Francisco Carmelino Morales Torres

Expediente 1041/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1041/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Francisco Carmelino Morales Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósese a los autos el cuaderno original del incidentes de suspensión -en el cual se negó tanto la suspensión provisional como definitiva- y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto en el cual se decretó el sobreseimiento dentro del presente juicio constitucional; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal [debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes]. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el inciso c, del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal [debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes]. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Director de Procesos y Amparos, en representación de la Secretaría de Bienestar, únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que mediante auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno se decretó el sobreseimiento dentro del presente juicio constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. se tiene por recibido el oficio y anexo remitido vía correo institucional por el Director de Procesos y Amparos, en representación de la Secretaría de Bienestar, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de doce de abril de dos mil veintiuno; sin que sea el caso de realizar mayor proveído al respecto, en principio, porque dicho oficio carece de evidencia criptográfica, lo que es un requisito esencial que debe contener toda promoción y recurso que se presente vía electrónica, tal como se desprende del artículo 3 de la Ley de Amparo; pero además, porque mediante auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por tanto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    1041/2020-IIB San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Delegado Estatal del Programa para el Desarrollo en el Estado de Puebla, por medio del cual remite copias certificadas de las constancias de entrega de una tarjeta del "banco del bienestar" a favor de Francisco Carmelino Morales Torres, por conducto de su auxiliar Lauren Guadalupe Morales Torres, como respuesta a la incorporación del quejoso al programa social de pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Por lo anterior, deviene necesario precisar que, como se advierte del estado de autos, el quejoso Francisco Carmelino Morales Torres, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México [antes Secretaría de Desarrollo Social Federal]. Titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores [INAPAM]. Titular del programa social denominado Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, instrumentado por el Gobierno de México por conducto de la Secretaría de Bienestar. Delegado en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Director General de Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de proveer respecto la solicitud de incorporación al programa social de pensión para el bienestar de personas con discapacidad de once de junio de dos mil veinte. Ahora, de las constancias remitidas con el oficio de mérito, así como a las manifestaciones precisadas por la parte quejosa mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, se advierte que el ocho de marzo de dos mil veintiuno se realizó la entrega de una tarjeta del "banco del bienestar" a favor de Francisco Carmelino Morales Torres, por conducto de su auxiliar Lauren Guadalupe Morales Torres, como respuesta a la incorporación del quejoso al programa social de pensión para el bienestar de personas con discapacidad, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables anteriormente precisadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Francisco Carmelino Morales Torres acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión de proveer respecto la solicitud de incorporación al programa social de pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al igual que en consideración a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, se advierte que el ocho de marzo de dos mil veintiuno se realizó la entrega de una tarjeta del "banco del bienestar" a favor de Francisco Carmelino Morales Torres, por conducto de su auxiliar Lauren Guadalupe Morales Torres, como respuesta a la incorporación del quejoso al programa social de pensión para el bienestar de personas con discapacidad. En las referidas circunstancia, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos reclamados por Francisco Carmelino Morales Torres. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veinticuatro minutos del once de mayo de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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