Francisco Armando Cota Lizarraga

Expediente 392/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
392/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Francisco Armando Cota Lizarraga

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de garantías; en tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), agréguese a los presentes autos los cuadernos del incidente de suspensión, y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto para resolver el juicio de amparo 392/2020-6. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, a quien le correspondió conocer de la presente demanda en razón de turno y recibido en este órgano jurisdiccional hasta el tres de agosto de dos mil veinte Francisco Armando Cota Lizárraga, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Séptimo de lo Civil con sede en Mexicali [.]" IV. ACTOS RECLAMADOS: La determinación de 18 de febrero de 2020, dictada en los autos del expediente 1694/2016, del índice de la responsable con motivo del recurso de revocación hecho valer por el suscrito en contra del auto de 21 de marzo de 2019. SEGUNDO. Trámite. El cuatro de agosto de dos mil veinte se registró la demanda en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 396/2020-6, se previno al promovente a fin de que aclarara la fecha del acto reclamado. Por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el promovente desahogó dicha prevención y, en razón de lo anterior, por auto de veintiuno de agosto de la misma anualidad, se admitió la demanda, se requirió a la autoridad responsable por su informe justificado, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, lo que se hizo por lista publicada el tres de septiembre actual. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos de autoridad judicial del orden civil cuyos efectos se surten dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Sirve de sustento a lo expuesto, la Jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, página 32, registro 192097, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Conforme a lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo y del informe con justificación, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que resolvió parcialmente fundado el recurso de revocación hecho valer en el juicio ejecutivo mercantil 1694/2018. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Séptimo de lo Civil con sede en Mexicali, al rendir su informe justificado manifestó que sí es cierto el acto que se le reclama. Certeza de dichos actos, que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil 1694/2018, que la autoridad responsable acompañó a su informe, mismas que adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la litis constitucional, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes Por razón de método, se estima necesario establecer los antecedentes del acto reclamado a fin de contar con los elementos que permitan analizar, en primer orden, si en el caso se actualiza causa de improcedencia y, de no serlo así, sirvan para el estudio de los motivos de disenso planteados. En ese orden se destaca, lo siguiente: I. El tres de octubre de dos mil dieciocho, el Juez Séptimo de lo Civil de esta ciudad admitió la demanda promovida por Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en la vía ejecutiva mercantil en contra de Francisco Armando Cota Lizárraga, en ejercicio de la acción cambiaria directa. Demanda que se registró como juicio ejecutivo mercantil 1694/2018. II. El doce de febrero de dos mil diecinueve, se emplazó al demandado en el domicilio indicado por la actora. III. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, ante dicho Juzgado Séptimo Civil, Francisco Armando Cota Lizárraga, dio contestación a la demanda instaurada contra la referida moral y, en lo que interesa, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo, señaló como sus abogados en términos del artículo 46 fracción I y II del Código de Procedimientos Civiles a los licenciados Jesús Salvador Murillo Flores, Agustín Fernando Acuña Urroz e Idalia Ramos Rosales. IV. Por auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve se tuvo al pasivo procesal dando contestación a la demanda, oponiendo excepciones y defensas, así como anunciadas las pruebas de su parte; asimismo, se le tuvo por autorizados para oír y recibir notificaciones Jesús Salvador Murillo Flores, Agustín Fernando Acuña Urroz e Idalia Ramos Rosales [entre otros] toda vez que lo anteriores no cumplían con los requisitos establecidos por el numeral 1069 párrafo tercero del Código de Comercio. Asimismo, en atención a lo solicitado por el apoderado de la parte actora, con fundamento en el numeral 1067 bis del código de referencia, se autorizó el uso de los medios de apremio consistentes en auxilio de la fuerza pública a efecto de llevar a cabo el embargo de bienes propiedad del demandado, que alcancen a garantizar las prestaciones reclamadas. V. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de revocación contra el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mismo que hizo consistir en dos agravios, uno; respecto a la determinación del juez de instancia de no tener por autorizados en términos del numeral 1069 a los profesionistas señalados y, dos; que en autos no se encuentra acreditado en autos que la contraria haya señalado depositario judicial de los bienes que intenta embargar y que no se encuentra acreditado que dicha persona tenga la solvencia para responder en caso de daños y perjuicios o haya otorgado garantía para ello. VI. Por resolución interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil veinte el juez de instancia resolvió el recurso de revocación declarándolo parcialmente fundado. El anterior, es el acto aquí reclamado. QUINTO. Causas de Improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se publica en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 222780, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A juicio de quien resuelve, en el caso no de actualiza algún motivo de improcedencia. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su transcripción; máxime que con ello en modo alguno se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con número de registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Como preámbulo, se considera oportuno señalar que la resolución interlocutoria señalada como acto reclamado versó respecto de dos tópicos; Primer tópico. Declaró improcedente el primer agravio hecho valer y al respectó resolvió que, del numeral 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, se advierte que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal quienes deberán encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, por lo que al no cumplir con dicho requisito se le hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de perder la facultad a que se refiere dicho artículo y únicamente se le tendrá como autorizado para oír y recibir notificaciones. Segundo tópico. El Juez civil responsable calificó como fundado el diverso agravio, en el cual el recurrente sostuvo que, en autos no obra garantía por parte de la actora o del depositario judicial para responder del secuestro de los bienes, ello conforme al numeral 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, al efecto declaró parcialmente fundado el recurso de revocación, y revocó el acuerdo recurrido en los siguientes términos: " [.] con fundamento en el artículo 1067 bis del Código de Comercio se autoriza el uso de los medios de apremio, consistentes en el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en lo estrictamente indispensable, en el entendido que no se podrá hacer uso de esta medida si el domicilio se encuentra deshabitado, a efecto de que se lleve a cabo el embargo de bienes propiedad de la parte demandada, FRANCISCO ARMANDO COTA LIZARRAGA, que alcancen a garantizar las prestaciones reclamadas; previo a la ejecución de dicho embargo deberá cerciorarse el fedatario judicial, que en autos obre exhibida la garantía a que se refiere el numeral 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles [.]" En su primer concepto de violación, el quejoso manifiesta que el acto de reclamo resulta violatorio de sus derechos humanos pues la responsable pretende señalar que la ley comercial aplicable al caso regula una figura que no lo hace. Agrega que pretende señalar que el Código de Comercio en su artículo 1069, aun y cuando los abogados nombrados hayan registrado sus correspondientes cedulas profesionales ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, esto no garantiza que tengan los conocimiento en derecho para tenerlos por autorizados en términos amplios del citado numeral, argumenta además que en caso no importa el citado registro pues no es de aplicación supletoria la normatividad que regula dicho registro y por ende no puede aplicarse además que el numeral en cita regula ampliamente lo relativo a la cedula de los abogados. Que la determinación de la autoridad, es contraria al espíritu de la norma e intención del legislador, además de que la interpretación que al responsable debió dar a la norma debió ser en el sentido más protector desde una perspectiva del principio pro hominie; y que es obligación de la misma verificar conforme a la normatividad interna de la misma autoridad, cuando debió tener por acreditada la calidad de peritos del derecho a los autorizados del quejoso. Lo anterior es inoperante. En el caso concreto conforme al tercer párrafo del numeral 1069 del Código de Comercio, las partes de un juicio mercantil pueden autorizar a sus abogados o cualquier otra persona con capacidad para oír y recibir notificaciones, y más aún, los pueden autorizar en términos amplios, lo cual significa que podrá realizar cualquier tipo de acciones procesales en pro de sus intereses, tales como interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Algo que debe de resaltarse es que para poder ser autorizado en términos amplios se deberá acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan. Para este último caso, los juzgados o tribunales de cada estado llevan registros de cédulas, donde se deben registrar todos los abogados para que en juicio se les reconozca la personalidad de autorizado en términos amplios. Así en el caso, el tópico que se estudia versa respecto a la declaración de improcedencia del primer agravio hecho valer y del cual el juez civil resolvió que, del numeral 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, se advierte que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal quienes deberán encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, por lo que al no cumplir con dicho requisito se le hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de perder la facultad a que se refiere dicho artículo y únicamente se le tendrá como autorizado para oír y recibir notificaciones. En tal tenor, si aquí el acto reclamado se hizo consistir en la decisión que se emitió respecto a la personalidad como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones; ello es un aspecto es un aspecto meramente procesal, que por sí mismo no le genera en forma directa un perjuicio de imposible reparación, pues en él la autoridad que señala como responsable no resuelve ni ordena cuestión alguna. En ese sentido, de obtener la parte quejosa resolución favorable a sus intereses, la violación procesal que ahora constituye el acto reclamado, quedará extinguida sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos; y en caso de que no sea así, es decir, que no obtengan un fallo acorde a sus intereses, está en condiciones de hacer valer tal violación, mediante el juicio de amparo que se intente contra la última resolución en el procedimiento de origen. Respecto del tema que se analiza, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre la personalidad, sostuvo la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, Décima Época, con registro electrónico 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Luego, si en la citada jurisprudencia el Pleno del Alto Tribunal prescindió de la aplicación del diverso criterio contenido en la jurisprudencia P./J 4/2001, en el que se sostenía que contra la desestimación de la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, lleva considerar que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, no es procedente el amparo indirecto en contra de las cuestiones inherentes a la personalidad al ser únicamente una violación procesal. Bajo este contexto, si la jurisprudencia antes referida la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, ya estableció que en contra de la resolución que decide lo relativo a la personalidad dentro de un juicio, es improcedente el amparo indirecto al ser únicamente una infracción de carácter procesal y no de imposible reparación, entonces, el acto reclamado consistente en el tema de la personalidad de los autorizados, de modo alguno afecta en este momento, alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, como la vida, la propiedad, la libertad, la posesión, etcétera. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de mérito se resuelva respecto a un litigio en materia laboral y en el caso, se está ante un juicio civil; ello, porque con independencia de que la materia de la contradicción que dio origen a dicha jurisprudencia haya sido derivada de un juicio laboral, su aplicación común a los distintos juicios del orden civil, penal y administrativo surge a partir de la situación jurídica que interpreta, esto es, a la naturaleza del acto reclamado, en los que se impugne alguna cuestión inherente a la personalidad de una de las partes. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución; es de concluirse, que la determinación en estudio, impugnada por la parte quejosa, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales. En tales condiciones, los conceptos de violación, respecto al tópico que se analiza devienen inoperantes, haciéndose innecesario su análisis. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997. Materia(s): Común. Tesis: página 21, registro 198920, rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." En el segundo concepto de violación señala el quejoso que el acto reclamado fue dictado en contravención al numeral 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Refiere que la responsable pretende soslayar la obligación impuesta por tal numeral, pretendiendo que solo con que obre la garantía en autos se tenga por colmado lo estipulado en tal requisito, cuando lo que realmente impone el referido artículo al juzgador es la carga de determinar si a su juicio los bienes en posesión del depositario son suficientes para responder del secuestro o si la cantidad de igual forma cumple con dicho requisito, por lo que la sola exhibición de la garantía sin que se pronuncie el respecto a dicho cercioramiento violenta sus garantías individuales que contemplan los numerales 13, 14 y 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es infundado. Al respecto, el numeral 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala: "ARTICULO 463.- El depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener bienes raíces bastantes, a juicio del tribunal, para responder del secuestro, o, en su defecto, deberá otorgar fianza en autos, por la cantidad que se le fije. La comprobación de poseer bienes raíces, el depositario, o el otorgamiento de la fianza, se hará antes de ponerlo en posesión de su encargo." Del análisis integral del sistema jurídico, en el que se encuentra inmerso el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es dable deducir que la finalidad del embargo es garantizar al ejecutante el pago de la suerte principal, costas, gastos y daños y perjuicios, en su caso, incluyéndose los nuevos vencimientos y réditos hasta la conclusión del procedimiento. Además, que en todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes que sean objeto de él, a la persona o institución de crédito, que, bajo su responsabilidad, nombre el ejecutante. Precisándose que, si en el cumplimiento de los deberes que se imponen al interventor, se encontrare que la administración no se hacía convenientemente, o que pudiera perjudicar los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondría en conocimiento del tribunal, para que, oyendo a las partes y al propio interventor, en una audiencia determinara lo que estimara pertinente. Así, se estableció que el depositario o interventor y el ejecutante, cuando éste lo hubiere nombrado, serían solidariamente responsables de los actos que ejecutare aquél, en el ejercicio de su cargo, pero que cuando el depositario fuere el mismo deudor, la responsabilidad sería exclusivamente suya, salvo lo dispuesto en relación con terceros. En cambio, cuando el depositario no fuera el ejecutado mismo, debía tener bienes raíces bastantes, a juicio del tribunal, para responder del secuestro o, en su defecto, debería otorgar fianza en autos por la cantidad que se le fijara, y que la comprobación de poseer bienes raíces, el depositario, o el otorgamiento de la fianza, se haría antes de ponerlo en posesión de su encargo. Acorde con lo anterior, la disposición contenida en el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con respecto a que el depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener bienes raíces bastantes, a juicio del tribunal, para responder del secuestro, o, en su defecto, deberá otorgar fianza en autos, por la cantidad que se le fije; debe entenderse como una medida para asegurar que la responsabilidad que se impone al depositario de responder ante el ejecutado del secuestro de bienes no sea nugatoria; tan es así, que en la parte final del citado artículo se dispone que la comprobación de poseer los bienes de que se trata, u otorgar la fianza respectiva, debe hacerse antes de ser puesto en posesión de su cargo. En tales circunstancias, es incuestionable que en el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para asegurar que el ejecutado quedara garantizado de los daños o perjuicios que se derivaran del secuestro, el legislador previó una facultad reglada y otra discrecional, que no se contraponen entre sí, sino que se complementan, como posteriormente se verá. Así, resulta pertinente destacar que se está ante una facultad reglada cuando el juzgador debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé; en cambio, por virtud de la facultad discrecional, la ley le otorga al juzgador, dentro de un marco legal, un margen de libre apreciación para determinar la forma de actuar. En el caso, la facultad reglada deriva de lo dispuesto en el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el sentido de que el depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener bienes raíces bastantes para responder del secuestro o, en su defecto, deberá otorgar fianza en autos, por la cantidad que se le fije, pues de ello se sigue el deber establecido para el juzgador de requerir al depositario que acredite contar con bienes raíces y sólo en el supuesto de que no los tenga o que a juicio del juzgador no sean suficientes para responder del secuestro, entonces se encuentra obligado a fijar la fianza respectiva. En cambio, la facultad discrecional deriva únicamente de la libertad que se deja al juzgador para determinar si el valor de los bienes raíces es suficiente para responder del secuestro o no. Tales facultades reglada y discrecional, que se desprenden del contenido del artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no se contraponen entre sí, sino que se complementan, si se considera que el juzgador, por imperativo legal, en todos los casos, debe requerir al depositario que no sea el ejecutado mismo que le demuestre tener bienes raíces bastantes para responder del secuestro, y sólo cuando estime que el valor de tales bienes no es suficiente se encuentra obligado a fijar la fianza respectiva. Por tanto, el Juez, para asegurar que el ejecutado quede garantizado de los daños o perjuicios derivados del secuestro, debe ejercer tanto la facultad reglada como la discrecional establecida en el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sólo de esa manera se lograría que, en cualquier caso, la responsabilidad impuesta al depositario que no fuera el ejecutado mismo, no se hiciera nugatoria. En ese orden de ideas, del análisis del referido artículo 463, se puede concluir que, en todos los casos, el Juez tendrá que requerir al depositario, que no sea el ejecutado mismo, para que le demuestre tener bienes para responder del secuestro y para determinar si éstos son suficientes o no, tendrá, en todos los casos, que hacer uso de su arbitrio. Esta disposición conlleva, en sí misma, la obligación de que el juzgador verifique que se cumpla con tal extremo y sólo cuando considere que no se cumplió, entonces, se encontrara obligado a fijarle fianza por la cantidad que estime pertinente; esto último se corrobora en la medida en que en la parte final de la disposición legal de mérito se establece, además, que la comprobación de que el depositario posee bienes raíces o, en su caso, el otorgamiento de la fianza, debe hacerse antes de ponerlo en posesión de su encargo. De esta manera, como se anticipó, es infundado lo alegado por la recurrente en torno a que el hecho de que en el proveído de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve no se cerciorara que el otorgamiento de la garantía debe cubrir los bienes en posesión; pues si el juez responsable requirió al depositario para que justificara tener bienes raíces suficientes para responder por el secuestro del bien embargado o, en su defecto, otorgara una fianza, la cual sería fijada por el propio juzgador, en términos del artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es patente que la entrega del bien no podría concretarse hasta en tanto el depositario dé cumplimiento al requerimiento que le formuló la autoridad responsable, es decir; justifique tener bienes raíces que garanticen el secuestro del bien u otorgar la fianza, que, en su caso, se le fije. Esto es, si bien el juez responsable no estableció expresamente que debería determinar si a su juicio los bienes en posesión del depositario resultarían suficientes para responder del secuestro; no pasa inadvertido que el fundamento de su determinación fue el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya parte final dispone que la comprobación de poseer bienes raíces o el otorgamiento de la fianza se hará antes de poner al depositario en posesión de su encargo; de lo que se sigue que con su postura, la responsable consideró que el solo requerimiento hecho al depositario tendría como consecuencia que el quejoso [demandado] no entregará el bienes que llegaran a embargarse hasta en tanto el depositario cumpliera con lo requerido. Además, en el supuesto de que el juez responsable ordene la entrega del bien referido, sin que previamente el depositario haya dado cumplimiento al requerimiento que le hizo en el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el quejoso está en condiciones de combatir, en su caso y de ser procedente, la entrega del bien, pues, como se dijo, el juez responsable condicionó implícitamente esa actuación a que el depositario justificara tener bienes raíces que garantizaran el secuestro del bien u otorgara la fianza que, en su caso, le fijaría; incluso, estará en condiciones de impugnar a través del medio de defensa que en su caso fuere procedente, la determinación que la responsable adopte al respecto. Apoya a las anteriores consideraciones la tesis PC.IV.C. J/1 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo II, página 1250, registro 2009362, que a la letra dice: "DEPOSITARIO QUE NO ES EL EJECUTADO MISMO. EN TODOS LOS CASOS ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER DEL SECUESTRO DE BIENES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 463 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Del análisis teleológico del artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles hecho a partir de la exposición de motivos del Decreto de Reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, así como del análisis sistemático de las disposiciones que se contienen en el Capítulo VI del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativo al embargo de bienes, se advierte que la disposición contenida en el citado numeral en el sentido que "El depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener bienes raíces bastantes, a juicio del tribunal, para responder del secuestro, o, en su defecto, deberá otorgar fianza en autos, por la cantidad que se le fije, ..." debe entenderse como una medida para asegurar que la responsabilidad que se impone al depositario de responder del secuestro de bienes ante el ejecutado no sea nugatoria, pues en todos los casos, se impone a dicho depositario la carga de demostrar que tiene bienes raíces bastantes para responder del secuestro, de manera que esta disposición conlleva, en sí misma, la obligación de que el Juzgador lo requiera para que cumpla con tal extremo y sólo de considerar que no se cumple, entonces, se encontrará obligado a fijarle fianza por la cantidad que estime pertinente; obligación del juzgador que se corrobora en la medida en que en la parte final de la disposición legal de mérito se establece, además, que la comprobación de que el depositario posee bienes raíces o en su caso, el otorgamiento de la fianza, debe hacerse antes de ponerlo en posesión de su encargo. Lo anterior obedece a que en el artículo de mérito el legislador para asegurar que el ejecutado quede garantizado de los daños o perjuicios que se deriven del secuestro, previó una facultad reglada y una discrecional, facultades que no se contraponen entre sí, sino que se complementan, pues la primera deriva del deber establecido para el Juzgador de requerir al depositario que acredite contar con bienes raíces, y sólo en el supuesto de que no los tenga o que a juicio del juzgador no sean suficientes para responder del secuestro, entonces se encuentra obligado a fijar la fianza respectiva; en cambio, la facultad discrecional deriva únicamente de la libertad que se deja al Juzgador para determinar si el valor de los bienes raíces es suficiente para responder del secuestro o no. Así, es inconcuso que el Juez, para asegurar que el ejecutado quede garantizado de los daños o perjuicios que se deriven del secuestro, debe ejercer tanto la facultad reglada como la discrecional, pues sólo de esa manera se logrará que, en cualquier caso, la responsabilidad impuesta al depositario que no sea el ejecutado mismo, de responder por su encargo, no sea nugatoria. Por último, en el tercer concepto de violación, manifiesta el quejoso que la responsable no ha resuelto el recurso de revocación, con lo cual se violenta en su perjuicio los principios de defensa adecuada, del debido proceso, y de legalidad. Lo anterior, deviene inoperante. En efecto, la inoperancia de tales argumentos descansa en que, el acto aquí reclamado y analizado ya en líneas precedentes, es precisamente la resolución dictada en el recurso de revocación hecho valer por el demandado [aquí quejoso] en el juicio mercantil de origen, de ahí que éste, al formular el concepto de violación que se estudia, parte de una premisa falsa, pues como se indicó dicho recurso de revocación es lo aquí reclamado, lo que hace evidente que el mismo ya se resolvió. Apoya a dicha calificativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, Décima Época, página 1326, registro 2001825, de contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En atención a lo anterior, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 78, 79, 155, 192 y demás relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Armando Cota Lizárraga, contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron precisadas en el considerando sexto de la presente sentencia.

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