Francisco Arroyo de la Concha

Expediente 518/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
518/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Arroyo de la Concha

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio remitido electrónicamente por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, a través del cual informa acepta la competencia declinada en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 518/2023 promovido por ********************; memorial que se ordena agregar en autos para los efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes como asunto definitivamente concluido. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 19, fracción I, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este cuaderno de antecedentes es destruible transcurridos seis meses.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo enviada vía juicio en línea por ******************** sin firma electrónica contra actos del Director o encargado temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 518/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de traslado y su ejecución de un centro penitenciario a otro centro de reclusión en contra del quejoso, con motivo de la resolución administrativa (Acta de sesión extraordinaria 23/2023) por parte del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala de tres de marzo de dos mil veintitrés, y la solicitud de cuatro de marzo del año en curso por parte del encargado temporal del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, mediante oficio número 952/03/2023 en el que solicita traslado urgente del quejoso al Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala; y la solicitud de catorce de marzo de dos mil veintitrés, del encargado temporal del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, mediante oficio 1185/03/2023, por el cual solicita al Juez Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala, se pronuncie respecto del traslado realizado de la persona privada de su libertad ******************** del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, al diverso Centro Federal de Readaptación Social N 13 CPS Oaxaca; así como la calificación de legal del traslado de veintiocho de marzo de la presente anualidad, realizada por el Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del estado de Tlaxcala. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO Ahora bien, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, carece de competencia legal para conocer de la demanda que nos ocupa, por las consideraciones siguientes: En la especie, el promovente ******************** en su escrito inicial de demanda en lo que interesa, reclamó toralmente la orden de traslado y su ejecución de un centro penitenciario a otro centro de reclusión en contra del suscrito quejoso, con motivo de la resolución administrativa (Acta de sesión extraordinaria 23/2023) por parte del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala de tres de marzo de dos mil veintitrés, y la solicitud de cuatro de marzo del año actual por parte del encargado temporal del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, mediante oficio número 952/03/2023 en el que solicita traslado urgente del quejoso al Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala; y la solicitud de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, del encargado temporal del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, mediante oficio 1185/03/2023, por el cual solicita al Juez Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala, se pronuncie respecto del traslado realizado de la persona privada de su libertad ******************** del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, al diverso Centro Federal de Readaptación Social N 13 CPS Oaxaca. En principio, debe señalarse que para determinar la competencia entre jueces de distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si los actos requieren ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener o hayan tenido ejecución, los actos reclamados, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de amparo, del cual derivan las siguientes reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, en asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Cuando se reclamen actos que requieran ejecución material, será competente, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del numeral 37 de la ley en cita, el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto; b) Tratándose de actos reclamados que deban ejecutarse en distintos lugares y su ejecución haya comenzado en un distrito y sigan ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, conforme a la regla establecida en el párrafo segundo del precepto en comento; y, c) Si se reclaman actos que no requieran ejecución material, será competente de acuerdo con la regla establecida en el párrafo tercero del numeral señalado, el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado los reclamados. Dado que las reglas que fijan la competencia por territorio en materia de amparo, obedecen a la naturaleza del acto, en principio, debe determinarse si el acto reclamado posee ejecución material, o bien, si se trata de actos de naturaleza meramente declarativa. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la orden de traslado y su ejecución de un centro penitenciario Centro de Reinserción Social Tlaxcala al diverso Centro Federal de Readaptación Social N 13 CPS Oaxaca, de lo que se advierte que la ejecución material del acto reclamado tuvo lugar en esta última entidad federativa, acorde a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Situación que revela que la competencia para conocer del asunto se surte a favor de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, en San Bartolo Coyotepec, por razón de territorio, en la inteligencia de que el acto reclamado destacado tiene su ejecución en la Capital de aquella Entidad Federativa, donde ejercen jurisdicción dichos jueces. Por tanto, es inconcuso que se está ante actos que requieren ejecución material, y que los mismos, según el quejoso, han tenido lugar en la ciudad de Oaxaca, de ahí que, se surte la competencia prevista en el párrafo primero del numeral 37 de la ley en cita, es decir, el conocimiento corresponde a un juez de distrito de aquella ciudad. En consecuencia, este juzgado SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del presente juicio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y se declina a favor del Juez de Distrito en Turno en el estado de Oaxaca, en San Bartolo Coyotepec. Por tanto, se solicita atentamente al Juez de Distrito, en favor de quien se declina la competencia, informe si la acepta o no. Incompetencia sin proveer sobre la suspensión de plano en términos del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que el promovente atribuye a las autoridades responsables, lo es la ejecución de una orden de traslado (que inició en Tlaxcala y concluyó el Oaxaca); así como las condiciones de internamiento, a los cuales les atribuyen diversas afectaciones psicofísicas y emocionales con fines intimidatorios de tracto sucesivo; de igual manera, la inconstitucionalidad del reglamento del centro de reclusión; ante tales reclamos, debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48,fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por las consideraciones siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de los cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y sean efectivos. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo dispositivo legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, es posible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. En efecto, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una infracción directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por que conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las cuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se encuentra con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De ahí que, conforme a lo así destacado, al ser los actos reclamados la orden de traslado (ya ejecutada) y su calificación realizada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala, dichos actos se encuentran dentro de un procedimiento que revisa el juez de control o ejecución, por ende, estos no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede conceder la suspensión de plano al afectarse la libertad fuera de procedimiento, supuesto que en el caso no se actualiza. En el mismo tenor, por lo que hace a los actos de tortura (castigo) por el traslado infringido al suscrito podrían encuadrarse por los previstos por los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no refiere cuál es la naturaleza sobre la que versa el acto de tortura que aduce. Ante dicha situación, no puede considerarse que se está ante uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "tormento de cualquier especie", y por tanto, que se ubique en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ello es así, pues la solicitud de suspensión de dichos actos debe estar sustentada en hechos ciertos y actuales no probables o hipotéticos, como se consideran en este caso, en el que el promovente no especifica en qué consiste el tormento de que es objeto o cuál ha sido el actuar de las responsables que ha concluido con esa transgresión a sus derechos fundamentales, siendo insuficiente que refiera a un castigo por el traslado que ya se ejecutó, cuando de la lectura integral de la demanda, como se indicó, no se aprecia la existencia de un acto concreto del que pudieran derivar las vejaciones a que hace alusión. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano al no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual no resulta aplicable la jurisprudencia 1a/J.58/2016(10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDADE JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA DIRECTA". Precisadas tales circunstancias, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, este juzgador no se pronuncia sobre la suspensión de plano, ni es procedente girar los oficios a las autoridades señaladas como responsables, sino únicamente remitir este asunto al Juez de Distrito a favor del cual se declina su competencia. En consecuencia, se ordena remitir el expediente en que se actúa y copias de la demanda de amparo que se provee, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que realice el turno correspondiente, a fin de que el juzgado en turno determine si acepta o no el conocimiento del presente asunto, en términos del citado artículo 48 de la ley de la materia. Con motivo de lo anterior, se comisiona a la Oficial Administrativa encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que habilite la vinculación del expediente electrónico del presente asunto, para que pueda ser consultado por el órgano que corresponda conocer de la demanda que nos ocupa. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado al interior Centro Federal de Readaptación Social N 13 CPS Oaxaca, sin que haya lugar a ordenar la notificación personal del quejoso, toda vez que corresponde al juez competente informarles la aceptación o no de la competencia planteada. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. No se nombran. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.

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