Francisco Arroyo de la Concha

Expediente 673/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Arroyo de la Concha

Actuaciones

  1. Principal

    Incompetencia. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la presente demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: - La orden de traslado ejecutada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", en donde actualmente se encuentra internado. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán.****************************************Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: ****************************************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.****************************************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.****************************************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."****************************************De la transcripción efectuada, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, siendo las siguientes:****************************************I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; ****************************************II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y,****************************************III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.****************************************De ahí que la competencia territorial de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o en su caso, no lo requiera, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo.****************************************Por tanto, si la parte quejosa reclama la orden de traslado ejecutada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", en donde actualmente se encuentra internado, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, dado que los efectos de ese mandato comenzaron a ejecutarse en una jurisdicción (Tlaxcala, Tlaxcala) y continuaron ejecutándose en otra (Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca).****************************************Se afirma lo anterior, porque según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda, dicho traslado se materializó el pasado catorce de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que el directo quejoso ******************** fue llevado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", en donde actualmente está recluido.****************************************Por lo que, al comenzar a ejecutar los efectos de ese mandato en una jurisdicción y continuar ejecutándose en otra, diversas a la de este órgano jurisdiccional, es incuestionable que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en donde se establece que es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, pero con jurisdicción en uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución.****************************************En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo.******************** ********************Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1ª./J.35/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 225, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente:****************************************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." ****************************************Sin que obste a lo anterior que en el criterio trascrito se tomara como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, ya que la propia Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que su contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, como se lee en la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) visible en la página 933, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materias Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:******************** ********************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia."****************************************Por tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, se delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por ser el que ejerce jurisdicción en el lugar en el que el actualmente se encuentra interno el quejoso, a fin de facilitarle el acceso a la justicia.******************** ********************Sin que pase inadvertido que la presente demanda carece de firma electrónica; sin embargo, es el juez competente quien deberá determinar la procedencia o no de la misma, conforme a los casos de excepción previstos en la ley de la materia.****************************************V. Cuaderno de incompetencia. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo.****************************************VI. No ha lugar a decretar suspensión de plano. Ahora bien, en relación a la manifestación que hace el impetrante, en el sentido de que las autoridades responsables le provocaron una tortura psicológica, derivado del traslado ejecutado, lo cierto es que el propio quejoso hace consistir dicha tortura en el total estado de incertidumbre en el que se encuentra, al desconocer los motivos del traslado; de ahí que dichos actos no puedan homologarse a los contemplados en el artículo 22 de la Constitución Federal y, por ende, no procede conceder la suspensión de plano, ni dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita con tales manifestaciones.******************** ********************VII. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión.****************************************VIII. Se gira exhorto. Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, envíese atento exhorto vía sise al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído al quejoso ********************, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca".****************************************Se faculta al Juez exhortado, para que en caso de ser necesario, con fundamento en el ordinal 21, último párrafo de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles, y se le solicita que una vez que sea diligenciado el exhorto que se remite, lo devuelva a este órgano de control constitucional para que obre como corresponda.****************************************El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal.****************************************Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, de cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional.****************************************Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acurdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa.****************************************IX. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que pone fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.****************************************X. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.****************************************XI. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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