Francisco Carmona Oliveros
Expediente 108/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 63 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Carmona Oliveros
- Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "A" en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 108/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de diecisiete de febrero y once de marzo de dos mil veintidós (fojas 40 a la 43 y 96 a la 103 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que el autorizado del quejoso FRANCISCO CARMONA OLIVEROS, exhibió los billetes de depósito N927788 y N927791, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional de dos de marzo de dos mil veintidós, así como la suspensión provisional otorgada respecto a la ampliación de demanda de once de marzo de dos mil veintidós, y la citado peticionario de amparo dio cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en los referidos autos, esto es: a) Exhibió los billetes de depósito N927788 y N927791 por la cantidad de $2,886.60 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) cada uno, mismos que sirvieron para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia (fojas11 a la 15 y 68 a la 73). Ahora, respecto del segundo de los requisitos, relativo a la obligación del quejoso de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que la suspensión provisional de dos y once de marzo de dos mil veintidós, quedó superada procesalmente por las interlocutorias de diecisiete de febrero y once de marzo de dos mil veintidós (fojas 40 a la 43 y 96 a la 103 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) En consecuencia, requiérasele a FRANCISCO CARMONA OLIVEROS, a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sean devueltos los citados billetes de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, se declarará prescrito el mismo y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 36, 45, 47 y 48 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de diecisiete de febrero y once de marzo de dos mil veintidós (fojas 40 a la 43 y 96 a la 103 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que el autorizado del quejoso FRANCISCO CARMONA OLIVEROS, exhibió los billetes de depósito N927788 y N927791, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional de dos de marzo de dos mil veintidós, así como la suspensión provisional otorgada respecto a la ampliación de demanda de once de marzo de dos mil veintidós, y la citado peticionario de amparo dio cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en los referidos autos, esto es: a) Exhibió los billetes de depósito N927788 y N927791 por la cantidad de $2,886.60 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) cada uno, mismos que sirvieron para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia (fojas11 a la 15 y 68 a la 73). Ahora, respecto del segundo de los requisitos, relativo a la obligación del quejoso de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que la suspensión provisional de dos y once de marzo de dos mil veintidós, quedó superada procesalmente por las interlocutorias de diecisiete de febrero y once de marzo de dos mil veintidós (fojas 40 a la 43 y 96 a la 103 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) En consecuencia, requiérasele a FRANCISCO CARMONA OLIVEROS, a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sean devueltos los citados billetes de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, se declarará prescrito el mismo y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 36, 45, 47 y 48 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a **********, en su carácter de quejoso el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, mismo que la letra dice: Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de diecisiete de febrero y once de marzo de dos mil veintidós (fojas 40 a la 43 y 96 a la 103 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que el autorizado del quejoso FRANCISCO CARMONA OLIVEROS, exhibió los billetes de depósito N927788 y N927791, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional de dos de marzo de dos mil veintidós, así como la suspensión provisional otorgada respecto a la ampliación de demanda de once de marzo de dos mil veintidós, y la citado peticionario de amparo dio cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en los referidos autos, esto es: a) Exhibió los billetes de depósito N927788 y N927791 por la cantidad de $2,886.60 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) cada uno, mismos que sirvieron para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia (fojas11 a la 15 y 68 a la 73). Ahora, respecto del segundo de los requisitos, relativo a la obligación del quejoso de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que la suspensión provisional de dos y once de marzo de dos mil veintidós, quedó superada procesalmente por las interlocutorias de diecisiete de febrero y once de marzo de dos mil veintidós (fojas 40 a la 43 y 96 a la 103 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) En consecuencia, requiérasele a FRANCISCO CARMONA OLIVEROS, a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sean devueltos los citados billetes de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, se declarará prescrito el mismo y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 36, 45, 47 y 48 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el ocho de febrero de dos mil veintidós y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa ******************** promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-9). SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintidós se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 12-16). Mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa respecto de diversos actos reclamados y conceptos de violación; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 92-94). Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós se decretó la separación de la aludida demanda en dos juicios individuales, entre ellas, la promovida por la aquí quejosa, dado que la autonomía advertida de los actos reclamados así como tratarse de autoridades distintas, y ser dos procesos penales distintos, ordenándose que en el presente juicio solo se conocería de los actos reclamados derivados del proceso penal 286/2020-D del índice del 2. Juzgado de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado Sala "D" del Centro Integral de Justicia Zona Centro, con sede en Veracruz, Veracruz, para lo cual se remitió copia certificada de la demanda de amparo y demás constancias a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, a efecto de que la registrara y la turnara al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz de esta localidad que corresponda, a fin de que conozca respecto de los actos reclamados derivados del proceso penal 443/221-A del índice del 3. Juzgado de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado Sala "A" del Centro Integral de Justicia Zona Centro, con sede en Veracruz, Veracruz, (fojas 213-215). Mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercera interesada Josefina Tejeda Rosas (fojas 231-232) lo que fue realizado el quince de junio de dos mil veintidós (fojas 234-235) y por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se le tuvo por apersonada a juicio sin que haya hecho valer causal de improcedencia (fojas 236-238) TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 32, 34, 45, 32, 23, 25, 28 y 29) y los diversos informes de las autoridades responsables por la ampliación de la demanda (fojas 108, 157, 103 y 105) tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 456-457) quedando el expediente en estado de resolución. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos, que se dice son susceptibles de afectar de manera directa e irreparable derechos fundamentales del gobernado, tales como la vida, la libertad personal o su integridad física, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consiste en: a).- Orden de detención y/o presentación, así como su ejecución. b.)- Omisión de señalar fecha para la audiencia inicial en los autos del proceso penal ******************** acto atribuido al 2. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado Sala "D" del Centro Integral de Justicia Zona Centro, con sede en Veracruz, Veracruz. c).- Integración de la Carpeta de Investigación número 2949/2019 la cual dio origen al proceso penal ******************** sin que se haya llamado a la parte quejosa a comparecer a la misma. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1. Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Veracruz Norte (Lic. ********************) 2. Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Veracruz Norte (Lic. ********************) 3. Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Veracruz Norte (Lic. Ángela Peralta Meza) 4. Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Veracruz Centro (Lic. ********************) 5. Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, 6. Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 7. Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 8. Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 9. Fiscal Cuarto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 10. Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 11. Fiscal Sexto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 12. Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 13. Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 14. Fiscal Noveno de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 15. Fiscal Décimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 16. Fiscal Décimo Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 17. Fiscal Décimo Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 18. Fiscal Décimo Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 19. Fiscal Décimo Cuarto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 20. Fiscal Décimo Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, 21. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 22. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz, todas con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en: a) Orden de detención y/o presentación, así como su ejecución que se les reclamaron, tal como se advierte del contenido de los mismos (fojas 32, 34, 45, 32, 23, 25, 28 y 29) respectivamente. Negativa de las autoridades que no fue desvirtuada por la parte quejosa, aportando medio de convicción alguno, a efecto de demostrar la existencia de los mismos a la fecha de promoción de su demanda. Por ende, tomando en consideración que la negativa antes señalada no fue desvirtuada, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades citadas en los párrafos que anteceden por los referidos actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que se cita de acuerdo a lo estipulado en el artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. El 2. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado Sala "D" del Centro Integral de Justicia Zona Centro, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado, negó el acto que se reclama, sin embargo, adujo que a la fecha no ha tenido verificativo, ni mucho menos se ha realizado audiencia privada, significando que no se ha podido llevar a cabo la audiencia al existir imposibilidad de notificar a los investigados, por lo que dejó a la vista del Fiscal quien integra la carpeta de investigación, para que proporcione un domicilio para poder localizar a los investigados, de ahí que se tenga por cierto el acto que se le reclama (foja 108). Lo que se corrobora, pues dicha autoridad remitió copia certificada de las constancias del proceso penal 286/2020 aludida actuación (fojas 109-142) las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, el 6. Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Veracruz, negó los actos que se les atribuyen consistentes en la Integración de la Carpeta de Investigación número 2949/2019 la cual dio origen al proceso penal ******************** sin que se haya llamado a la parte quejosa a comparecer a la misma (foja 105) empero el 2. Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado Sala "D" del Centro Integral de Justicia Zona Centro, con sede en Veracruz, Veracruz, el rendir su informe justificado, reconoció que inició el proceso penal 286/2020 a petición del aludido fiscal, es patente que la citada negativa queda desvirtuada con los datos que obran en autos; lo anterior, en observancia además a la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y de la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Asimismo, el 8. Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con sede en la ciudad de Veracruz, negó los actos atribuidos, refiriendo que el quince de octubre de dos mil veintidós, le fue turnada la carpeta de investigación número VER/DXVII/2949/2019 derivado del proceso penal número ******************** que obra en el índice de la Fiscalía Primera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVII de Veracruz, en el cual el Licenciado Omar Pérez Hernández, en su carácter entonces de Fiscal Primero en la en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVII de Veracruz, solicitó el seis de noviembre de dos mil veintidós audiencia inicial en contra de ******************** y Alejandro Benitez Chable por el delito de despojo cometido en agravio de la hoy tercera interesada Josefina Rosas Tejeda, empero, dicha negativa queda desvirtuada en virtud de que subsisten los actos reclamados (foja 422). QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En la especie, se estima sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues los actos reclamados consistentes en: b).- Integración de la Carpeta de Investigación número 2949/2019 la cual dio origen al proceso penal ******************** sin que se haya llamado a la parte quejosa a comparecer a la misma. c.)- Omisión de señalar fecha para la audiencia inicial en los autos del proceso penal ******************** acto atribuido al 2. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado Sala "D" del Centro Integral de Justicia Zona Centro, con sede en Veracruz, Veracruz. No afectan el interés jurídico del quejoso, como a continuación se verá MARCO NORMATIVO El numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (Lo resaltado es propio de esta sentencia) Lo que es así pues, cuando el acto reclamado proviene de un tribunal jurisdiccional o administrativo, la parte quejosa debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, como se dispone en los artículos 107 Constitucional y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. El interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad (derecho subjetivo) tienen interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. Es decir, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad; de tal suerte que para su existencia resulta intrascendente que el promovente sea o no, titular del respectivo derecho subjetivo. No obstante, la excepción a esa regla la constituyen los asuntos en los que se reclamen actos jurisdiccionales, pues aquí, como se dijo, los artículos 107 Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de la Materia, exigen que el solicitante de amparo acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, cuando disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)" (Lo subrayado es propio de esta sentencia) En esas condiciones, cuando la parte quejosa reclame un acto de autoridad administrativo o jurisdiccional, se está en la hipótesis en que debe demostrar su interés jurídico, es decir, la afectación a un derecho subjetivo del que es titular. Sirve de apoyo la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Así pues, en lo relativo al interés jurídico, el mismo está reservado para quien resiente un perjuicio directo con motivo de un acto de autoridad o la aplicación de una ley; por lo tanto, presupone la existencia de un derecho legítimo que, cuando resulta vulnerado, su titular tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional que corresponda, demandando la cesación de tal quebranto. Esta situación supone dos elementos: la facultad de exigencia y, la obligación jurídica de cumplir con la misma. Con base en esos requisitos, una persona carece de interés jurídico, cuando la norma no le confiere o no reconoce la potestad de exigir al gobernante se abstenga de perturbar el derecho tutelado, por lo que en dicho supuesto no se actualiza la posibilidad real y legal de obligar a éste a respetar el derecho que se sostiene lesionado. Por estas razones, también es conveniente precisar que el perjuicio, para efectos del juicio de amparo, en virtud de la correlación existente entre éste y el definido interés jurídico, se entiende como la existencia de un derecho tutelado de manera legítima en favor del gobernado que, al ser transgredido o trastocado por alguna autoridad, de forma inmediata otorga a su titular la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales que corresponda a fin de exigir que los entes agresores, vía la resolución que en derecho proceda, respeten tal derecho, ya sea a través de conminarlas a que dejen de hacer o hagan algo o bien omitan su conducta violatoria de derechos. Asimismo, el perjuicio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, esto es, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico. De la misma manera, dicho perjuicio debe ser de realización pasada, presente o inminente, es decir, haberse producido, estarse efectuando cuando se acude al juicio constitucional o que no haya lugar a dudas sobre su acontecimiento, pues los actos sólo probables no engendran perjuicio. Sirve de respaldo, en lo conducente, la siguiente tesis: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Por tanto, si no llegan a probarse los derechos en que alguna reclamación, o bien, habiéndose probado, no se demuestra que fueron vulnerados por los actos de autoridad impugnados, lo correcto es estimar que surge a la vida jurídica la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que la ausencia de prueba fehaciente en relación con que la parte quejosa tenga ese derecho, da lugar a su falta de interés jurídico. Hasta aquí dicho marco normativo. SUBSUNCION En esos términos, el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determinó que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable sobreseer en el juicio de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, la comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez. Resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del Pleno de Circuito del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyo rubro se lee: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez." *Lo subrayado y resaltado es propio de esta resolución. Por lo anteriormente reseñado, la Omisión de señalar fecha para la audiencia inicial en los autos del proceso penal ******************** acto atribuido al 2. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado Sala "D" del Centro Integral de Justicia Zona Centro, con sede en Veracruz, Veracruz, no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. CONCLUSIÓN Sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, en relación con el 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio constitucional. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Tomando en consideración que las partes no manifestaron su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Leonor Hernández Ortiz, con quien actúa y da fe; hoy veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. Leonor Hernández OrtizLeonor Hernández Ortiz
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