Francisco Arturo Martínez Palacios

Expediente 254/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
254/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Francisco Arturo Martínez Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto, El estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciar en relación al cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Por otro lado, advirtiéndose que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas del expediente laboral 631/A/2009, (un tomo), como apoyo a su informe justificado; al efecto, toda vez que las mismas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto, el estado de autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista que la ley concede a las partes, según proveído de veintitrés de marzo del año en curso, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, en relación al informe que rindió la autoridad responsable, Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Al efecto, se acuerda: Para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo; y con su contenido, dése vista a las partes por el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada del expediente laboral 631/A/2009, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de marzo de dos mil dieciocho. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por *********, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 254/2018-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la demanda de garantías se advierte que se reclama: Omisión en el cumplimiento del laudo de trece de junio de dos mil trece, emitido dentro del expediente 631/A/2009. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin aperturarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con veinte minutos del cuatro de abril de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117 de la ley normativa del juicio de garantías pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibida que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se le impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, se les impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con domicilio en Eje vial número 1, Esquina Prolongación Insurgentes s/n Palacio Municipal, del Barrio María Auxiliadora y/o Primer Piso de Teatro Daniel Zebadua, ubicado en Avenida Veinte de Noviembre esquina Calle Primero de Marzo, Centro Histórico, ambos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien deberá ser emplazado a juicio mediante oficio que al efecto se gire, con copia de la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo del citado ordenamiento legal, a las personas que indica, por así manifestarlo la parte quejosa. USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS O LECTORES ÓPTICOS. Como lo solicita la peticionaria de amparo, y de conformidad con el acuerdo 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como autorizadas a las personas con tal carácter en el presente juicio para que bajo su más estricta responsabilidad, hagan uso de cámaras fotográficas y/o lectores ópticos, para efectos de obtener reproducciones de las constancias de autos, previa toma de razón y recibo que deje en autos para constancia, con la salvedad de que se les hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se les proporcione se les fincará responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LAS NOTIFICACIONES POR OFICIO De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para firmar las notificaciones por oficio.

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