Francisco Catalán Betancour
Expediente 1104/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Catalán Betancour
- Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Totolapan, Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Catalán Betancurt, Guadalupe Gloria Castillo y Leticia Lima Bautista, contra actos del Gobernador del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento de la demanda: Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente.... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El texto del precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a las autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal o cuando el acto carece de fundamentación. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso señala como autoridades responsables al Gobernador, Secretario de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos y Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. Y esencialmente como acto reclamado: ".La ilegal e infundada orden para la realización de las obras de remoción de tierras, zanjado, terraceo, destrucción y construcción para obras de un mercando municipal sobre zonas con vestigios históricos ubicados entre las calles al Norte: Calle Miguel Hidalgo, al sur: Plaza la Constitución S/N, al este: Calle Emiliano Zapata y al Oeste: calle de la Conquista, Colonia Centro, Totolapan, Morelos, los cuales son una extensión del Ex convento de San Guillermo Abad, mismo que forman parte de nuestra identidad y cultura." En la especie, el acto que los peticionarios de amparo reclaman de las autoridades responsables, admite en todo caso, un medio de defensa a virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, y el cual debió agotarse en forma previa a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Así es, el promovente se encuentran en aptitud de comparecer ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y agotar el juicio de nulidad, por tratarse el acto reclamado, de un acto suscitado entre un particular y autoridades estatales y municipales. Por lo cual el acto esencialmente reclamado proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la ley de la materia. En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "Articulo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y resoluciones, de carácter administrativo o fiscal, emanados de dependencias del poder ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, que afecten sus derechos e intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y por esta ley. También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por los organismos descentralizados estatales o municipales. "Los servidores públicos al propio tiempo que deben realizar sus funciones bajo el orden jurídico establecido, sujetaran sus actos y resoluciones a lo ordenado por la norma especifica, procurando observar estrictamente, desde el ejercicio de la competencia atribuida, la aplicación congruente de los preceptos sustantivos, hasta el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento." "Articulo 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y esta ley, para revisar la legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública estatal y de los ayuntamientos de la entidad, para lo cual estará dotado de plena jurisdicción y del imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones." "Articulo 3. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es parte del Poder Judicial del Estado, es un órgano de control de la legalidad, con potestad de anulación y dotado de plena autonomía para dictar sus fallos." Por su parte, el numeral 36, fracción I, de la ley citada, dispone que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer: "Artículo 36.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer: I.- De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal, o Municipal, en perjuicio de los particulares; II.- De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter fiscal, producido por un organismo descentralizado, Estatal o Municipal, en agravio de los particulares; III.- De los juicios que se promuevan contra la falta de contestación de las autoridades mencionadas en las dos fracciones anteriores, dentro de un término de 15 días a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las Leyes y Reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto que lo requiera; En materia fiscal, las instancias o peticiones que se formulen deberán ser resueltas en el término que fije la Ley, a falta de éste, en el de noventa días. Salvo disposición expresa en contrario, en los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el silencio de las autoridades se considerará como resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda. Una vez que opere la afirmativa o negativa fictas, el interesado deberá interponer su demanda en un plazo no mayor de ciento veinte días naturales contados a partir del día en que se produzcan tales consecuencias jurídicas. IV.- De las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten; V.- Del recurso de reclamación, conforme a lo dispuesto por esta Ley; VI.- De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a un particular y que perjudiquen a la Hacienda Pública del Estado; de los municipios, o a los organismos descentralizados con atribuciones fiscales; igual acción procederá en contra de la afirmativa ficta; y VII.- De los asuntos cuya resolución este reservada al tribunal conforme a otras Leyes." De la anterior trascripción, se evidencia con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama los quejosos, proveniente de autoridades estatales y municipales del Estado de Morelos, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1º, 2º y 3º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes citados, el cual puede revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y consecuentemente el ahora peticionario de derechos fundamentales podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. En esa tesitura y no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 112, en relación con el diverso dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR Francisco Catalán Betancurt, Guadalupe Gloria Castillo y Leticia Lima Bautista. Domicilio procesal y autorizados: Se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizados a las personas que cita para los efectos que precisa y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las profesionistas que propone. Días y horas inhábiles: Desde este momento, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que todas las notificaciones personales que se ordenen en los presentes autos, se realicen en días y horas inhábiles. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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