Francisco Arturo León Félix

Expediente 1048/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1048/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco Arturo León Félix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin que haya necesidad de requerir a las partes para que se presente a recoger documentos originales, toda vez que en este asunto, no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRFESEE FUERA DE AUDIENCIA......

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a sus autos el oficio firmado por la presidenta de la Junta Especial número Veintitrés de La Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en el sumario, remite la constancia solicitada. Documental. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por exhibida la prueba documental que anexa a su oficio la responsable de referencia; por lo que es procedente proveer lo siguiente: Por lo que respecta al acto reclamado que hace valer el quejoso, consistente en la omisión de acordar la certificación de que no existen pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 1099/2015, del índice de la junta responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la constancia probatoria remitida por el presidente de la junta responsable, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Causa de improcedencia, que se actualiza en una de sus dos modalidades, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En el precitado supuesto se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda, en cuanto a la omisión de la junta responsable, de acordar la certificación en relación a que no existe pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 1099/2015. El acto reclamado resultó cierto, toda vez que del informe remitido por el presidente de la junta responsable, se advierte que por auto de cinco de octubre del presente año, se ordenò a la secretaría de acuerdos que certificara si existían pruebas pendiente por desahogar, certificando el secretario que no existían pruebas pendiente por desahogar en el citado juicio laboral. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la omisión que dio motivo a la demanda de amparo, a saber, cesó la paralización atribuida a la responsable, respecto del juicio de origen, pues de la documental exhibida, se advierte que se restituyó al quejoso en el goce del derecho violado, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis 16 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por otro lado en lo que respecta a los actos reclamados por el quejoso consistente en la notificación a las partes de la certificación en la que se advierta que no existen pruebas por desahogar, así como el acuerdo de cierre de instrucción y el dictado de laudo, todo esto en el referido juicio laboral, resultan ser inexistente. Inexistencia de los actos reclamados. En atención a la naturaleza de los actos reclamados referidos en parrafo previo que el quejoso reclama, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo de su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte que el cinco de octubre del presente año, el secretario de la junta responsable certificó que no existían pruebas pendiente por desahogar en el citado juicio laboral, lo que acontece que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se encontraba jurídicamente imposibilitada para notificar o dictar el auto de cierre de instrucción, y para el dictado del laudo correspondiente, asimismo, se le concedió a las partes un término de tres días, contado a partir de su legal notificación, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en cuanto a la certificación efectuada. De lo anterior se observa que a la data de presentación de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa -nueve de septiembre de dos mil veintiuno-, no existían los actos reclamados referido en párrafo previo; por lo tanto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, por un lado y resultan inexistentes por otro es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción XXl del numeral 61, en relación con el artículo 63 fracción V, y la diversa fracción IV, del dispositivo citado en último término, todos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En ese contexto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las once horas con dieciocho minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, del análisis del auto de radicación se advierte que se reservó proveer sobre la prueba de inspección y fe judicial que ofreció el quejoso; sin embargo, la misma se considera innecesaria atendiendo lo resuelto con anterioridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia señalada para el día de hoy, toda vez que resultan necesarias las constancias del expediente laboral 1099/2015, del índice de la junta responsable, para dilucidar el fondo del asunto. Requerimiento. En ese tenor, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias referidas, en copia certificada, completas y legibles. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, tomo: V, Febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con dieciocho minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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