Francisco Bañuelos Maldonado y Otros.

Expediente 1248/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1248/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2017

Partes del expediente

  • Francisco Bañuelos Maldonado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos y la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tal motivo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.(...) devuélvasele a la parte quejosa las constancias originales que exhibió en el presente juicio, en el entendido que de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo General, se pone a su disposición por el plazo de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado y las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, serán destruidas al realizarse lo propio respecto de las constancias que integran el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Visto, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada el siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca Q.A. 136/2017, de su índice en que la Superioridad resolvió: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo de estilo correspondiente, hágase del conocimiento de las partes lo resuelto por la Superioridad, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En virtud de lo anterior y toda vez que mediante diverso proveído de nueve de mayo del dos mil diecisiete, se suspendió el procedimiento, hasta en tanto se resolviera la queja en cita; en consecuencia, se reanuda el procedimiento de cumplimiento en el presente asunto. En consecuencia, y toda vez que es obligación de este órgano jurisdiccional cuidar que las sentencias se cumplan, con fundamento en los artículos 192 y 197, de la ley de la materia, y conforme a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", requiérase al Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México [1], autoridad directamente obligada a cumplir con el fallo protector, para que en el término de diez días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite el cumplimiento de la ejecutoria, en términos de la resolución interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el incidente innominado, para lo cual deberá: (...) Apercibida... Asimismo, en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad Procurador General de Justicia de la Ciudad de México [2], en su carácter de superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, para que dentro del término improrrogable de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite de forma fehaciente haber ordenado a aquélla cumplir con la ejecutoria. Apercibida, que de no demostrar que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la sanción referida es la mínima prevista en el último numeral en cita, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada.En la inteligencia de que la intervención de una autoridad como superior jerárquico en el cumplimiento de una sentencia de amparo no sólo la constriñe a enterar a su subordinado que debe acatar dicho fallo, remitiéndole oficios recordatorios o comunicados, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formularle e imponerle, para conminarla a cumplir con ese extremo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CLXXV/2000, localizable en la página 5, tomo XII, noviembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece al rubro lo siguiente:(...) Se hace del conocimiento de las autoridades precisadas en el presente auto, que no se les requiere para que informen los trámites que se encuentren realizando, sino para que en el término concedido cumplan con la sentencia que nos ocupa. Apoya a lo expuesto, en la parte que interesa, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y cuatro, tomo XVII, del mes de febrero de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO." Asimismo, dígasele a la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria, que aún y cuando deje su cargo, seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuvo al frente del mismo, de manera que podrá ser consignada en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque deje de ser el titular obligado. Sobre el particular tiene aplicación la tesis plenaria CLXXIV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 6, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Por otro lado, infórmese a las autoridades que dado el interés que el Estado tiene en que se restituya de inmediato el orden constitucional violado, tal como lo dispone el artículo 77, fracción I, de la propia Ley de Amparo, este juzgado de Distrito tiene la obligación de continuar requiriendo hasta que se haya dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en ese contexto, a fin de velar por el cumplimiento del fallo protector, dichos dispositivos legales otorgan amplias facultades al juzgador de amparo para dictar las órdenes y apercibimientos necesarios, que procuren el expedito cumplimiento del fallo otorgado, velando en todo momento el pronto acatamiento y observancia de los extremos ordenados en la ejecutoria. Se les apercibe... NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Notificación a la parte quejosa conforme al artículo 27 fracción I, inciso C de la Ley de Amparo. "Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de cuenta, promovida por Francisco Bañuelos Maldonado, Luis Antonio Vega Pichardo y Francisco Alejandro Jaime Martínez, quienes se ostentan como presidente, secretario y vocal del Consejo de Honor y Justicia de la Asociación de Judokas Queretanos, asociación civil, en contra del acto del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 1248/2017. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; motivos que, en principio, se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61. Consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. (...) Por lo tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Francisco Bañuelos Maldonado, Luis Antonio Vega Pichardo y Francisco Alejandro Jaime Martínez, quienes se ostentan como presidente, secretario y vocal del Consejo de Honor y Justicia de la Asociación de Judokas Queretanos, asociación civil, respectivamente, en contra del acto del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; determinación que se toma en cumplimiento al derecho de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio.(...)" Notifíquese.

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