Francisco Brito Ranzahuer

Expediente 221/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 42 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
221/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Brito Ranzahuer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la observación del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, 1. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 15/2021, a la cual compareció la fiscal solicitante, en principio, el referido juez de control dejó insubsistente la orden de aprehensión de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el citado proceso penal en contra de Francisco Brito Ranzahuer, por su probable intervención en la comisión del delito de feminicidio cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Aracely Trejo Toledo, representada por Juan Trejo Martínez (minuto 9:05). Posteriormente, en esa misma audiencia, atendiendo a los lineamientos trazados en la sentencia amparadora, el juez responsable negó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscal Primera Especializada en Delitos contra las Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, en contra del impetrante, al no haber cumplido dicha fiscal con la carga de acreditar la necesidad de cautela que se requiere para librar orden de aprehensión de conformidad con la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, las autoridades ejecutoras 7 y 8. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, y 9. Comandante actualmente encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, ambos con sede en Córdoba, Veracruz, y superior jerárquico, Auxiliar Administrativo de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz, informaron las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, por lo que respecta al billete de depósito número N879633, expedido a favor del aquí quejoso por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, 00/100 moneda nacional), que obra en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se puso a su disposición. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  2. Incidental

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la observación del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, 1. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 15/2021, a la cual compareció la fiscal solicitante, en principio, el referido juez de control dejó insubsistente la orden de aprehensión de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el citado proceso penal en contra de Francisco Brito Ranzahuer, por su probable intervención en la comisión del delito de feminicidio cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Aracely Trejo Toledo, representada por Juan Trejo Martínez (minuto 9:05). Posteriormente, en esa misma audiencia, atendiendo a los lineamientos trazados en la sentencia amparadora, el juez responsable negó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscal Primera Especializada en Delitos contra las Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, en contra del impetrante, al no haber cumplido dicha fiscal con la carga de acreditar la necesidad de cautela que se requiere para librar orden de aprehensión de conformidad con la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, las autoridades ejecutoras 7 y 8. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, y 9. Comandante actualmente encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, ambos con sede en Córdoba, Veracruz, y superior jerárquico, Auxiliar Administrativo de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz, informaron las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, por lo que respecta al billete de depósito número N879633, expedido a favor del aquí quejoso por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, 00/100 moneda nacional), que obra en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se puso a su disposición. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, QUE DICE: Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la observación del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, 1. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 15/2021, a la cual compareció la fiscal solicitante, en principio, el referido juez de control dejó insubsistente la orden de aprehensión de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el citado proceso penal en contra de Francisco Brito Ranzahuer, por su probable intervención en la comisión del delito de feminicidio cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Aracely Trejo Toledo, representada por Juan Trejo Martínez (minuto 9:05). Posteriormente, en esa misma audiencia, atendiendo a los lineamientos trazados en la sentencia amparadora, el juez responsable negó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscal Primera Especializada en Delitos contra las Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, en contra del impetrante, al no haber cumplido dicha fiscal con la carga de acreditar la necesidad de cautela que se requiere para librar orden de aprehensión de conformidad con la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, las autoridades ejecutoras 7 y 8. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, y 9. Comandante actualmente encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, ambos con sede en Córdoba, Veracruz, y superior jerárquico, Auxiliar Administrativo de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz, informaron las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, por lo que respecta al billete de depósito número N879633, expedido a favor del aquí quejoso por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, 00/100 moneda nacional), que obra en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se puso a su disposición. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por el licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por medio del cual remite copia certificada de la resolución pronunciada el cinco de agosto de dos mil veintidós, y un disco de videograbación relativo a ésta, derivados del proceso penal 15/2021, de su índice, en acatamiento dado a la ejecutoria de amparo concedido a la quejosa en el presente juicio. En consecuencia, con copia certificada de la constancia remitida por el Juez responsable, así como los oficios remitidos por el 7.-8. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, y 9. Comandante actualmente encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, ambos de esta ciudad, y superior jerárquico Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada por el término de tres días, computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Finalmente, glósese sin mayor proveído el oficio signado por el Auxiliar Administrativo de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz, toda vez que mediante acuerdo tres de agosto del actual, se tuvo por recibido el mismo, vía telegráfica, y se acordó lo conducente. Notifíquese, personalmente al quejoso y al tercero interesado, y por oficio a la fiscal que intervino en el proceso penal de origen

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