Francisco Arturo Cárdenas Cortés
Expediente 333/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Arturo Cárdenas Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se DESECHÓ la demanda de amparo. Por otro lado, el presente expediente no se considera de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Y como lo dispone el artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada, en la caratula del expediente..."
- Principal
"...Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, se radicó y proveyó lo conducente respecto la demanda de amparo presentada por... sin embargo, se omitió proveer respecto a la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo que los quejoso otorgaron a... Por otra parte en dicho proveído igualmente se asentó como nombre de la autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo... empero el nombre correcto de dicha profesionista lo es... En ese sentido, con fundamento en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se procede a regularizar el procedimiento para el efecto siguiente: Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a... toda vez que, como se advierte de la certificación secretarial, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Y, se precisa que el nombre correcto de la autorizada del quejoso es ********************, no... por lo que el nombramiento hecho asignado con este último nombre en auto de seis de junio del año en curso, queda sin efectos; no obstante persiste la autorización en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia para ********************, toda vez que como se advierte de la certificación no cuenta con registro en el sistema mencionado en párrafos precedentes..."
- Principal
"...Visto el escrito de demanda de amparo presentado por... contra actos del Juez de Control de Proceso Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 161 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 333/2023-III-A. DESECHAMIENTO.. Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado: . En el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causal de improcedencia citada, reglamenta lo que jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional es únicamente respecto de actos definitivos; por ende, en el presente caso, el amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, ello a fin de que en caso de que no sea favorable esta última determinación, se pueda estar en posibilidad de comparecer contra la misma ante un Juzgado de Distrito, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. .En cuanto a que la parte quejosa sea tercera extraña al juicio, tampoco se surte dicha excepción, en virtud de que quienes promueven el presente juicio son... esto es, los directos quejosos, procesados en la causa penal ******************** del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad y, por ende, son parte en el aludido proceso, aunado a que los accionantes no reclaman un derecho ajeno al multicitado proceso, sino como ya se precisó, su reclamo es el traslado del centro de reinserción social donde se encuentran a uno diverso, con independencia de las razones y agravios que exponen. Es aplicable, por su contenido substancial y en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 514, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, Materias Administrativa, Penal y Constitucional, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: TRASLADO DE UN REO A OTRO CENTRO DE READAPTACION SOCIAL, LA ORDEN PARA QUE SE EFECTUE EL, NO ES INCONSTITUCIONAL. En consideración a que el artículo 25 del Código Penal Federal faculta al órgano ejecutor de sanciones para que señale la colonia penitenciaria, establecimiento o lugar en que el sentenciado deba extinguir la pena de prisión a que se le condenó, la orden que dio aquél para que el quejoso fuera trasladado a otro centro de readaptación social, no implica que se le haya cambiado la sanción privativa de libertad impuesta por la de relegación, ni vulnera en su perjuicio las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; y no importa que las personas interesadas en entrevistar al sentenciado tengan que desplazarse hasta la ciudad en donde se ubica el reclusorio al que fue trasladado, porque esto no transforma la naturaleza de la sanción que compurga, de prisión a relegación, ni es obstáculo para que se readapte a la sociedad, en vista de que también en dicho sitio puede alcanzarse tal objetivo. En esas condiciones, el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, el peticionario de amparo no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra de los actos reclamados, pues es parte en el juicio. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de los Tribunales ordinarios, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto.. Ahora bien, como quedó establecido con antelación, la parte quejosa reclama ante esta instancia federal su traslado a diverso centro de reinserción social, sin especificar, emitida por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, en el expediente... de su índice. Entonces, como ya también se señaló en párrafos que anteceden, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra dicho acto procede la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado. En ese sentido, como ya se adelantó, existe la obligación legal de agotar el recurso de apelación que se ha referido en líneas precedentes, previo al ejercicio de la acción constitucional. Máxime que dicho medio ordinario de defensa que la parte quejosa debió interponer previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, cumple con los requisitos de existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Además, en el presente asunto, debe decirse que si bien el referido principio de definitividad prevé un caso de excepción al mismo, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; sin embargo, en el caso concreto, no se está ante dicho supuesto, pues como ya se dijo, el recurso de apelación se encuentra establecido en el ordinal 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en contra de la determinación emitida por un juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación...Sin embargo, en el presente asunto, aun cuando se trate de actos que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, debido a que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el traslado de... del centro de reinserción donde se encuentren a diverso centro de readaptación social, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada, o sea, la que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la invocada Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************,; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo..."
- Principal
En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por********************, contra actos del Juez de Control de Proceso Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 161 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 333/2023-III-A. DESECHAMIENTO.. Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado: . En el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causal de improcedencia citada, reglamenta lo que jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional es únicamente respecto de actos definitivos; por ende, en el presente caso, el amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, ello a fin de que en caso de que no sea favorable esta última determinación, se pueda estar en posibilidad de comparecer contra la misma ante un Juzgado de Distrito, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. .En cuanto a que la parte quejosa sea tercera extraña al juicio, tampoco se surte dicha excepción, en virtud de que quienes promueven el presente juicio son********************, esto es, los directos quejosos, procesados en la causa penal ******************** del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad y, por ende, son parte en el aludido proceso, aunado a que los accionantes no reclaman un derecho ajeno al multicitado proceso, sino como ya se precisó, su reclamo es el traslado del centro de reinserción social donde se encuentran a uno diverso, con independencia de las razones y agravios que exponen. Es aplicable, por su contenido substancial y en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 514, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, Materias Administrativa, Penal y Constitucional, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: TRASLADO DE UN REO A OTRO CENTRO DE READAPTACION SOCIAL, LA ORDEN PARA QUE SE EFECTUE EL, NO ES INCONSTITUCIONAL. En consideración a que el artículo 25 del Código Penal Federal faculta al órgano ejecutor de sanciones para que señale la colonia penitenciaria, establecimiento o lugar en que el sentenciado deba extinguir la pena de prisión a que se le condenó, la orden que dio aquél para que el quejoso fuera trasladado a otro centro de readaptación social, no implica que se le haya cambiado la sanción privativa de libertad impuesta por la de relegación, ni vulnera en su perjuicio las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; y no importa que las personas interesadas en entrevistar al sentenciado tengan que desplazarse hasta la ciudad en donde se ubica el reclusorio al que fue trasladado, porque esto no transforma la naturaleza de la sanción que compurga, de prisión a relegación, ni es obstáculo para que se readapte a la sociedad, en vista de que también en dicho sitio puede alcanzarse tal objetivo. En esas condiciones, el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, el peticionario de amparo no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra de los actos reclamados, pues es parte en el juicio. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de los Tribunales ordinarios, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto.. Ahora bien, como quedó establecido con antelación, la parte quejosa reclama ante esta instancia federal su traslado a diverso centro de reinserción social, sin especificar, emitida por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, en el expediente ******************** de su índice. . Entonces, como ya también se señaló en párrafos que anteceden, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra dicho acto procede la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, .En ese sentido, como ya se adelantó, existe la obligación legal de agotar el recurso de apelación que se ha referido en líneas precedentes, previo al ejercicio de la acción constitucional. Máxime que dicho medio ordinario de defensa que la parte quejosa debió interponer previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, cumple con los requisitos de existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en la página 1701, del Tomo II, Libro 58, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2018, Décima Época, con registro 2017822, que establece: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad..Además, en el presente asunto, debe decirse que si bien el referido principio de definitividad prevé un caso de excepción al mismo, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; sin embargo, en el caso concreto, no se está ante dicho supuesto, pues como ya se dijo, el recurso de apelación se encuentra establecido en el ordinal 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en contra de la determinación emitida por un juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación...Sin embargo, en el presente asunto, aun cuando se trate de actos que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, debido a que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el traslado de********************, del centro de reinserción donde se encuentren a diverso centro de readaptación social, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada, o sea, la que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la invocada Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************,; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************y********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo y en términos restringidos a ******************** por no contar con registro alguno en dicho sistema.."
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