Francisco Castro De la Cruz

Expediente 850/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
850/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Francisco Castro De la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de diciembre de dos mil veinte. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos del expediente en que se actúa y el testimonio certificado de la ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el amparo en revisión administrativa 52/2020. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal de alzada resolvió en los siguientes términos: "[.] PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al derecho de petición del gobernado, en términos del considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, en su carácter de albacea a bienes de ***, contra el acto precisado en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese; [.]". Realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estado que guarda el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación de que se trata, así como la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra integrado por reproducciones fotostáticas simples; consecuentemente, para evitar la acumulación innecesaria de documentos, glósese únicamente las actuaciones que obran en original. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******, por conducto de su autorizado ******, en contra del acuerdo de ocho de octubre del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa, habiéndose registrado como recurso de queja administrativo 354/2019.

  3. Principal

    Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por ******, autorizado del quejoso *****, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de ocho de octubre del año en curso. En atención a lo anterior, toda vez que se acompaña la totalidad de las copias que se requieren para correr traslado a las partes, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación antes indicado; por tanto, dése vista a las demás partes para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal de alzada, transcurrido dicho plazo, se enviará el medio de defensa de que se trata, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estimen pertinentes. Una vez transcurrido el término otorgado a las partes, provéase lo conducente y remítase a la superioridad copia certificada de las constancias relativas.

  4. Principal

    Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por *****, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista que se dio en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, con el informe justificado rendido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, y vierte diversas manifestaciones al respecto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional, y de que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Cobra aplicación al respecto la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO. GARANTIA DE AUDIENCIA. Es indiscutible que el derecho a formular alegatos constituye un elemento básico que de acuerdo con nuestro sistema de derecho constitucional y procesal, contribuye a configurar dicha garantía de audiencia. En efecto, si por garantía constitucional de audiencia entendemos la seguridad que nuestra Carta Magna otorga a toda persona, en su artículo 14, en el sentido de que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, debe concluirse lógicamente que para satisfacer dicha garantía constitucional no basta con que a una persona se le cite legalmente o se le dé la oportunidad de iniciar un juicio, antes de resultar afectada en sus propiedades, posesiones o derechos, sino que, además, es indispensable que en dicho juicio se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Tratándose del juicio de garantías ante un Juez de Distrito, las formalidades del procedimiento son las establecidas por la Ley de Amparo, en el capítulo IV, de su título segundo, y, entre ellas, resultan particularmente esenciales las preceptuadas por su artículo 155, que regula la conducción de la audiencia constitucional, audiencia que también suele llamarse de "pruebas, alegatos y sentencia", para destacar con claros caracteres los tres elementos o etapas básicamente estructurales de la misma. Por otra parte, es conveniente dejar bien sentado que el orden de tales etapas en la celebración de la audiencia constitucional, no es un orden caprichoso o arbitrario, sino que constituye un orden lógico que, en tanto que tal, es también configurativo de la garantía de audiencia, ya que, por una parte, resulta obvio que los alegatos, siendo aquellas argumentaciones que las partes tienen derecho a producir respecto de los elementos de prueba aportados al juicio, en relación con los hechos que cada una de ellas ha tratado de demostrar en la secuela del procedimiento, sea para llevar al juzgador al convencimiento sobre la legitimidad de sus propias pretensiones, o bien sobre la improcedencia o ausencia de fundamento legal de las de su contraparte, sólo podrán producirse una vez que hayan sido desahogadas todas las pruebas admitidas de las ofrecidas por las partes en el juicio; y que, por otra parte, el juzgador no podrá emitir su fallo definitivo sin antes tener a su disposición debidamente requisitados, todos los elementos que la ley prescribe (los alegatos entre otros), como estructurantes del procedimiento en cuestión". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Materia Común, Volumen LXXXII, Primera Parte, página 9). Por otra parte, en relación a lo solicitado por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que este órgano jurisdiccional requiera al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, para que remita la información que refiere en el ocurso que se provee; indíquese al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad tal petición, toda vez que el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, faculta al juzgador de amparo para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a rendir su informe o remitir, en su caso, las constancias que lo apoyen, cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme a la fracción II del diverso numeral 260 de la citada ley en aplicación. De lo anterior se concluye que este órgano jurisdiccional no está facultado para gestionar pruebas que a la parte quejosa interesa exhibir y aportar en el presente juicio, y de pretender ofrecerlas en esta instancia, deberá primero acreditar haberlas solicitado a los funcionarios o autoridades correspondientes, y que a su vez exista negativa expresa por parte de éstos en expedir lo solicitado, ello en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional el hecho de que la información y/o documentos que refiere el ocursante sea remitida por la autoridad responsable, no guarda relación con el acto que se combate en la presente instancia constitucional.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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