Francisco Arroyo De la Concha
Expediente 733/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Francisco Arroyo De la Concha
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo, Coyotepec, devuelve lo actuado en el exhorto ***********. Dese de baja la comunicación oficial en cita, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin necesidad de acusar recibo, pues al haberse remitido vía SISE, el propio sistema lo genera de manera automática. Por otra parte, dado que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, informando que en auto de quince de junio en curso, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del mismo, el cual registró con el número ************* de su índice; instrúyase al oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, para que relacione el expediente electrónico relativo al presente cuaderno, con el ya mencionado, a fin de que provea lo que en derecho proceda respecto de la comunicación oficial de cuenta. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el correo electrónico a través del cual la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en atención al oficio 14047/2023 mediante el cual este juzgador se declaró incompetente, informa que la demanda de amparo se turnó al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, a efecto de que se remita vía interconexión al citado órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por la Circular 12/2020 de la Dirección General de Gestión Judicial; por tanto, dicho comunicado debe obrar como constancia. Por otra parte, incorpórese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en el que transcribe el auto de quince de junio en curso, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del mismo, el cual registró con el número 892/2022 de su índice; asimismo, declinó competencia por conocimiento previo al Juzgado Décimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. En consecuencia, archívese este cuadernillo como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, al tratarse de un expediente en el que se declinó la competencia; no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Expediente sin relevancia documental. Destruible", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros electrónicos y en el Sistema Integral de Seguimiento De Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por************ contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 18, 20, 21 y 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico **************. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Cabe indicar que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 15 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.1o.A.19 K, publicada en la página 1458, Tomo XX, Diciembre de 2004, registro digital: 179731, Novena Época, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Asimismo, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951, registro digital: 229397 Octava Época, que establece: SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo. Ahora, analizada la demanda de garantías y atendiendo a la narrativa de la misma se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado ordenada en resolución administrativa *********** por el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala de tres de marzo de dos mil veintitrés, de dicho Centro Penitenciario al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Oaxaca, calificada de legal por el Juez de Ejecución Especializado de Medidas aplicables para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala y ejecutada el catorce de marzo siguiente, así como los actos que se llevaron a cabo con motivo de dicho traslado y sus consecuencias legales. Por tanto, acorde a dichos actos la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada XXI/2021 (10ª), publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la orden de traslado no es de los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, dicha tesis es del texto siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10.a)]. HECHOS: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. JUSTIFICACIÓN: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. (énfasis añadido) Sin que obste a lo anterior, que señalen como reclamados actos de discriminación y castigo, debido a que de la lectura integral de la demanda, se advierte que tales actos los hace valer como derivados de las condiciones del traslado ejecutado de un Centro de Reinserción Social a otro diverso; sin que se advierta su impugnación de forma destacada e independiente, en ese sentido, los actos reclamados por el quejoso, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incompetencia. Del análisis de la demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social; Encargado del Área Técnica del Centro de Reinserción Social; Encargada de Área Jurídica del Centro de Reinserción Social; Jefe de Custodia Penitenciaria del Centro de Reinserción Social; Comité Técnico del Centro de Reinserción Social; Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Juez Segundo de Distrito y Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales, todos del Estado de Tlaxcala y al Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México a quienes les atribuye la orden de traslado ordenada en resolución administrativa ************* por el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala de tres de marzo de dos mil veintitrés, de dicho Centro Penitenciario al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Oaxaca, calificada de legal por el Juez de Ejecución Especializado de Medidas aplicables para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala y ejecutada el catorce de marzo siguiente, así como los actos que se llevaron a cabo con motivo de dicho traslado y sus consecuencias legales; por tanto, se estima que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De este dispositivo legal se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bien, de ese artículo se desprende que el espíritu de la ley fue, en parte, dar prerrogativa a la ejecución del acto reclamado para establecer la competencia del juez de amparo; y, en otra, facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para disponer de mejores posibilidades de defensa, a efecto de estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Ahora, respecto a la hipótesis señalada en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito competente será aquel que resida en el lugar donde el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse o siga ejecutándose. Del análisis del precepto, así como de su interpretación, se obtiene que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en donde se haya presentado la demanda; en caso contrario, esto es, si el acto reclamado sí requiere de ejecución material, el elemento a atender se vincula al lugar de esa ejecución, ya obrando hacia el pasado, en el presente o hacia el futuro inminente; es decir, el juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar en donde se haya ejecutado, se esté ejecutando, se trate de ejecutar o se deba ejecutar el acto reclamado y, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presentó la demanda de amparo. Las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinan la competencia de los jueces de distrito, ya sea en función de que el acto reclamado tenga o no ejecución, con la finalidad de que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, pues sólo de esa manera se puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquéllos que por su naturaleza pueden suspenderse, conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el que se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en donde el quejoso haya presentado la demanda. En el caso, también se debe tener presente si la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado) para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. La esencia de la competencia territorial es el lugar en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que ejerza jurisdicción en el lugar en que se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y resulta imperante en el juicio de amparo Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso no señala como autoridad responsable alguna en la residencia de este juzgado federal, además, el acto reclamado al ser la orden de traslado ejecutada, es un acto de naturaleza de tracto sucesivo, el cual comienza a ejecutarse en un distrito (lugar en el que se encuentra inicialmente recluido) y termina en diverso Distrito (lugar en el que fue trasladado), por lo que es competente cualquiera de los juzgados de Distrito que ejerzan jurisdicción en dicho Distrito a prevención. Por lo tanto, este juzgador declara la actualización de la incompetencia legal por territorio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2020828, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar el trámite del juicio amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declina el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, dado que es el lugar donde actualmente está recluido. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase, la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para que por su conducto sea turnada al órgano que corresponda, solicitándole el acuse de recibo. Ahora, en ningún momento se pasa por alto que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el juez que se declara incompetente debe abstenerse a decidir sobre la admisión y respecto de la medida suspensional del acto reclamado, salvo que se trate de algún supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cual no acontece en el caso al no encontrase los actos reclamados en los supuestos de dicho numeral, por los motivos expuestos en el análisis de los actos reclamados. Exhorto. Por su parte, en razón de que el quejoso dice encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social N.13 CPS Oaxaca; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 74 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, gírese atento exhorto vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS-Oaxaca" y le notifique el presente proveído. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. Cúmplase.
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