Francisco Armando Pimentel Alfaro
Expediente 1271/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/09/2019
Partes del expediente
- Francisco Armando Pimentel Alfaro
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA..., HA CAUSADO ESTADO..., ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PRMOVENTE.
- Principal
*AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 12/09/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida por FRANCISCO ARMANDO PIMENTEL ALFARO; contra actos del JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1271/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente destacar que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consisten en: La sentencia interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual, se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada (quejoso), en contra del diverso auto de diez de julio de ese año, en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 442/2019 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por el que se autorizó el cambio de depositario de los bienes embargados en diligencia de doce de junio de dos mil diecinueve, siendo que en la diligencia de doce de junio pasado, el reo (quejoso) se le designó depositario de los bienes embargados en tal diligencia. Ahora bien, en atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6°, del mismo ordenamiento legal, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Por su parte, el diverso artículo 5º fracción I, de la misma legislación señala: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De los preceptos legales transcritos, en primer lugar, se pone de manifiesto que, la acción constitucional tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales -como en la especie acontece respecto del acto reclamado- únicamente se puede ejercer, por la persona a quien la ley o el acto de autoridad reclamado le cause un agravio personal y directo; es decir, a quien le irrogue un perjuicio, entendiéndose por ello, la afectación por el actuar de la autoridad, o por la ley, de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, el cual, cuando es desconocido o violado, otorga al afectado, la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de que le sea reconocido ese derecho y no se transgreda, lo que constituye el presupuesto necesario del interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Es decir, ante la existencia de un acto de autoridad que ocasiona perjuicio o afectación en los bienes o derechos del gobernado, quien está legitimado para acudir al Juicio de Amparo contra ese acto, es precisamente el directamente afectado, por sí o a través de su representante, de modo entonces, que es necesario que haya identidad entre el afectado directo y quien ejerce la acción constitucional. Ahora bien, es patente que el quejoso controvierte en esta vía de garantías la sentencia interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual, se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada (quejoso), en contra del diverso auto de diez de julio de ese año, en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 442/2019 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por el que se autorizó el cambio de depositario de los bienes embargados en diligencia de doce de junio de dos mil diecinueve, siendo que al quejoso en tal diligencia se le nombró depositario de los bienes secuestrados. En este tenor, de los antecedentes en conjunto con los conceptos de violación, se puede concluir válidamente que el amparista Francisco Armando Pimentel Alfaro, tiene el carácter de demandado en el Juicio Ejecutivo Mercantil 442/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito judicial de Querétaro; que a éste se le designó como depositario de los bienes embargados en la diligencia correspondiente de doce de junio de dos mil diecinueve, y que con posterioridad, esto es, con fecha diez de julio del presente año, en dicho controvertido de origen, se autorizó el cambio de depositario de los bienes embargados (sin que haya sido por haber incumplido con su obligación de rendir cuentas de administración a que se refiere el artículo 466 de Código Federal de Procedimientos Civiles) y respecto del cual interpuso recurso de revocación; de ahí que este juzgador estima que el acto reclamado no le ocasiona ningún agravio personal y directo, en términos del aludido artículo 6° de la Ley de Amparo, puesto que con la remoción del cargo de depositario, no se afecta de ninguna forma la situación jurídica del bien o bienes embargados, pues ello ocurrió en la propia diligencia de embargo, lo que no provoca la adquisición de derechos jurídicamente tutelados; y su remoción es una facultad que se le otorga exclusivamente al actor. Lo anterior, se estima así, toda vez que si bien el quejoso, es demandado en el juicio de origen y fue designado depositario en la propia diligencia de embargo de bienes, lo cierto es que la función de depositario se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia; de ahí que sus obligaciones específicas son la de velar por la seguridad e integridad de los bienes que están bajo su custodia; pues los derechos que refiera tener respecto de los bienes muebles, se vieron afectados en el momento en que se trabó formal embargo sobre los mismos, por tanto, la sentencia interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual, se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada (quejoso), en contra del diverso auto de diez de julio de ese año, en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 442/2019 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por el que se autorizó el cambio de depositario del reo (quejoso) de los bienes embargados en diligencia de doce de junio de dos mil diecinueve; no afecta derechos reales y objetivos del aquí quejoso pues, se insiste, sólo tiene bajo su cuidado dichos bienes con el carácter de depositario. Ello se considera así dado que en el auto reclamado por el cual se ordenó el cambio de depositario dentro del juicio ejecutivo mercantil 442/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, no se afectó la situación jurídica del bien o bienes que hayan resultó secuestrados en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada, pues tal determinación como ya se precisó únicamente atiende al ejercicio del derecho que tiene la acreedora del quejoso, para designar depositario de los bienes secuestrados. Por lo que, a consideración de quien ahora resuelve, el acto reclamado no afecta de manera personal y directa algún derecho subjetivo o adjetivo del quejoso, porque en todo caso esta afectación se produjo con el embargo de bienes, llevada a cabo en diligencia de embargo de doce de junio pasado, ya que a través de tal diligencia el demandado (quejoso) dejó de tener la posesión jurídica de lo embargado, lo cual no acontece con el cambio de depositario que ahora reclama, pues fue en la diligencia de embargo en que se vieron afectados los derechos reales y objetivos del quejoso en relación a los bienes muebles embargados en diligencia de doce de junio pasado, de ahí que se estima que el auto reclamado no le ocasiona un agravio actual, inmediato y directo, esto es, que efectivamente le cause perjuicio. E incluso el auto impugnado no le causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, pues al afirmar el quejoso que el cambio de depositario no fue porque el reo (quejoso) hubiera incurrido en responsabilidad por falta de rendición de cuentas de la depositaria, se estima que el cambio de depositario no le afecta en la esfera jurídica, pues se insiste con la diligencia de embargo dejó de tener la posesión jurídica de los bienes embargados; cuyo acto es el que si le causa perjuicio en la esfera jurídica; el cual no fue impugnado en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 175-180 Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en la foja 77, que dice: PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas. Así como la Tesis Aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de Marzo de 1993, Materia Común, visible a página 263 del texto y rubro siguiente: DEPOSITARIO, NUEVA DESIGNACION, NO AFECTA LA SITUACION JURIDICA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEMANDADA QUE LE FUERON EMBARGADOS.A juicio de este órgano colegiado, la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que confirmó el proveído por el que el juez de primer grado tuvo a la actora designando nuevo depositario de los bienes que se embargaron a la empresa demandada, no causó a la demandada quejosa ningún agravio personal y directo, en los términos del artículo 4 de la Ley de Amparo, puesto que con el cambio de depositario no se afectó la situación jurídica de los bienes propiedad de la sociedad mercantil quejosa, que resultaron secuestrados en la diligencia de requerimiento, emplazamiento y embargo practicada en el juicio natural, sino que el juzgador se concretó a reconocer el ejercicio del derecho que tiene la acreedora de la quejosa, para designar depositario de los bienes secuestrados en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La anterior conclusión se evidencia, si se toma en cuenta que en virtud del embargo, la sociedad demandada dejó de tener la posesión jurídica de lo embargado; y, además, en el proveído apelado ni siquiera se ordenó poner al nuevo depositario en posesión de los bienes secuestrados, por lo tanto, al no ocasionarse a la peticionaria de garantías un agravio personal y directo, con el solo dictado del auto que tuvo a la actora designando nuevo depositario, se surte la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 4, ambos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse las causas de improcedencias prevista en las fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Francisco Armando Pimentel Alfaro, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado YAMIT ANTONIO CORTÉS CORNEJO, por así solicitarlo la parte quejosa, lo anterior en virtud de contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales. Asimismo, como lo solicita se autoriza el acceso y consulta de la versión electrónica del presente juicio de amparo; toda vez que proporciona su usuario debidamente registrado el cual es yamit_cortes. Por lo tanto, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado Federal, realice las gestiones necesarias para dar de alta dicho acceso. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."
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