitos de lesiones y/o portación de arma prohibida; sin embargo, de las constancias remitidas por los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el veintitrés de octubre pasado en los autos de la carpeta administrativa 1061/2016, se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los ahora quejosos, respecto al hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, por lo que se ordenó su inmediata libertad en el lugar donde se encontraban recluidos; de igual forma, de las constancias que integran la diversa carpeta administrativa 1062/2016, se evidencia que en audiencia pública de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se dictó resolución en la cual no se calificó de legal la detención de los quejosos Francisco Javier Celis González y Víctor Manuel Vite Rangel, respecto del delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, por las consideraciones y motivos expuestas por el Juez de Control en dicha resolución; por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de las resoluciones emitidas en el juicio de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad al diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Finalmente, no es óbice para el dictado de la presente resolución que los posibles terceros interesados no hayan sido emplazados, puesto que, el sentido de la misma, no les genera perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis publicada en la página 575, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211430, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción IV, 73, 74, 75, 77, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Francisco Javier Celis González y Víctor Manuel Vite Rangel contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero por los motivos asentados en el último considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil dieciséis.Ténganse por recibidos y con fundamento con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, los oficios de cuenta signados por los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cuales remiten copia certificada de las carpetas administrativas 1061/2016 y 1062/2016, por lo que, téngase por cumplido el requerimiento formulado a los jueces oficiantes y déjese sin efectos el apercibimiento con los cuales fueron conminados inserto en el proveído de veintisiete de octubre pasado.En otro orden, no pasa inadvertido para este Juzgador que mediante proveído de dieciocho de octubre anterior, se tuvo como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de la demanda; sin embargo, en diverso auto de veinte de octubre del año en curso, a solicitud de la autorizada Amanda Esparza Huitrón, se ordenó practicar las notificaciones derivadas del presente juicio, aún las de carácter personal en el lugar de reclusión de los quejosos, es decir, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, empero, el veintisiete de octubre pasado, el actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, manifestó su imposibilidad de notificar a los quejosos Francisco Javier Celis González y Víctor Manuel Vite Rangel, toda vez que éstos egresaron de dicho centro de reclusión, el veintitrés de octubre de dos mil dieciséisAtento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense a los quejosos la notificación de la presente determinación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito; asimismo, realícense la notificación de los proveídos de veinte, veintiuno y veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en los términos precisados anteriormente. Notifíquese; a los quejosos en términos del presente proveído. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

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