Francisco Carrillo Jaime
Expediente 1603/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Carrillo Jaime
- Francisco Carrillo Jaime y Otros.
- Ángel Salomé Guadarrama Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
************* Cúmplase.
- Principal
+++++++++++Cúmplase.
- Principal
agréguense a los autos el oficio del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en Yautepec, Morelos, por medio del cual en atención al requerimiento de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, remite la información y constancias solicitadas. Atento a lo anterior, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado y con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la información remitida, así como con la documental anexa, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, misma que será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre.
- Principal
PERSONAL POR LISTA. EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LES CONFIRIÓ EN EL AVISO DE VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa promovió amparo indirecto en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y a otra autoridad, a quien le reclamó, en esencia, la omisión de dictar la resolución correspondiente a la petición realizada por escrito con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós y como consecuencia el incumplimiento del laudo de tres de julio de dos mil dieciocho en el expediente *******, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por su parte, las autoridades responsables del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, toda vez que manifiesta que ha acordado los escritos presentados por la parte aquí quejosa, de igual forma precisa que el diez de agosto de dos mil veintidós, acordó la petición de la parte promovente en el que decreto AUTO DE EJECUCIÓN a favor del actor- aquí promovente, asimismo, el veinte de septiembre de dos mil veintidós se llevó acabo la diligencia de requerimiento de pago, por lo que mediante auto de catorce de noviembre del año pasado, se ordenó dar vista a los integrantes que conforman el pleno de la autoridad responsable, para el efecto de hacerles llegar el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, en el que se apercibió al Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado, que en caso de incumplimiento a lo ordenado se procedería la aplicación de una multa. Asimismo, en auto de catorce de noviembre del dos mil veintidós, acordaron la promoción presentada por la parte quejosa el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Ahora bien, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se declaró procedente la aplicación de la sanción decretada mediante auto de diez de agosto de dos mil veintidós, aplicándose la multa impuesta. Lo anterior, como se advierte de las documentales que en copia certificada acompañó al informe de cuenta, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sin que pase desapercibido para este Juzgado de Distrito que la autoridad responsable no haya exhibido las constancias atinentes a la notificación respecto de los autos de catorce y quince de noviembre de dos mil veintidós, a través de los cuales se dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa y además se realizó las gestiones para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, toda vez la parte quejosa quedará enterada de dicha determinación a través de la notificación que se realice en el presente acuerdo. De lo anterior, es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al quedar demostrada la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable, ya que al seis de diciembre de dos mil veintidós (fecha de presentación de la demanda), la responsable ya había emitido el acuerdo correspondiente, así como las gestiones para el debido cumplimiento al laudo; por ello, resulta evidente determinar la inexistencia del acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda constitucional. Tiene aplicación a lo precedente, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". En consecuencia, al actualizarse la causal de sobreseimiento antes invocada, procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA
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