Francisco Arquieta Marrón
Expediente 310/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco Arquieta Marrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ha causado ejecutoria la sentencia que sobresee en el presente juicio. Debe conservarse el original del incidente toda vez que se concedió la medida cautelar solicitada. Archívese el presente expediente en su oportunidad.
- Principal
Se notifica por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa Francisco Arquieta Marrón, el auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 310/2017-VII, que dice: "...Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le tiene rindiendo su informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, atendiendo a las manifestaciones expuestas por la autoridad responsable referida, y en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito advierte de manera notoria la existencia de una causa de sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el precepto 63, fracción IV, de la ley apenas citada, que se invoca de oficio y fuera de audiencia, por tratarse de una cuestión de orden público. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis número 121/2002-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTE E INDUDABLE." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que al efecto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . . ) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (. . . )". El precepto transcrito informa que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto de acuerdo con el numeral de referencia, la actualización de esa causa de improcedencia exige los siguientes requisitos: 1. Que dicho juicio de amparo sea promovido por el mismo quejoso; 2. Contra las mismas autoridades y, 3. Contra el propio acto reclamado. Ahora bien, de la copia certificada de las constancias remitidas por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia definitiva emitida dentro del juicio de amparo número 129/2017 y auto del veinticuatro de mayo de esta anualidad, en la que causó ejecutoria la sentencia emitida el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, que se emitió bajo el índice del Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad,que aparecen en los folios 30 a 58 se advierte lo siguiente: Que el quejoso Francisco Arquieta Marrón, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, promovió diverso juicio de amparo, que por turno le correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que se registró con el número 129/2017-4, de su índice estadístico. En esa demanda se señalaron como autoridades responsables a: "JUEZ DE GARANTÍAS DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (AUTORIDAD RESPONSABLE). PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MEXICALI COMANDANTE DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA" En ese juicio, el quejoso Francisco Arquieta Marrón, reclama de las autoridades responsables: "4.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad Ordenadora, la orden de aprehensión dictada en mi contra y de las autoridades ejecutoras, el cumplimiento que pretenden dar a dicha orden de aprehensión." Mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite dicha demanda, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional respectiva, celebrada el veintiocho de abril del dos mil diecisiete, en la que se emitió la sentencia correspondiente, misma que causó ejecutoria el veinticuatro de mayo de esta anualidad, según lo informado por el funcionario judicial oficiante. Ahora bien, como se observa de la comparación de los actos reclamados, y de las autoridades responsables (anteriormente transcritos), tanto en este juicio de amparo número 310/2017, como la que formó el diverso juicio de amparo 129/2017, que se tramita ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ambas fueron promovidas por el mismo quejoso FRANCISCO ARQUIETA MARRÓN, contra las mismas autoridades responsables y se reclaman los mismos actos en ambos juicios; y al ser así, es evidente que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que se insiste el promovente reclamó los mismos actos, de las mismas autoridades en diverso juicio de amparo, en el que veintiocho de abril del dos mil diecisiete, se emitió la sentencia correspondiente, misma que causó ejecutoria el veinticuatro de mayo de esta anualidad Al actualizarse la hipótesis prevista en el numeral mencionado, es decir, al haberse promovido diverso juicio de amparo por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades responsables y actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Arquieta Marrón. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dentro del presente juicio de amparo, por las razones antes expuestas. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 10418, 10419, 10420, 10421 y 10422..."; lo anterior, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo.
- Incidental
...Se da cuenta a la Secretaria Encargada del despacho, con los oficios de cuenta signados por las autoridades señaladas como responsables Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali y Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ambas con sede en esta ciudad, los cuales contienen sus informes previo, mismos que serán relacionados en la presente audiencia incidental; de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se le tiene al Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, que le reviste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Robo como imputado conocido, licenciado Emmanuel Díaz Maldonado y a la moral victima Administración Corporativa de Estación de Servicios y Asociados, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal Jorge Humberto Salcido Salcido, esta con domicilio en avenida 55 número 725 de la colonia Hidalgo de esta ciudad, por tanto, con fundamento en el artículo 5 fracción III, incisos c) y e), se les reconoce tal carácter en el presente incidente, en virtud de ello, se ordena al Actuario adscrito les haga saber la determinación que se dicte en la presente audiencia. - Relación de constancias - Acto seguido, la secretaria del juzgado procede a dar cuenta con las constancias existentes en autos, como son el escrito de demanda, constancias de notificación de las autoridades responsables (foja 15 a 19), oficios suscritos por el Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California (foja 24 a 33 ), Procurador General de Justicia en el Estado (foja 22), Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado (foja 20), Director de Seguridad Pública Municipal (foja 34 a 35) y Comandante de la Policía Estatal Preventiva (foja 21), todos con domicilio en esta ciudad, donde rinden sus informes previos, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente incidente. - Periodo probatorio - Posteriormente, se abre el período de prueba, en el cual se tienen por ofrecidos y admitidos como tales, los informes previos rendidos por las autoridades responsables, y las pruebas ofrecidas por la parte quejosa por lo que se declara cerrado dicho período. - Alegatos - Seguidamente, se procede a abrir la etapa de alegatos, sin que se haya presentado alegato alguno; en consecuencia, se declara cerrado el presente período y se concluye la presente audiencia, procediendo el suscrito a dictar resolución en los siguientes términos: Resolución: Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 310/2017-VII, promovido por Francisco Arquieta Marrón, contra el acto que reclama al Juez de Garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades. Considerando: Primero. La parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: la orden de aprehensión dictada en su contra, por tanto, deberá considerarse éste como el acto reclamado en términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo. Segundo. La autoridad responsable Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, informando: ? Dentro de la causa penal 154/2017, con número único de caso 02-2017-01418, se desahogó audiencia inicial de formulación de imputación el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el que se giró orden de aprehensión en contra del quejoso, por el delito de Robo de vehículo, por no comparecer a la referida audiencia, al declarársele sustraído de la acción de la justicia. ? El delito atribuido de manera probable al quejoso es el de robo de vehículo previsto por el artículo 208 Bis, del Código Penal del Estado, el que no se encuentra contemplado en la referida legislación como delito grave. Documentales que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la misma, por haber sido expedidas por funcionario público en el desempeño de sus funciones. Igual determinación debe tomarse respecto de las autoridades Procurador General de Justicia en el Estado, Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, Director de Seguridad Pública Municipal y Comandante de la Policía Estatal Preventiva, todos con domicilio en esta ciudad, quienes al rendir sus correspondientes informes previos, negaron el acto a ellas atribuido; por lo que debe tenérseles por cierto el mismo, toda vez que la ordenadora Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, al emitir su informe previo aceptó el acto de ordenación combatido; por lo que es evidente que al existir la orden de aprehensión reclamada, es inminente su ejecución, que se atribuye a dichas autoridades, por lo que su negativa se encuentra desvirtuada. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Página: 56, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. - Suspensión Definitiva - Ahora bien, los artículos 128 y 138, primera parte, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (.)" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: ." El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El segundo de los citados, precisa que el quejoso al solicitar la suspensión y que aduzca un interés legítimo deberá de acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa reclama la emisión de una orden de aprehensión que implica la privación de su libertad personal atribuida entre otras, al Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; debe tomarse en cuenta que los ordinales Segundo y Décimo, segundo párrafo, transitorios de la Ley de Amparo establecen: "SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente ley." "DÉCIMO. . En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto.". Al respecto, por decreto 359 publicado el veintitrés de abril de dos mil diez, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, emitió declaratoria de incorporación del Sistema Penal Acusatorio y Oral a dicha entidad federativa, a través del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, atendiendo la gradualidad establecida en el artículo primero transitorio de dicho Decreto. Así como por decreto 288 publicado en el número especial del Periódico Oficial del Estado de Baja California, el once de junio de dos mil quince, se declaró que el Estado de Baja California incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al apreciarse que los actos reclamados se relacionan con la materia penal y respecto a autoridades del sistema penal acusatorio en el Estado de Baja California, se procede a la aplicación de la Ley de Amparo vigente. En el caso en estudio se estima procedente concede la suspensión definitiva solicitada, toda vez que se cumple con los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, y con la concesión de la medida cautelar aludida, no se sigue perjuicio al interés social, se actualizan dichos requisitos, pues la solicitó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; y con su otorgamiento, no se contravienen disposiciones de orden público, tomando en consideración que por interés social se entiende la intención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir que existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico; asimismo, por orden público el sistema de norma de mayor importancia para conservar y encausar el orden en la sociedad y, máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos que prevé el diverso numeral 129 de la ley de la materia. Además, del informe previo se advierte que el delito por el que se vinculó a proceso a la parte quejosa, no es considerado como grave, ni amerita prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución y la legislación procesal aplicable en la entidad, en tal virtud, en términos de los ordinales 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para los siguientes efectos: Que se continúe el procedimiento, pero deberá suspenderlo una vez concluida la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente, dado que el auto de vinculación a proceso dictado contra la parte quejosa, no amerita prisión preventiva oficiosa. La presente medida cautelar no le impide a la autoridad que le imponga a la parte impetrante, diversa medida de seguridad a fin de garantizar su comparecencia durante el desarrollo del proceso, en términos de lo estipulado en el penúltimo párrafo del precepto 166 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que el juicio oral, la etapa esencial del proceso, se realiza sobre la base de la acusación y predominan los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración contradicción, y principalmente, continuidad, de tal suerte que si se llegara a dar apertura a la etapa del juicio oral, éste no sería susceptible de suspenderse y culminaría con el dictado de una sentencia definitiva, hecho que produciría un cambio de situación jurídica que haría imposible emitir pronunciamiento alguno en el juicio de amparo en que se actúa, pues se afectaría la nueva situación jurídica, situación que trata de evitar la fracción XVII párrafo segundo del artículo 61 de la propia ley. Medida cautelar concedida, que dejará de surtir efectos, si el quejoso no cumple dentro del término de cinco días, con lo siguiente: 1) Proporcionar su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas. 2) Cumplir con todas sus obligaciones procesales que le indique el Juez de la causa. 3) Requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días acredite a este juzgado haberse presentado ante el juez de la causa a cumplir con la anterior carga, apercibida que de no hacerlo se dejará sin efectos la presente medida cautelar. Apercíbase a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los anteriores requisitos, con fundamento en el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, y sin necesidad de previo acuerdo la autoridad responsable quedará en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Tiene aplicación, de igual forma, a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia visible en la página 226, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." 4) Otorgar garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos moneda nacional), en billete de depósito que deberá exhibir a su nombre o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, ante y a satisfacción de este juzgado, con fundamento en el artículo 168, de la Ley de Amparo. En el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse al reverso de éste, que incluya una leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo a la Administración de Justicia. En este sentido debe precisarse, que la garantía fijada se determina en cumplimiento a lo estipulado en el ordinal 168 de la Ley de Amparo, es decir, la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputan a la parte quejosa, la situación económica del mismo, y la posibilidad de que no se sustraiga a la acción de la justicia; dado así lo informa la autoridad responsable, se considera que la determinación del monto de la garantía fijada es vigilar que este Juzgado Federal no permita o posibilite que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia, ni suponga en él un cálculo utilitario que le orille a alejarse del proceso, evadiendo la acción de la justicia. Cobra aplicación al respecto, por las razones que las conforman la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, octubre de 2008, en materia penal, en la página 377), de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO)." Lo anterior hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio principal. Por lo expuesto y con fundamento en los ordinales 144 y 146 de la Ley de Amparo, se, Resuelve: Único. Se concede la suspensión definitiva a Francisco Arquieta Marrón, contra los actos que reclama del Juez de Garantías del Nuevo Sistema de Justicia de Mexicali, Baja California, Procurador General de Justicia en el Estado, Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, Director de Seguridad Pública Municipal y Comandante de la Policía Estatal Preventiva, todos con domicilio en esta ciudad, en los términos expuestos en el considerando segundo...
- Principal
...Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, el cual contiene informe justificado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. -Delegados y domicilio- Asimismo se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso...
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