Francisco Arroyo de la Concha

Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
767/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Arroyo de la Concha

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el sobre signado por el Administrador de Correos de esta ciudad, que contiene el oficio 43236/2022 de dos de enero de dos mil veintitrés, dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, con la leyenda "destinatario desconocido en el Domicilio que cita." En tales condiciones, reenvíese el oficio 43236/2022 vía estafeta, al Delegado de la autoridad responsable, Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, en el domicilio ubicado en: Avenida Constituyentes 947, Edificio "C", Planta Alta, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México. Asimismo, agréguese el sobre signado por el Administrador de Correos de esta ciudad, que contiene el oficio 12443/2023 de veinte de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, Ciudad de México de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con la leyenda "Rehusado". En tales condiciones, reenvíese el oficio 12443/2023 vía estafeta, al Encargado de la Subdirección de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el domicilio ubicado en: Calzada Ermita Iztapalapa, sin número, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09510, Ciudad de México. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por el que solicita se le informe sobre el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Ahora bien, infórmese al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, que en fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente al juicio en que se actúa, misma que le fue notificada vía interconexión el veintiocho de abril de dos mil veintitrés a las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos. En consecuencia a lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones, envíese a la citada autoridad responsable, copia autorizada de la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de junio de dos mil veintitrés. CUESTIÓN PREVIA. Vistas las demandas de amparo que promueve Francisco Arroyo de la Concha, así como la certificación de cuenta, se procede a proveer en los siguientes términos: De la demanda de amparo presentada por Francisco Arroyo de la Concha, contra actos del Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades, registrada con el número 767/2023, se advierte que se reclama: "De las autoridades administrativas señaladas como responsables se reclama, la orden de traslado y su ejecución fuera de todo procedimiento legal, sin motivo legal o fundamento alguno, sin razón alguna, y sin cumplir con todos los protocolos y requisitos inherentes al caso, sin ser esta autoridad administrativa competente para ello, violaciones que culminaron con el internamiento del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS OAXACA. De la Autoridad Judicial se reclama la calificativa de dar por legal el traslado del suscrito quejoso, todo lo anterior sin previo aviso ni al suscrito ni a mis familiares, sin cumplir con las formalidades al procedimiento, sin fundar ni motivar el acto de molestia, causándome con esto una violación a mis Garantías Constitucionales y conculcando mis derechos humanos más fundamentales, causándome agravios, mismos que ahora se combaten por esta vía." En el diverso juicio de amparo 768/2023, se desprende que Francisco Arroyo de la Concha, contra actos del Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades, reclama: "De las autoridades administrativas señaladas como responsables se reclama, la orden de traslado y su ejecución fuera de todo procedimiento legal, sin motivo legal o fundamento alguno, sin razón alguna, y sin cumplir con todos los protocolos y requisitos inherentes al caso, sin ser esta autoridad administrativa competente para ello, violaciones que culminaron con el internamiento del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS OAXACA. De la Autoridad Judicial se reclama la calificativa de dar por legal el traslado del suscrito quejoso, todo lo anterior sin previo aviso ni al suscrito ni a mis familiares, sin cumplir con las formalidades al procedimiento, sin fundar ni motivar el acto de molestia, causándome con esto una violación a mis Garantías Constitucionales y conculcando mis derechos humanos más fundamentales, causándome agravios, mismos que ahora se combaten por esta vía. De lo expuesto se observa que en las demandas promovidas por Francisco Arroyo de la Concha, contra actos del Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades, registradas con los números 767/2023 y 768/2023, respectivamente, se reclaman los mismos actos. De ahí que sea procedente la acumulación de oficio en el presente asunto, pues en los casos en que existan diversos juicios promovidos contra las mismas autoridades, mismos actos reclamados (actos vinculados) e incluso, los quejosos sean idénticos, el juzgador podrá decretar la acumulación, con el objeto de cumplir cabalmente con la garantía consagrada por el artículo 17 constitucional, que establece la impartición pronta y expedita de justicia, misma que se traduce en que exista economía procesal durante la tramitación de dicho expediente y evitar resoluciones contradictorias que impliquen el mismo problema jurídico. Así, dado que los actos reclamados en la demanda 767/2023 sustancialmente son los mismos y están íntimamente vinculados, a los que se reclaman en la diversa 768/2023, tomando en consideración la íntima conexión que existe entre los juicios (identidad del quejoso y actos reclamados), por economía procesal y con el fin de evitar la contradicción de resoluciones en asuntos que impliquen el mismo problema jurídico, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA ACUMULACIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO 767/2023 y 768/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, al ser el primero mencionado el más antiguo, ello en términos del artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. "[.] Época: Décima Época Registro: 2009910 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/2015 (10a.) Página: 19 ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal.[.]." Por lo tanto, se procede a acordar sobre las demandas de amparo, en los términos siguientes. Téngase por recibidas las demandas de amparo promovidas por Francisco Arroyo de la Concha, contra actos del Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con los números 767/2023 y su acumulado 768/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE PLANO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demandas y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Ahora bien, analizada en su integridad las demandas de amparo, esta Juzgadora Federal, considera que las mismas son improcedentes en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, ello por falta de voluntad de la parte quejosa al carecer de firma electrónica y por inverosimilitud de su contenido. De la fracción que se actualiza, se reconoce la improcedencia del juicio de amparo por una causa distinta de las enunciadas en sus primeras 22 fracciones, siempre que derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley de Amparo. Una de esas causas es la que deriva de la primera norma referida (artículo 6º); pues el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. La forma en que la parte quejosa valida la autenticidad de su voluntad, es a través de su firma (autógrafa o electrónica) o la de un tercero que promueva en su nombre; salvo los casos excepcionales -las previstas en el artículo 15 de la ley de Amparo. En el caso sometido a estudio, la demanda de amparo fue presentada en el Portal de Servicios en línea (Sistema Electrónico) del Poder Judicial de la Federación. Al efecto, se precisa que en los artículos 2, fracciones XV, XVI; XXVI; 3, fracción V, 42, 43, 45 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que regulan la manera en la que se tendrán que presentar las demandas de amparo por esa vía ante los órganos jurisdiccionales, y dichos preceptos, establecen que, las demandas de amparo que se presenten a través del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación deben contener la firma electrónica del promovente, con la evidencia criptográfica correspondiente. Esa disposición constituye una regla general que, conforme los diversos numerales 42 y 43 del acuerdo Plenario invocado, admite como excepción los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, la demanda presentada de manera electrónica (en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación) debe contener, por regla general, las evidencias criptográficas de quien la promueve; o, en su defecto, satisfacer un mínimo de requisitos para hacer verosímil que fue promovida por la parte quejosa o por otra persona (individualmente identificable) en su nombre. En efecto, los artículos 42 y 43 del Acuerdo Plenario invocado distinguen entre "la parte quejosa" y "la persona promovente"; lo cual se explica porque, contra los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo (enunciados en el numeral 42 del aquel Acuerdo) la demanda no siempre puede ser promovida por la parte quejosa, sino que es necesario que un tercero lo haga en nombre o a su favor. En el caso, las demandas, según se aprecia de su texto, fueron promovidas en apariencia por Francisco Arroyo de la Concha. Sin embargo, éstas carecen de firma electrónica y no es verosímil que la persona nombrada en el mismo escrito las haya promovido por sí; sin que, por otro lado, contenga el nombre de quien, en su caso, la haya promovido a su favor. En efecto, para esta Juzgadora Federal, es un hecho notorio que los internos, cuando efectivamente formulan por sí una demanda contra actos ocurridos en su lugar de internamiento, hacen uso de cualquier medio a su alcance, como son, verbigracia, las manifestaciones al momento de notificarse de otro asunto, demandas manuscritas o, incluso, a través de un tercero en libertad, quien desde luego manifiesta al menos su nombre. En el caso, por un lado, no es verosímil que las demandas hayan sido formulada directamente por la persona enunciada en las demanda; pues en éstas se dijo que se encuentra privada de la libertad en un centro penitenciario, por lo que no tiene acceso a dispositivos de cómputo o de comunicación inalámbrica; y, por otro, tampoco se puede considerar que fue un tercero quien la promovió en su nombre, pues no se dijo así en la demanda ni se cuenta con algún elemento que permita apreciarlo de esa manera. Lo que en realidad se aprecia es un abuso desmedido de la facilidad de promover una demanda sin firma electrónica; pues, por los numerosos informes requeridos y rendidos por este juzgado respecto de demandas idénticas o similares a la de cuenta, es un hecho notorio la presentación multitudinaria de demandas de ese tipo sin un fin claro; tal es así que se señalan como responsables a diversas autoridades del Estado de Tlaxcala, como se corrobora en el siguiente fragmento de la demanda (igual o similar a aquéllas). En esas condiciones, al carecer las demandas de firma electrónica (evidencia criptográfica) ni ser verosímil que la haya promovido quien se enuncia en el mismo escrito o un tercero en su nombre, es evidente que no existe una voluntad real de la parte quejosa; y, por ende, en realidad se trata de una demanda de amparo anónima, en la que no es posible identificar a su verdadero autor, de ahí que proceda DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo intentada. Similar criterio han sostenido el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver su recurso de queja 106/2022 y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 2/2022. Por las mismas razones explicadas al inicio de esta determinación, no procede tener por señalado domicilio alguno señalado en la demanda; pues sería un contrasentido que no se tuviera por manifestada voluntad alguna por cuanto a la acción de amparo, pero sí respecto del señalamiento de domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese este auto y los subsecuentes por medio de lista. DOMICILIO. Se tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Notifíquese por lista de acuerdos.

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