Francisco Arroyo de la Concha
Expediente 686/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Arroyo de la Concha
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio *** firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *** encomendado por este órgano jurisdiccional, del que se advierte que se notificó a la parte quejosa ******, el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo que nos ocupa. Sin que sea necesario acusar recibo, ya que el oficio se recibió vía electrónica y el acuse se generó de manera automática. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, agréguese el diverso oficio **** firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual transcribe el proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, del que se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de juicio de amparo promovido por ****, contra actos del Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con domicilio conocido en la Ciudad de México y otras autoridades, el cual radicó bajo el juicio de amparo indirecto *** y acumuló (junto con otros expedientes) al diverso *****. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por último, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, el cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo principal es destruible.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con domicilio conocido en la Ciudad de México y otras autoridades.. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo *****, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de "juicio en línea". Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. III. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en *****, y de manera alternativa el diverso ubicado en *****. IV. Suspensión de plano sin materia respecto de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso solicita la suspensión de plano por lo que hace a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que "QUE EXISTE TORTURA PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL, ASÍ COMO INTIMIDACIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE TRACTO SUCESIVO." Al respecto, se destaca que con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye hecho notorio para este órgano jurisdiccional las actuaciones que integran el juicio de amparo *** del índice de este juzgado promovido por el ahora quejoso *****, contra los mismos actos y autoridades responsables, en el que en auto de doce de junio de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano respecto de los citados actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que no hay materia que suspender, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo. V. Incompetencia. Ahora bien, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Destacado lo anterior, cabe destacar que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social número 13 con residencia en Oaxaca, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicha orden se ejecutó desde el catorce de marzo del año en curso, por lo que actualmente se encuentra en este último reclusorio. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución material el acto reclamado. De manera que, en este caso, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentra recluido el directo agraviado, es decir, en el Estado de Oaxaca. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 899, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Por lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno; a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. VI. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en auxilio de las labores de este juzgado, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que ordene a quien corresponda notifique el presente auto al quejoso, quien se encuentra recluido en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social N.13 "Cps Oaxaca". VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VIII. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73, 113, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. IX. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
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