Francisco Azael Esquivel Borges
Expediente 894/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francisco Azael Esquivel Borges
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el escrito de Aurelia del Socorro Pech Garma, apoderada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la documentación que adjuntó a su escrito inicial de demanda; y en atención a lo que solicita, dígasele que no habiendo impedimento legal alguno, se accede a la devolución a la parte quejosa de la documentación que solicita, previa realización del cotejo y certificación correspondiente y entréguesele, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. Ahora bien, lo anterior, en el entendido que la parte quejosa deberá generar la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; para lo cual deberán acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. "Artículo 7. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del PJF se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del PJF deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento de estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto". Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que de no acudir por la documentación, en los términos planteados previamente, ésta será destruida junto con el presente juicio de amparo.
- Principal
Mérida, Yucatán, a catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Aurelia del Socorro Pech Garma, apoderada del quejoso Francisco Azael Esquivel Borges, con el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de uno de octubre del año en curso. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo, contra actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, y de otra autoridad. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que conduce a su DESECHAMIENTO DE PLANO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior se desprende, que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto contempla, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan, contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que el juicio de amparo por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley, y en la jurisprudencia, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado, conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado y del Actuario de esa adscripción, la falta de emplazamiento al procedimiento especial de divorcio incausado con número de expediente 98/2020, promovido por su aún esposa Patricia Marcela Canul Méndez. Esto es así, toda vez que en el capítulo de antecedentes, entre otras cosas manifestó: "(.) mi poderdante desconocía este divorcio y que no sabe qué se estableció en las bases de dicha demanda y que nunca ha sido notificado de ésta (.)" Asimismo, de lo manifestado por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, puede advertirse claramente que es parte formal en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Con lo anterior, se pone de manifiesto que al ser el quejoso parte en el juicio natural, el cual no ha concluido pues el juez natural no ha dictado sentencia definitiva, éste puede impugnar la falta de emplazamiento del que se duele, ante la propia autoridad responsable, mediante el incidente sobre declaración de nulidad, tal como lo disponen los artículos 227 y 252 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 227. Las notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida en este capítulo son nulas y el servidor público que las autorice, se hace acreedor de una multa de diez a treinta unidades de medida y actualización, y debe además responder de los daños y perjuicios que se hayan originado por su culpa. La parte agraviada puede promover ante el mismo juez que conozca del asunto el incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación. Este incidente no suspende el curso del procedimiento." "Artículo 252. La nulidad de las actuaciones judiciales debe reclamarse por la vía incidental, sin suspensión del procedimiento y puede pedirse aún después de terminado aquél, sólo cuando haya sido ocasionada por la falta de llamado o emplazamiento al juicio". Refuerza lo antes argumentado la tesis I.2o.C.37 C sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE PROMOVERSE, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO PARTE EN UN JUICIO Y ARGUMENTA QUE NO SE LE "EMPLAZÓ" AL INCIDENTE DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS QUE RECLAMA, EN VIRTUD DE QUE LA CITACIÓN A ÉSTE NO CONSTITUYE TÉCNICAMENTE UN EMPLAZAMIENTO. Cuando en la demanda de garantías la quejosa se ostenta como parte en un juicio, y argumenta que no fue notificada de la existencia de un incidente, debe interponer el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al amparo, conforme a los artículos 74 y 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen que puede invocarse la nulidad de una actuación cuando le falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. Destacando que si bien es cierto que aunque la peticionaria de garantías afirme que no se le "emplazó" al incidente del que derivan los actos que reclama en el amparo, también lo es que la citación al incidente de referencia no constituye técnicamente un emplazamiento al juicio, sino la notificación de una cuestión no principal dentro del juicio respecto del cual la inconforme se ostenta como parte. En esa línea argumentativa, cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una actuación o notificación hecha en un juicio, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser nulificado por la autoridad que conoce del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado de conformidad con los numerales antes señalados, el cual debe agotarse previamente al intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En consecuencia, al no haber agotado la parte quejosa el incidente sobre actuación de nulidad, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de que se trata, por ser la misma notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado, pues al consistir éste en una determinación emanada de un tribunal judicial, constriñe a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/243, cuyo rubro y texto indican: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. De igual forma, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA.- Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Aurelia del Socorro Pech Garma, apoderada del quejoso Francisco Azael Esquivel Borges, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Aurelia del Socorro Pech Garma, quien se ostenta apoderada legal de Francisco Azael Esquivel Borges, contra los actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, y de otra autoridad. Fórmese el expediente correspondiente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 894/2020-V. Con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, se reconoce a la promovente la calidad de apoderada legal de Francisco Azael Esquivel Borges, toda vez que dicha personalidad se encuentra acreditada con la copia certificada del testimonio de escritura pública número quince mil doscientos doce, otorgada en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos de América, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, ante el Cónsul Eduardo Sosa Cuevas. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa hubiere señalado si en el juicio de origen relativo al procedimiento especial de divorcio incausado 98/2020, cuya falta de emplazamiento reclama en este juicio de amparo, ya se dictó o no la sentencia correspondiente, lo que resulta indispensable para proveer lo conducente en cuanto a la admisión o no de la demanda de amparo promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito manifieste, bajo protesta de decir verdad ante este Juzgado de Distrito: - Si en el juicio de origen relativo al procedimiento especial de divorcio incausado 98/2020, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ya se dictó o no la sentencia correspondiente. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Asimismo, con apoyo en el numeral 110 de la citada ley de la materia, dígasele a la promovente que deberá también acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, pues éste formará parte integral de la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para ello en su escrito de demanda; y como sus autorizados a Luisa Patricia Castro González, en los términos amplios que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las restantes, con las limitaciones que establece el referido artículo, hasta en tanto se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente.
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