Francisco Arturo López Jímenez
Expediente 833/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Arturo López Jímenez
Actuaciones
- Principal
... Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Causa estado Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinticinco noviembre al uno de diciembre de dos mil veinte, en que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de once de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del dieciséis al veintinueve de octubre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veinte, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Requerimiento Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 y 3° transitorio de la Ley Reglamentaria vigente requiérase a las autoridades responsables para que en el ámbito de su competencia, dentro del término de tres días, realicen lo siguiente: ".para el efecto de que el Juez Primero del Ramo Civil con sede en esta ciudad deje insubsistente todo lo actuado en el juicio extraordinario civil hipotecario 1067/2018 -incluida la sentencia pronunciada en ese juicio, y sus actos de ejecución-, a partir del emplazamiento de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve..." Apercibimiento Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente al día siguiente, conforme lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para continuar con el procedimiento de inejecución, el que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Indíquese a las autoridades responsables que deberán de abstenerse de desarrollar actos intrascendentes, preliminares, o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo con el fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que en el periodo comprendido del cuatro al diecisiete de marzo, (plazo interrumpido con suspensión de plazos originados con motivo de la contingencia sanitaria), continuando el ocho y nueve de octubre, todos de dos mil veinte, (término contado tomando en consideración la notificación del acuerdo de veintiuno de septiembre del año actual, relativo a la reactivación de términos, conforme con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19), transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. En el caso, mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, por una pare se sobreseyó en el presente juicio de amparo; y, en otra, se otorgó al quejoso, contra el acto concreto de aplicación de los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, para los efectos que enseguida se precisan: ".1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la moral quejosa el artículo 49 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. 2. No se aplique a la moral quejosa el cobro por concepto de asistencia social contemplado en el artículo 93 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, con la limitante que dicha inaplicación deberá estar vinculada al cobro de derechos contemplados en el artículo 49 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. 3. La autoridad receptora del pago que realizó la quejosa por concepto de registro del instrumento jurídico precisado en esta sentencia, con base en el artículo 49 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, por la cantidad de ****, deberá dejar insubsistente tal cobro contenido en el comprobante fiscal con folio PP-277360 y procederá a la devolución a favor de la moral quejosa de la totalidad de la cantidad pagada por dicho derecho. 4. En la inteligencia de que la concesión de amparo, constriñe a la autoridad receptora del pago realizado por la quejosa con base en el artículo 93 de la Ley de Hacienda del Estado, a dejar insubsistente el cobro y efectuar la devolución de la cantidad de ****, correspondiente a la erogación por concepto de asistencia social contemplado en el citado artículo. En ese orden de ideas, toda vez que los efectos de la concesión de la tutela constitucional alcanzan al acto de aplicación de los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, materializado a través del comprobante fiscal con folio *****, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, una vez que la presente sentencia cause ejecutoria, deberá vincularse al cumplimiento de la presente sentencia en razón de sus funciones, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que, con base en tales funciones, acate la presente sentencia...." Ahora bien, los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [.] II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. [.]" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]". Conforme a tales disposiciones, el efecto restitutorio de la sentencia de amparo, que con arreglo a estos preceptos se manifiesta de diversa forma, según se trate de actos de carácter positivo o de carácter negativo, se rige fundamentalmente por el principio de relatividad, conocido comúnmente como la fórmula Otero, que impide, según se asienta en los preceptos transcritos, que en la sentencia se haga una declaración general sobre la ley o acto que se reclame. En ese sentido, cuando se reclama una ley y se logra la protección de la Justicia Federal, el efecto de ésta, es que ya no se aplique la ley al quejoso; pero cuando una ley se reclama por su aplicación y se obtiene la protección de la Justicia Federal, el efecto es el de nulificar el acto de aplicación. Bajo ese contexto, es de precisar que la ejecución del fallo no implica dejar insubsistentes los actos que son de alcance general que concurren a dar vigencia a la ley, puesto que al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, implicaría emitir una resolución de índole particular dejando 'sin vigencia' la ley sólo respecto de la quejosa, lo que resulta ocioso. Lo anterior porque en los términos precisados y conforme al artículo 97, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo carece de fuerza vinculatoria que obligue a las autoridades con facultades legislativas a derogar o dejar sin efectos sus actos, sino que su concesión se limita a su no aplicación a las quejosas en el presente ni en el futuro, por lo que no se hace necesario requerir por el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata a las autoridades señaladas como responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de San Luis Potosí. Al respecto se estima aplicable la tesis 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Requiere cumplimiento. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que dé al fallo protector pronunciado en autos, remitiéndole para tal efecto copia autorizada de la sentencia de dos de octubre de dos mil veinte. Apercibimiento. Se apercibe a la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, conforme lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para continuar con el procedimiento de inejecución, el que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Indíquese a la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que deberán de abstenerse de desarrollar actos intrascendentes, preliminares, o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo con el fallo protector. Sin que sea obstáculo para la anterior determinación la circunstancia de que la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no hayan sido señaladas como autoridades responsables en el juicio de amparo en que se actúa, pues ello no implica que no estén obligadas a cumplir con el fallo protector dictado en este expediente; por el contrario, a su cumplimiento están obligadas todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. Es aplicable la tesis dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 554, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava época, registro 208,849, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Escrito de cuenta. Téngase recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por ****, autorizado de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en este acuerdo. Notifíquese.
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