Francisco Carlock Portilla

Expediente 284/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
284/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/05/2019

Partes del expediente

  • Juez de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla
  • Francisco Carlock Portilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco********************Tlaxcala********************veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Acepta competencia Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla********************mediante el cual********************hace del conocimiento el auto de quince de mayo del año en curso********************por el que acepta la competencia planteada por este juzgado********************y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************. En ese orden********************del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto********************punto vigésimo********************fracción I********************del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************del veintiocho de septiembre de dos mil nueve********************publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente********************relativo a la transferencia********************digitalización********************depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena el archivo del expediente Por tanto********************toda vez que se está en la hipótesis a que se refiere el Capítulo Quinto********************punto vigésimo********************fracción I********************del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal********************del veintiocho de septiembre de dos mil nueve********************publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente********************relativo a la transferencia********************digitalización********************depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito********************el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción una vez transcurridos seis meses posteriores a la notificación del auto que ordenó su archivo.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado incompetencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 16 a 22), en el que se declinó competencia de la demanda de amparo promovida por Francisco Carlock Portilla; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se envía incompetencia En consecuencia, en cumplimiento a la determinación de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 16 a 22), remítase el presente expediente y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, para que a su vez se sirva turnar al Juzgado de Distrito en Materia Penal, en turno, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto y resuelva lo pertinente. Se reserva su archivo Se reserva ordenar el archivo del presente asunto, hasta en tanto la autoridad que conozca del asunto, informe respecto a la competencia declinada. Finalmente, vista la diligencia de ratificación de siete de mayo de dos mil diecinueve, el suscrito se encuentra impedido para proveer lo conducente, toda vez que en auto de veinticuatro de abril del presente año, este Juzgado Federal se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por tanto, será el órgano jurisdiccional competente el que deberá pronunciarse al respecto.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Carlock Portilla, a través de cual se desiste del presente juicio de amparo, ante ello, se provee lo siguiente: Se requiere ratificación Atento a la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo implica, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener el referido peticionario de amparo; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su numeral 2°, requiérase al quejoso, a fin de que comparezca en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se continuará con la tramitación del presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por su idea jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del tomo XXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil seis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio."

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de tres de abril de dos mil diecinueve (fojas 7 a 11), sin que la parte quejosa diera cumplimiento al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado se provee al respecto: Se declina competencia Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Carlock Portilla, contra actos del Juez de Control en el Estado de Puebla y otras autoridades de quienes reclama la orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación girada en su contra, así como su ejecución; debe considerarse que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Así, debe precisarse que la competencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala se rige por lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; así como el oficio SEFSP/DGRH/DCPG/SCP/5798/2018, de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de cita, la denominación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala, concluyó funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO; sin embargo, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Francisco Carlock Portilla, por razón de territorio. Lo anterior en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados que serán motivo de análisis en este juicio de derechos son la orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación girada en su contra, por las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, esto es, el Juez de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla, Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente en el Estado de Puebla, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro y Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, todos con sede en el Estado de Puebla, lo que revela que el acto reclamado no tiene ni tendrá ejecución en el Estado de Tlaxcala. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación girada en contra del ahora quejoso, así como su ejecución, por lo que para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar deben tener ejecución dichas órdenes. Ahora, del estudio de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación girada en su contra, así como su ejecución dictada por el Juez de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla, Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente en el Estado de Puebla, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro y Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, todos con sede en la Ciudad de Puebla -ordenadoras-, así como del Fiscal General de Justicia en el Estado de Puebla, Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Ciudadano Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Ciudadano Agente de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrita a la Fiscalía General Metropolitana, Ciudadanos Agentes Estatales de Investigación Dependientes del Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y Ciudadanos Agentes Estatales de Investigación dependientes de Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla -ejecutoras-; autoridades que se encuentran fuera del lugar donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, por ello, es evidente, que si la orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación girada en su contra, reclamada constituye un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, ésta se verificará en el Estado de Puebla, ya que en ese lugar residen los jueces responsables y las autoridades, que en su caso, darán cumplimiento a su ejecución. En efecto, la competencia para conocer de la orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación girada en su contra, debe fijarse en función de la residencia de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras; ahora en el presente asunto dicho quejoso señaló como autoridades responsables ejecutoras al Fiscal General de Justicia, Director de Mandamientos Judiciales, Ciudadano Director General de la Agencia Estatal de Investigación, Ciudadano Agente de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrita a la Fiscalía General Metropolitana, Ciudadanos Agentes Estatales de Investigación Dependientes del Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y Ciudadanos Agentes Estatales de Investigación dependientes de Directora de Mandamientos Judiciales, todos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, en cuya parte conducente sostuvo: "En efecto, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán y al Comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla del Tercer Subsector, en Tehuacán, ambos con residencia en el Estado de Puebla, a los que les reclamó la orden de aprehensión, que según manifiesta emitieron en su contra y su ejecución que pretende llevar a cabo el Comandante de la Policía citada. Por otra parte, también se desprende del ocurso de referencia que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular lo es el ubicado en la calle Poniente 5, departamento 1, de la casa número 306, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y no sólo suscribió el escrito inicial de garantías, sino que además lo presentó ante el juzgado federal de la localidad, por razones de urgencia, lo que expresó para los efectos de la competencia del juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz. Ahora bien, con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta la propia quejosa pretenden ejecutar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, sin que de la lectura de la demanda de garantías se advierta que hubiese señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Asimismo, resulta aplicable la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 404, visible a páginas 695, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO.- Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto". Por tanto, si la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo de que se trata emanó, según la quejosa, del Juez de Primera Instancia de Puebla y se pretende ejecutar por la Policía Judicial del mismo Estado, consecuentemente procede decidirse el conflicto competencial en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad." Cabe apuntar, que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. En conclusión, si la parte quejosa señala como autoridades responsables al Juez de Control en el Estado de Puebla y otras autoridades, con residencia en ese Estado, es claro que corresponde conocer del presente juicio de derechos a un Juez de Distrito con residencia en la referida Ciudad, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sin que pase inadvertido, que mediante proveído de tres de abril de dos mil diecinueve, se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, a lo cual no dio cumplimento. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Francisco Carlock Portilla y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, de ese lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no, la competencia que se plantea a su conocimiento.

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