Francisco Arroyo de la Concha

Expediente 513/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
513/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Arroyo de la Concha

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido electrónicamente por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Devuelve las constancias relativas el exhorto 137/2023-III, orden 234/2023, del índice de este órgano jurisdiccional. Dese de baja dicha comunicación como diligenciada en el libro electrónico, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin necesidad de acusar recibo, al tratarse de una comunicación gestionada de manera electrónica. De su contenido se advierte el quejoso Francisco Arroyo de la Concha fue notificado del auto de trece de junio pasado (incompetencia legal). En consecuencia, al no haber diligencia pendiente, efectúese el envío material del presente expediente al archivo, en términos del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco. Informa que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia y procedió al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva este expediente. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese este expediente como asunto concluido... Finalmente, del estado de autos se advierte, en auto de trece de junio de dos mil veintitrés, se giró el exhorto 137/2023-III (Orden 234/2023), al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para notificar al quejoso el contenido del proveído ya mencionado, en consecuencia, estese en espera de la recepción de la diligencia correspondiente para realizar el envío material del presente expediente al archivo. Notifíquese...".

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida -al parecer- electrónicamente por Francisco Arroyo de la Concha (sin evidencias criptográficas), contra actos del 1. Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades. Regístrese con el número 513/2023-III. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INCOMPETENCIA. Conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano es legalmente incompetente para conocer el presente asunto. Por las consideraciones siguientes. De la demanda de amparo se advierte los actos reclamados consisten en: -La orden de traslado del aquí quejoso del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, emitida por resolución administrativa (acta de sesión extraordinaria número 23/2023) del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, de tres de marzo de dos mil veintitrés, al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************". Ejecutada el catorce de marzo de dos mil veintitrés. -La calificación de legal por el Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo. Establece tres hipótesis: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esta potestad federal advierte se actualiza el supuesto indicado en el inciso b). De la demanda se observa el directo accionante constitucional se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, en virtud de la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal 79/2001 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************" el catorce de marzo del presente año, con motivo de la resolución administrativa confirmada por autoridad jurisdiccional. De lo anterior se obtiene el reclamo constitucional (orden de traslado) empezó a materializarse en el Estado de Tlaxcala y concluyó en el de Oaxaca (lugar donde actualmente está recluido). Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de órdenes de traslado, si el acto reclamado inició su ejecución en un Distrito y continua ejecutándose en otro, la competencia se surte a favor del juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 49, del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Primera Sección - Competencia para conocer del juicio de amparo, página 55, Primera Sala, Jurisprudencia, Novena Época, registro 1002115, que a la letra dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, Décima Época, Materia Común, registro digital: 2020828, siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. En tales condiciones, como se adelantó, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Donde se ejecutó el traslado reclamado no corresponden a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional (Estados de Tlaxcala y Oaxaca). Asimismo, en el caso concreto, debe tomarse en cuenta las autoridades responsables, incluido el juzgado que calificó de legal el traslado, tienen su residencia en el Estado de Tlaxcala. Lugar más cercano por razón de distancia a la entidad federativa de Veracruz, en donde se promovió electrónicamente la demanda de cuenta. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, además en el Punto Cuarto, fracción XXVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, residente Apizaco, a quien se estima competente al ser el lugar donde inició la ejecución del acto reclamado -orden de traslado-, así como ser el más cercano, por razón de distancia, a este órgano jurisdiccional. Y, desde luego, se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes. La demanda de cuenta se promovió por la vía electrónica. Misma vía a través de la cual se remitirá al juzgado que se considera competente. Una vez se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad de este expediente electrónico. No pasa inadvertido la demanda de amparo se presentó de manera electrónica, sin firma. Sin embargo, corresponderá al Juzgado competente pronunciarse al respecto. Igualmente se estima será el homólogo competente quien podrá, conforme a su potestad de decisión, atender la petición sobre la designación de defensor y solicitud de suspensión, de considerarlo procedente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS ********************", al encontrarse recluido. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Para tal efecto se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa señaló domicilio en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************". Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; mediante exhorto a la parte quejosa; y personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, asistido de Aarón Ernesto Marroquín Gasca, secretario con quien actúa y da fe.Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida -al parecer- electrónicamente por Francisco Arroyo de la Concha (sin evidencias criptográficas), contra actos del 1. Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades. Regístrese con el número 513/2023-III. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INCOMPETENCIA. Conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano es legalmente incompetente para conocer el presente asunto. Por las consideraciones siguientes. De la demanda de amparo se advierte los actos reclamados consisten en: -La orden de traslado del aquí quejoso del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, emitida por resolución administrativa (acta de sesión extraordinaria número 23/2023) del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, de tres de marzo de dos mil veintitrés, al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************". Ejecutada el catorce de marzo de dos mil veintitrés. -La calificación de legal por el Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo. Establece tres hipótesis: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esta potestad federal advierte se actualiza el supuesto indicado en el inciso b). De la demanda se observa el directo accionante constitucional se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, en virtud de la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal 79/2001 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************" el catorce de marzo del presente año, con motivo de la resolución administrativa confirmada por autoridad jurisdiccional. De lo anterior se obtiene el reclamo constitucional (orden de traslado) empezó a materializarse en el Estado de Tlaxcala y concluyó en el de Oaxaca (lugar donde actualmente está recluido). Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de órdenes de traslado, si el acto reclamado inició su ejecución en un Distrito y continua ejecutándose en otro, la competencia se surte a favor del juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 49, del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Primera Sección - Competencia para conocer del juicio de amparo, página 55, Primera Sala, Jurisprudencia, Novena Época, registro 1002115, que a la letra dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, Décima Época, Materia Común, registro digital: 2020828, siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. En tales condiciones, como se adelantó, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Donde se ejecutó el traslado reclamado no corresponden a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional (Estados de Tlaxcala y Oaxaca). Asimismo, en el caso concreto, debe tomarse en cuenta las autoridades responsables, incluido el juzgado que calificó de legal el traslado, tienen su residencia en el Estado de Tlaxcala. Lugar más cercano por razón de distancia a la entidad federativa de Veracruz, en donde se promovió electrónicamente la demanda de cuenta. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, además en el Punto Cuarto, fracción XXVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, residente Apizaco, a quien se estima competente al ser el lugar donde inició la ejecución del acto reclamado -orden de traslado-, así como ser el más cercano, por razón de distancia, a este órgano jurisdiccional. Y, desde luego, se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes. La demanda de cuenta se promovió por la vía electrónica. Misma vía a través de la cual se remitirá al juzgado que se considera competente. Una vez se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad de este expediente electrónico. No pasa inadvertido la demanda de amparo se presentó de manera electrónica, sin firma. Sin embargo, corresponderá al Juzgado competente pronunciarse al respecto. Igualmente se estima será el homólogo competente quien podrá, conforme a su potestad de decisión, atender la petición sobre la designación de defensor y solicitud de suspensión, de considerarlo procedente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS ********************", al encontrarse recluido. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Para tal efecto se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa señaló domicilio en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************". Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; mediante exhorto a la parte quejosa; y personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, asistido de Aarón Ernesto Marroquín Gasca, secretario con quien actúa y da fe." Autorizado mediante firmas electrónicasFórmese expediente con la demanda de amparo promovida -al parecer- electrónicamente por Francisco Arroyo de la Concha (sin evidencias criptográficas), contra actos del 1. Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades. Regístrese con el número 513/2023-III. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INCOMPETENCIA. Conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano es legalmente incompetente para conocer el presente asunto. Por las consideraciones siguientes. De la demanda de amparo se advierte los actos reclamados consisten en: -La orden de traslado del aquí quejoso del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, emitida por resolución administrativa (acta de sesión extraordinaria número 23/2023) del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, de tres de marzo de dos mil veintitrés, al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************". Ejecutada el catorce de marzo de dos mil veintitrés. -La calificación de legal por el Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo. Establece tres hipótesis: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esta potestad federal advierte se actualiza el supuesto indicado en el inciso b). De la demanda se observa el directo accionante constitucional se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, en virtud de la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal 79/2001 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************" el catorce de marzo del presente año, con motivo de la resolución administrativa confirmada por autoridad jurisdiccional. De lo anterior se obtiene el reclamo constitucional (orden de traslado) empezó a materializarse en el Estado de Tlaxcala y concluyó en el de Oaxaca (lugar donde actualmente está recluido). Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de órdenes de traslado, si el acto reclamado inició su ejecución en un Distrito y continua ejecutándose en otro, la competencia se surte a favor del juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 49, del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Primera Sección - Competencia para conocer del juicio de amparo, página 55, Primera Sala, Jurisprudencia, Novena Época, registro 1002115, que a la letra dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, Décima Época, Materia Común, registro digital: 2020828, siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. En tales condiciones, como se adelantó, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Donde se ejecutó el traslado reclamado no corresponden a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional (Estados de Tlaxcala y Oaxaca). Asimismo, en el caso concreto, debe tomarse en cuenta las autoridades responsables, incluido el juzgado que calificó de legal el traslado, tienen su residencia en el Estado de Tlaxcala. Lugar más cercano por razón de distancia a la entidad federativa de Veracruz, en donde se promovió electrónicamente la demanda de cuenta. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, además en el Punto Cuarto, fracción XXVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, residente Apizaco, a quien se estima competente al ser el lugar donde inició la ejecución del acto reclamado -orden de traslado-, así como ser el más cercano, por razón de distancia, a este órgano jurisdiccional. Y, desde luego, se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes. La demanda de cuenta se promovió por la vía electrónica. Misma vía a través de la cual se remitirá al juzgado que se considera competente. Una vez se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad de este expediente electrónico. No pasa inadvertido la demanda de amparo se presentó de manera electrónica, sin firma. Sin embargo, corresponderá al Juzgado competente pronunciarse al respecto. Igualmente se estima será el homólogo competente quien podrá, conforme a su potestad de decisión, atender la petición sobre la designación de defensor y solicitud de suspensión, de considerarlo procedente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS ********************", al encontrarse recluido. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Para tal efecto se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTO. La parte quejosa señaló domicilio en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS ********************". Lugar que se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, envíese exhorto en forma electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo a la parte quejosa. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; mediante exhorto a la parte quejosa; y personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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