Francisco Carrasco Mazzocco

Expediente 583/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
583/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Francisco Carrasco Mazzocco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... Se recibe y agrega el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que informa que ese órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo y lo radicó con el toca 279/2023. ...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Recurso de queja. ... Se rinde informe de queja. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la queja de que se trata y dígase que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones, por lo que, resulta necesario puntualizar que contrario a lo que sostiene la parte recurrente en sus agravios, este juzgado actúo apegado a derecho. Remisión. Envíese físicamente el escrito de agravios, copia certificada de las constancias pertinentes y el informe relativo al recurso de queja a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para que realice el turno correspondiente. Consulta de expediente electrónico. Infórmese a la Superioridad que está disponible el expediente electrónico para su consulta, mismo que de acuerdo con la certificación secretarial, se encuentra debidamente integrado. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Recepción de escrito aclaratorio. ... Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Sentado lo anterior, conviene precisar que de acuerdo con los numerales 61, fracción XXIII, 62, y 107, fracción V, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Además, cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que para que esos actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen la jurisprudencia de rubro y datos de identificación siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En ese sentido, la resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el toca civil 646/2023, por la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual modificó el auto apelado de diez de junio del dos mil veintidós, emitido en el Juicio Ordinario Civil 1852/2015, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, para efectos de declarar improcedente la caducidad de la instancia y ordenar emplazar por medio de edictos a Blanca Consuelo Galeana Solís, a través de su albacea o representante legal; sólo afectan derechos de naturaleza procesal y no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, ya que con dicho modificación (el cual se equipara a la reposición del procedimiento) no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que la resolución impugnada emitida por la autoridad responsable, que ordenó la reposición del juicio ordinario civil de origen, para declarar improcedente la caducidad de la instancia y ordenar el correcto emplazamiento de Blanca Consuelo Galeana Solís, a través de su albacea o representante legal, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Máxime, que en el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, el pago de los edictos correspondientes, en toda caso, corresponde realizarlo a la parte actora, no a la quejosa (demandada), por ser la directa interesada en la prosecución del juicio. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juez natural y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte promovente; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, hasta el dictado de la sentencia, aspecto que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el expediente de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses, pues aun cuando éste refiere que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales de un debido proceso y una adecuada defensa; lo cierto, es que ante la naturaleza del acto reclamado, lo único que podría lesionar -sin conceder-, serían las normas que rigen las notificaciones de las partes de la legislación aplicable. Orienta en este sentido la tesis 2ª./J.23/2008, registro 170244, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." T... En consecuencia, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Oposición relativa a datos personales. La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Recepción de escrito aclaratorio. Téngase por recibido el escrito del quejoso Francisco Carrasco Mazzocco, del que se advierte que da cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en auto preventivo de diecinueve de junio del año en curso. Acto reclamado. Conviene precisar de la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio, se tiene que la quejosa señala en esencia como acto reclamado: La resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el toca civil 646/2023, por la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual modificó el auto apelado de diez de junio del dos mil veintidós (el cual decretó la caducidad de la instancia), emitido en el Juicio Ordinario Civil 1852/2015, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, para efectos de declarar improcedente la caducidad de la instancia y ordenar emplazar por medio de edictos a Blanca Consuelo Galeana Solís, a través de su albacea y/o representante legal. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1 , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Sentado lo anterior, conviene precisar que de acuerdo con los numerales 612 , fracción XXIII, 623 , y 1074 , fracción V, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Además, cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que para que esos actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen la jurisprudencia de rubro y datos de identificación siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)5" En ese sentido, la resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el toca civil 646/2023, por la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual modificó el auto apelado de diez de junio del dos mil veintidós, emitido en el Juicio Ordinario Civil 1852/2015, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, para efectos de declarar improcedente la caducidad de la instancia y ordenar emplazar por medio de edictos a Blanca Consuelo Galeana Solís, a través de su albacea o representante legal; sólo afectan derechos de naturaleza procesal y no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, ya que con dicho modificación (el cual se equipara a la reposición del procedimiento) no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que la resolución impugnada emitida por la autoridad responsable, que ordenó la reposición del juicio ordinario civil de origen, para declarar improcedente la caducidad de la instancia y ordenar el correcto emplazamiento de Blanca Consuelo Galeana Solís, a través de su albacea o representante legal, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Máxime, que en el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, el pago de los edictos correspondientes, en toda caso, corresponde realizarlo a la parte actora, no a la quejosa (demandada), por ser la directa interesada en la prosecución del juicio. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juez natural y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte promovente; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, hasta el dictado de la sentencia, aspecto que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el expediente de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses, pues aun cuando éste refiere que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales de un debido proceso y una adecuada defensa; lo cierto, es que ante la naturaleza del acto reclamado, lo único que podría lesionar -sin conceder-, serían las normas que rigen las notificaciones de las partes de la legislación aplicable. Orienta en este sentido la tesis 2ª./J.23/2008, registro 170244, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. . También tiene aplicación, por las razones que expone, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época de epígrafe siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA 25/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.31.b2 PENELOPE RODRIGUEZ LANDA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013) 6 . Y por último por similitud jurídica, tiene aplicación, la tesis número I. 14º C. 15K (9ª), registro 160816, visible en la página 1662, Tomo 3, del Libro I, Octubre de 2011, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Matera Civil del ¨Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS.". En consecuencia, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Oposición relativa a datos personales. La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones..

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