Francisco Arroyo De la Concha

Expediente 588/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
588/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Arroyo De la Concha

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual informa que dicho órgano aceptó la competencia para conocer del presente juicio declinado por este órgano de control constitucional, el cual radico con el número 568/2023 y acumulados. Ahora debido a que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes, mismo que por tener el carácter de expediente auxiliar, carecer de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses. Finalmente, háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 257/2023 orden 301/2023 de su índice, formado con motivo del diverso exhorto 300/2023, orden 333/2023, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de la comunicación oficial recibida, específicamente de la constancia de notificación de diecisiete de junio de esta anualidad, se advierte que la parte quejosa fue debidamente notificada del auto de nueve de junio de pasado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, mediante la cual ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye al Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 588/2023-III. Luego, del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades administrativas señaladas como responsables se reclama, la orden de traslado y su ejecución fuera de todo procedimiento legal, sin motivo legal o fundamento alguno, sin razón alguna, y sin cumplir con todos los protocolos y requisitos inherentes al caso, sin ser esta autoridad administrativa competente para ello , violaciones que culminaron con el internamiento del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS OAXACA . De la Autoridad Judicial se reclama la calificativa de dar por legal el traslado del suscrito quejoso, todo lo anterior sin previo aviso ni al suscrito ni a mis familiares, sin cumplir con las formalidades al procedimiento, sin fundar ni motivar el acto de molestia, causándome con esto una violación a mis Garantías Constitucionales y conculcando mis derechos humanos más fundamentales, causándome agravios, mismos que ahora se combaten por esta vía. Así mismo , el suscrito *** considero importante manifestar que fui trasladado de manera involuntaria y sin que se colmarán los requisitos de ley para tal efecto, ya que no existen pruebas LEGALES que funden y motiven el traslado del suscrito al centro de readaptación social federal N. 13 " CPC OAXACA,", YA QUE ME EXCARCELARON DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TLAXCALA, bajo el argumento de que representaba un riesgo institucional para el centro de reinserción social donde me encontraba, sin embargo la autoridad penitenciaria omite ofrecer todas y cada una de las pruebas con las que sostiene su orden y si el suscrito no ha cometido ninguna falta al reglamento interno y no ha cometido ningún delito ni falta administrativa que pongan en evidencia la necesidad de que el suscrito haya sido trasladado por medidas de seguridad, ya que en materia penal no basta con decir sino que hay que probar lo dicho y si eso no sucede en el presente debe deducirse que se trata de un traslado ilegal realizado con una indebida fundamentación y motivación." Esto es, lo actos reclamados se hacen consistir en lo siguiente: 1. La orden de traslado del directo quejoso. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado y los puntos petitorios se aprecia que manifestó: "Cuarto.- invoco la suplencia de la queja y notificar de urgencia ya que existe tortura psicofísica y emocional, así como intimidación y discriminación de tracto sucesivo. [.]" . [Lo subrayado es propio] Lo anterior se advierte que también reclama lo siguiente: 2. La tortura psicofísica y emocional, así como la intimidación y discriminación. ? Se niega la suspensión de plano respecto la tortura psicofísica y emocional, así como la intimidación y discriminación. Ahora, en virtud que previo a realizar pronunciamiento respecto de la suspensión solicitada, debe tomarse en consideración el artículo 145 de la Ley de Amparo. De tal precepto legal deriva que el incidente de suspensión se declarará sin materia si aparece debidamente probado que: a) Ya se resolvió sobre la suspensión definitiva; b) En otro juicio de amparo; c) Promovido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito; d) Contra el mismo acto; y, e) Contra las propias autoridades. Luego, del juicio de amparo 574/2023 del índice de este juzgado de Distrito, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: 1. Que *** promovió juicio de derechos fundamentales, contra actos de Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades, que hicieron consistir en la orden de traslado del directo quejoso, la tortura psicofísica y emocional, así como la intimidación y discriminación; 2. Que en siete de junio del año en curso, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que "cesen cualquiera de los actos que reclama el quejoso a las autoridades responsables administrativas." Por otra parte, de las constancias que derivan del presente juicio de amparo 588/2023, se advierte: 1. Que *** promovió juicio de derechos fundamentales, contra actos de Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades, que hicieron consistir en la orden de traslado del directo quejoso, la tortura psicofísica y emocional, así como la intimidación y discriminación. 2. Que se solicitó la suspensión de oficio respecto de tales actos. Por tanto, está debidamente demostrado que se surten los extremos del numeral 145 de la ley de materia, esto es: a) Ya se resolvió sobre la suspensión solicitada; b) En el juicio de amparo 574/2023 del índice de este órgano de control constitucional; c) Promovido por ***; d) Contra los mismos actos reclamados (orden de traslado del directo quejoso, la tortura psicofísica y emocional, así como la intimidación y discriminación); e) Contra las mismas autoridades responsables. Por tanto, en atención a lo plasmado en líneas precedentes y con el fin de evitar la emisión de resoluciones contradictorias puesto que la intención del sentido de esta interlocutoria es que subsista solo una decisión sobre la suspensión, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, es improcedente proveer sobre la suspensión de plano solicitada por ***. ? Incompetencia Ahora, de la lectura de la demanda, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que la parte quejosa señaló la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro de Readaptación Social Federal número 13 "CPC OAXACA" Ahora, resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. (.)" Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo. El precepto constitucional, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del juicio señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades administrativas señaladas como responsables se reclama, la orden de traslado y su ejecución fuera de todo procedimiento legal, sin motivo legal o fundamento alguno, sin razón alguna, y sin cumplir con todos los protocolos y requisitos inherentes al caso, sin ser esta autoridad administrativa competente para ello , violaciones que culminaron con el internamiento del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS OAXACA . De la Autoridad Judicial se reclama la calificativa de dar por legal el traslado del suscrito quejoso, todo lo anterior sin previo aviso ni al suscrito ni a mis familiares, sin cumplir con las formalidades al procedimiento, sin fundar ni motivar el acto de molestia, causándome con esto una violación a mis Garantías Constitucionales y conculcando mis derechos humanos más fundamentales, causándome agravios, mismos que ahora se combaten por esta vía. Así mismo , el suscrito *** considero importante manifestar que fui trasladado de manera involuntaria y sin que se colmarán los requisitos de ley para tal efecto, ya que no existen pruebas LEGALES que funden y motiven el traslado del suscrito al centro de readaptación social federal N. 13 " CPC OAXACA,", YA QUE ME EXCARCELARON DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TLAXCALA, bajo el argumento de que representaba un riesgo institucional para el centro de reinserción social donde me encontraba, sin embargo la autoridad penitenciaria omite ofrecer todas y cada una de las pruebas con las que sostiene su orden y si el suscrito no ha cometido ninguna falta al reglamento interno y no ha cometido ningún delito ni falta administrativa que pongan en evidencia la necesidad de que el suscrito haya sido trasladado por medidas de seguridad, ya que en materia penal no basta con decir sino que hay que probar lo dicho y si eso no sucede en el presente debe deducirse que se trata de un traslado ilegal realizado con una indebida fundamentación y motivación." De las transcripciones que anteceden, así como del análisis íntegro del libelo de demanda, se desprende que los actos reclamados, esencialmente, se hacen consistir en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro de Readaptación Social Federal número 13 "CPC OAXACA". Por ende, si el acto que se reclama es la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro de Readaptación Social Federal número 13 "CPC OAXACA", este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tuvo o tendrá verificativo en el Estado de Oaxaca, pues es en dicha Entidad donde se encuentra recluido el quejoso. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio vía ordinaria al Juez de Distrito en comento, solicitándole, al que corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Ahora, toda vez que este juzgado de distrito cuenta únicamente con aquellas constancias que resultan indispensables para el impulso del presente asunto, así como aquéllas que fueron exhibidas físicamente, las cuales fueron incorporadas al archivo del expediente electrónico que concuerdan fiel y exactamente en contenido con las constancias que obran glosadas en el expediente físico en que se actúa, se autoriza la consulta del expediente electrónico a dicho órgano. Por otro lado, toda vez que la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca", lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en ordinales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, notifique al quejoso *** el presente proveído. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 79, 80 y 81 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De igual manera, de conformidad con los artículos 257, fracción I y 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene por señalado el correo electrónico y número telefónico, para realizarle las comunicaciones no procesales del presente expediente. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica de la Jueza así como de la Secretaria de su adscripción, envíese el exhorto de referencia. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de los acuerdos que con motivo de este asunto se emitan. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por exhorto al quejoso.

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