Francisco Arturo Rodríguez González
Expediente 1220/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Arturo Rodríguez González
Actuaciones
- Principal
MESA IV B Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se le concedió a la parte quejosa para que compareciera a este Juzgado a ratificar su escrito de desistimiento, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de veintitrés de septiembre pasado (foja 22), y se continua con el trámite del juicio en que se actúa. Por otro lado, de los autos se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince (fojas 14 a 16), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, hágase del conocimiento del promovente del amparo que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Arturo Rodríguez González, por el que desiste de la demanda de amparo origen de este expediente. Asimismo, como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, con apoyo en los numerales 6 y 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, requiérase al quejoso Francisco Arturo Rodríguez González, para que, dentro del plazo de tres días, siguientes a su legal notificación y en horas hábiles, comparezca al despacho de este juzgado, debidamente identificado y en diligencia formal ratifique el escrito de desistimiento, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se continuará el trámite del juicio en que se actúa. Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, y en términos del transitorio SEXTO de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la tesis 2a./J.33/2000, Materia Común, Segunda Sala, Novena Época, página 147, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MERSA IV B "....Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Por otro lado, con apoyo en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la citada autoridad, a las personas que señala. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso Francisco Arturo Rodríguez González reclama del Secretario del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la omisión de acordar su escrito presentado el seis de agosto pasado, en la oficialía de partes del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que solicitó se le expidiera copia certificada de las Actas de Cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que aduce en su escrito de demanda (fojas 2 a 4). Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se advierte que niega la existencia del acto que se le reclama; anexando para acreditar su dicho copia certificada del oficio de catorce de septiembre actual, del que se advierte que dicha autoridad acordó lo relativo a la solicitud del ahora quejoso, el cual le fue notificado, por conducto de Jannet Muñoz Antonio, el diecisiete siguiente. De lo cual se desprende que si el oficio de catorce de septiembre del año en curso, fue notificado a la parte quejosa el diecisiete de septiembre del año que transcurre, esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de agosto de dos mil quince -fojas 2 a 4-), es evidente que a la fecha en que se instó el presente juicio constitucional, existía la omisión de que se duele la parte quejosa; en consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado. Ahora bien, el análisis de las constancias que remitió la aludida autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, permite conocer que se proveyó respecto de la petición del quejoso consistente en la expedición de copia certificada de las Actas de Cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que aduce; respuesta que fue notificada a la parte quejosa, el diecisiete del actual. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que mediante oficio SSJ/2571/2015 de catorce de septiembre del año en curso, se proveyó lo procedente respecto de la petición formulada por el quejoso; misma que fue debidamente notificada a éste, el diecisiete de septiembre del año que transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 5 vuelta), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV B Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Francisco Arturo Rodríguez González, contra actos del Secretario del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por violación a sus derechos fundamentales; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1220/2015. Tramítese sin incidente de suspensión, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese el informe justificado a la autoridad responsable el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio, para lo cual, deberá acompañar en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Señálese a la responsable que su informe deberá reunir los requisitos a que se refiere el artículo 117, cuarto párrafo de la ley en comento, esto es, se expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido arábigo. Se apercibe a dicha autoridad que de omitir rendir su informe con justificación o rendirlo sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo actual. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a Andrés Avelino Soriano Montes, por haber sido facultado en esos términos, aunado a que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que respecto de las restantes personas únicamente se autorizan para oír y recibir notificaciones y acuerdos, por así solicitarlo expresamente el promovente del amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, desde este acto procesal judicial se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.
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