Francisco Arroyo De la Concha
Expediente 660/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Arroyo De la Concha
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual transcribe el proveído de trece de los corrientes, dictado en el juicio de amparo 582/2023 de su estadística, del que se advierte, sustancialmente, que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, ya que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 19, fracción I, inciso b), del acuerdo general en cita, se prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y judiciales una vez que cumplan seis meses de haberse archivado como asuntos concluidos. Hipótesis en la que se ubica el presente cuaderno, toda vez que se formó con motivo de la incompetencia planteada; por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado el archivo como asunto concluido. Lo anterior, previa acta de baja documental y listado de los expedientes a destruir que deberá elaborarse para constancia, misma que se remitirá en forma impresa y/o electrónica a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 22 del invocado acuerdo general.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el Modulo del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, mismo que contiene su firma criptográfica, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 237/2023-II-C, que le fue enviado por este Juzgado a efecto de notificar a la parte promovente el proveído de nueve de los corrientes. Dese de baja la comunicación oficial en cita en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y no se ordena remitir acuse de recibo, toda vez que el mismo se generó a través del sistema que fue enviado.
- Principal
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo remitida por ********************, por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, misma que no cuenta con firma criptográfica, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y de otras autoridades. Fórmese el expediente 660/2023-II-C, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer el presente asunto, porque los actos reclamados se ejecutaron, ejecutaran o trataran de ejecutar en una circunscripción distinta en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 37 de la Ley de Amparo, así como en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman. Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda presentarse ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, se tiene que de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados: la orden de traslado y su ejecución fuera de todo procedimiento legal, sin motivo legal o fundamento alguno. En razón de ello, en aplicación de la regla competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente para conocer de dicho acto el juzgador con jurisdicción precisamente donde materialmente se esté ejecutando el acto reclamado. Ahora, toda vez que el quejoso, en el escrito inicial de demanda, manifiesta que fue trasladado sin motivo al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", por ende, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con jurisdicción en donde se encuentra recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37 de la Ley de Amparo, pues ahí se habría de estar materializando dichos actos. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 899 del Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2020828, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO., determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. No pasa inadvertido que si bien el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda", lo cierto es, que ese enunciado normativo no debe entenderse de forma aislada en el sentido de que la demanda puede presentarse ante cualquiera de los jueces de distrito del país, incluso ante aquellos cuyas demarcaciones no hayan sido ni puedan ser el lugar de ejecución del acto reclamado, como en el caso. En consecuencia, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, por lo cual deberá enviarse la misma al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en Turno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, remítase vía electrónica, las constancias que integran el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en Turno, para que determine lo que en derecho corresponda, respecto a la incompetencia planteada a su favor y lo comunique a este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso de formar el cuaderno de antecedentes respectivo, atento que, como se dijo, el presente asunto se remitirá vía electrónica. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REFIERE ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Ahora, si bien es cierto que del análisis integral de la demanda de amparo se aduce que el directo quejoso estaría siendo objeto de tortura psicológica y discriminación; sin embargo, no es el caso otorgar la suspensión de plano respecto de dichos actos, ya que es un hecho notorio en términos de artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, que en el diverso juicio de amparo 656/2023-I del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido por el aquí quejoso contra los mismos actos, ya se concedió la suspensión de plano respecto de la tortura psicológica y discriminación que dice es objeto, para el efecto de que cesaran los mismo. De ahí que, no se considere procedente conceder de nueva cuenta la suspensión de plano respecto de la tortura psicológica y discriminación que dice estaría siendo objeto el quejoso. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CUANTO A LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA ORDEN DE TRASLADO. Este Juzgado Federal estima que en el caso, no ha lugar a otorgar la suspensión de plano solicitada respecto al traslado porque no se actualiza ninguno de los supuestos que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo, para decretar la suspensión de plano. El artículo 126 de la ley de la materia el cual debe interpretarse en el sentido de que la autoridad de amparo debe decretar la suspensión de oficio y de plano cuando en la demanda constitucional se surtan los siguientes supuestos: a) Se reclamen actos que afectan la libertad personal del quejoso -tanto de manera directa como indirecta-, y; b) Cuando éstos se dicten fuera de procedimiento. Si no se surten ambos requisitos, la suspensión de plano será improcedente, sin perjuicio de que la medida cautelar se dicte vía incidental si es que se solicita expresamente, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. En el caso, el primero de los requisitos sí se actualiza, toda vez que el quejoso reclamó la ejecución de la orden de traslado realizada de la Penitenciaría de Tlaxcala al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA"; actos que afectan su libertad personal de manera indirecta, ya que, modifican las condiciones en que la privación de la libertad debe llevarse a cabo o ejecutarse. Sin embargo, el segundo de los citados requisitos no se actualiza, dado que actualmente, los traslados de personas privadas de la libertad no son dictados o ejecutados fuera de procedimiento aun cuando se ejecuten por autoridades administrativas, ya que éstas tienen la obligación de acudir ante el órgano jurisdiccional para su validación, en acatamiento a los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para justificar lo anterior, se destaca que de la demanda de amparo, el impetrante aduce que el Juez de Ejecución Especializado en Medidas aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, autorizó su traslado a otro centro penitenciario. De ese modo, el referido traslado, se llevó a cabo durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ende, es esta legislación a la que se debe atender para determinar si constituye un acto emitido dentro o fuera de procedimiento. En materia de traslado de personas privadas de su libertad, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 50, 51 y 52, que iniciaron su vigencia a nivel nacional a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se establecen las reglas en los términos siguientes: Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De la transcripción de los referidos artículos, se aprecia que, por regla general, para que una persona privada de su libertad pueda ser trasladada a un diverso centro penitenciario, sin que lo solicite, se requiere la autorización previa del Juez de Control (tratándose de procesados sujetos a prisión preventiva) o de Ejecución (tratándose de personas sentenciadas), que deberá ser emitida después de otorgar el derecho de audiencia a la persona que se pretende reubicar, esto es, permitiéndole defenderse de los motivos por los que la autoridad penitenciaria o el Ministerio Público solicitaron su cambio de centro de internamiento. Este tipo de traslados, por su naturaleza, son considerados como traslados dictados dentro de procedimiento, pues previamente, se otorga el derecho de audiencia a la persona privada de la libertad. Sin embargo, la citada ley contempla un procedimiento excepcional para trasladar personas privadas de su libertad sin autorización judicial previa; esto es, que la autoridad penitenciaria puede autorizar y ejecutar la reubicación, con la obligación de informárselo a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes, quien a su vez tendrá un plazo de otras cuarenta y ocho horas para calificar si esa determinación se ajustó a los únicos supuestos excepcionales previstos en la referida legislación, que son los siguientes: 1. Se puede hacer un traslado sin autorización judicial previa cuando se trate de delincuencia organizada o la persona requiera medidas especiales de seguridad. 2. Sin intervención judicial previa en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad. 3. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario también puede ordenarse y ejecutarse el traslado sin control judicial previo. En relación con este tipo de procedimiento excepcional, se estima que ese mecanismo debe entenderse como un solo acto compuesto de dos fases: a) Administrativa: que comprende la autorización y ejecución del traslado por parte de las autoridades penitenciarias; y, b) Jurisdiccional: la cual se integra con la determinación que emita el Juez de Control o de Ejecución convalidando o revocando el traslado. Es ilustrativa la tesis aislada I.2o.P.64 P (10a.), por compartirse el criterio, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN SOLO ACTO INTEGRADO POR UNA FASE ADMINISTRATIVA Y OTRA JUDICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE CONTROL LO CONVALIDA. En los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que, por regla general, se requiere autorización judicial para que una persona privada de su libertad sea trasladada a un diverso centro penitenciario. Sin embargo, la legislación referida regula la posibilidad de realizar el traslado sin autorización judicial previa (i) tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; (ii) cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y, (iii) en caso de riesgo para la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, permitiéndose a la autoridad administrativa penitenciaria ejecutar su reubicación con el deber de informárselo al Juez dentro de las 24 horas siguientes, quien tendrá un plazo de otras 48 horas para calificar si esa actuación se ajustó a los supuestos que prevé el artículo 52 citado. Este procedimiento excepcional constituye un solo acto compuesto por dos fases: la administrativa, en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado por cuestiones de seguridad; y otra judicial, en la que el Juez convalida o revoca el traslado; de ahí que si el traslado de un centro penitenciario a otro por cuestiones de seguridad, constituye una unidad de actos en cuya facultad intervienen dos autoridades (administrativa y judicial), y no se trata de una sucesión de actos independientes entre sí, la determinación judicial que convalida el traslado no conlleva la cesación de los efectos producidos en la fase administrativa; por el contrario, concreta formalmente el traslado como acto de autoridad propiamente dicho, permitiendo al interno impugnarlo en su integridad, pues la legalidad de esa actuación debe analizarse como un todo. De lo contrario, se corre el riesgo de que las violaciones cometidas en la primera fase queden excluidas del control ordinario o extraordinario, en el entendido de que son éstas las que, por regla general, contienen las razones que sustentaron la determinación de traslado del interno. Aunado a ello, en términos del artículo 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la persona privada de su libertad tiene la opción de impugnar esa decisión mediante el recurso de apelación o, inclusive, si no existe la convalidación judicial posterior, iniciar la controversia referida en el diverso 117, fracción III, de la aludida ley. Además, la denominada controversia judicial es considerada como un medio de defensa legal, puesto que el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de que la autoridad judicial ordene -cuando así proceda- la suspensión inmediata del acto que motivó la petición (en el caso, orden de traslado) así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. De esa manera, válidamente se puede afirmar que ese mecanismo excepcional previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un verdadero procedimiento administrativo jurisdiccional, en el cual, la autoridad penitenciaria ejecuta previamente el traslado con el fin de mitigar una cuestión urgente, con la consecuente obligación de informarlo al Juez de Ejecución o de Control según corresponda, quien se pronunciará sobre su convalidación, modificación y revocación; lo cual, puede ser materia de impugnación por la persona privada de su libertad, a través de los medios de defensa establecidos para tal efecto. Por lo que, contundentemente el traslado, aun cuando fuera emitido por autoridades administrativas, constituye un acto emitido dentro del procedimiento. En virtud de lo anterior, se concluye que si una orden de traslado voluntaria, involuntaria o excepcional se emite y ejecuta durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es un acto emitido fuera de procedimiento, porque el legislador secundario emitió los procedimientos previstos en los numerales 50, 51 y 52 de esa legislación, en los que reglamentó la manera en la que operará la facultad exclusiva del Poder Judicial de decidir sobre la modificación de las penas en materia de traslado de reos, en términos de los artículos 18 y 21 constitucionales; entonces, contrariamente a lo pretendido por la parte quejosa aquí recurrente, en su contra, no procede conceder la suspensión de plano, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. No se desconoce la existencia y contenido de las jurisprudencias 1a./J. 17/2013, 1a/J 83/2015 y 1a/J 58/2016, así como la tesis aislada 1a./CLXVI/2014, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invocan: Jurisprudencia 1a./J. 17/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2003323, de rubro y texto: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, DEACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo. Jurisprudencia 1a/J 83/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, de rubro y texto: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DE PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado. Jurisprudencia 1a/J 58/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, de rubro y texto: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Tesis aislada 1a.CLXVI/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2006256, de rubro y texto: TRASLADO DE PROCESADOS LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la competencia de la autoridad a la que corresponde ordenar el traslado de sentenciados en la etapa de ejecución de una sentencia penal, estableció que la reforma a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. Así, con la entrada en vigor de la reforma citada se generó un cambio sustancial, en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, como el traslado de internos, que corresponde a las autoridades judiciales. Ahora bien, esta Primera Sala del alto tribunal considera que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquél se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para compurgar. En ese sentido, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el juez del proceso o de la causa penal. De ahí que la orden de traslado emitida por el director de un centro de reclusión, cuando el interno se encuentre en prisión preventiva durante la etapa procesal del juicio, debe ser autorizada por el juzgador que instruya el proceso. Sin embargo, dichos criterios no son exactamente aplicables al caso en concreto, pues del contenido de las ejecutorias que les dieron vida, se advierte que no tomaron en cuenta lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que resolvieron problemas jurídicos que nacieron cuando esta legislación no era vigente; por lo que su aplicación se da cuando los traslados se ejecutaron por autoridad administrativa, antes de la entrada en vigor de la citada legislación. Además, en las contradicciones de tesis 154/2016 y 137/2015, que dieron origen a las ya mencionadas jurisprudencias 1a/J 83/2015 y 1a/J 58/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que las órdenes de traslado dictadas por autoridad administrativa debían considerarse como actos dictados fuera de procedimiento, si no existía intervención de alguna autoridad jurisdiccional; lo que no sucede en los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los que sí se contempla una intervención judicial forzosa, ya sea de manera previa o posterior. De ahí que en el caso no proceda su aplicación ni conceder la suspensión de plano, por no actualizarse el segundo supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, porque la orden de traslado y su ejecución, no son actos fuera de procedimiento, en consecuencia, no procede decretar la suspensión de plano respecto del acto reclamado que nos ocupa. Estas consideraciones, en cuanto a la negativa de la suspensión de plano, se emiten en observancia a la ejecutoria del recurso de queja ******************** dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, relativo al juicio de amparo 439/2021-III, del índice de este órgano constitucional. Circunstancia que se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, sustancialmente en la tesis P. IX/2004, visible en la página 259, del tomo XIX, correspondiente al mes de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181729, de rubro: HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EXHORTO Por otra parte, se tiene como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en el lugar en el que se dice se encuentra recluido el promovente, es decir, en el ************************ en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía interconexión, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notifique personalmente el presente auto al promovente en el citado centro de reclusión. Se faculta al Juez exhortado para efecto de no incurrir en dilación procesal alguna y atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, habilite a quien corresponda el uso de días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. A efecto de solventar cualquier duda o aclaración sobre la diligenciación del exhorto que se ordena librar en líneas anteriores, queda a disposición de la citada autoridad el teléfono 01 (667) 846 5766 y el correo electrónico oficial 4jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. TÉRMINOS DE DEVOLUCIÓN DEL EXHORTO Asimismo, se solicita al Juez exhortado, que de no tener inconveniente alguno, solamente remita o devuelva las constancias correspondientes a las actuaciones realizadas con motivo de la diligencia encomendada. ESTO ES, SÓLO DEVOLVER: 1) El auto de radicación del exhorto; 2) En su caso, del proveído o proveídos, diversos al de su radicación, donde se emitan determinaciones para su diligenciación; y, 3) Las constancias de las diligencias que se practiquen con motivo de dicha comunicación oficial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza al Secretario actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. EXHORTO PARA TRANSICIÓN AL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes
- Francisco Amadeo García Escárrega422/2021
- Francisco Antonio Durán Díaz814/2011
- Francisco Aragón Vlasich1/2023
- Francisco Arrollo De la Concha662/2023
- Francisco Arroyo Cárdenas847/2021
- Francisco Arroyo De la Concha656/2023
- Francisco Arroyo De la Concha661/2023
- Francisco Balcázar García188/2020
- Francisco Bautista Vera1205/2021
- Francisco Beltrán Beltrán803/2023
- Francisco David Herrera Gastélum98/2022
- Francisco Durán Peña704/2017