Francisco Arguelles Guerrero
Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Arguelles Guerrero
- Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias correspondientes para acreditar lo anterior. En esas condiciones, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que le serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa (se corre traslado con la promoción con folio 12699). Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 404/2022-I-B, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el cinco de abril de dos mil veintidós, en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como emplazar a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de emitir el laudo dentro del juicio laboral ********************. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que se acredita además con la copia certificada de las constancias que remitió como complemento al informe justificado las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La autoridad responsable aduce que no existe un agravio personal, material ni directo en la esfera jurídica del quejoso, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho argumento debe desestimarse, pues está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con número de registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Con independencia de lo anterior, esta juzgadora no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En suplencia de la queja, resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en los conceptos de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, número de registro 171257, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta el cual se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos establecidos legalmente. Ahora bien, para sustentar lo fundado de los conceptos de violación es oportuno reproducir los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, los cuales norman el procedimiento laboral en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda.". Como se observa, el procedimiento laboral ante el citado Tribunal Estatal es claro y breve, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma, y en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, el término referido para la tramitación y conclusión del juicio laboral del cual emana la omisión reclamada ha transcurrido en exceso sin que a la fecha se haya emitido el laudo respectivo. Lo anterior, pues de lo relatado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, así como de las constancias que adjuntó al informe justificado la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: El juicio burocrático se instauró en el año dos mil dieciséis. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por lo que se ordenó dar vista a las partes. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se certificó que el término otorgado por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, previsto en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, había transcurrido, por lo que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de Laudo. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, se concluye que el juicio de origen data del año dos mil dieciséis y aún no se ha resuelto (dos mil veintidós), lo cual transgrede el numeral 17 constitucional que establece como características de la impartición de justicia, la gratiudad, prontitud y expeditez; violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. Ahora bien, no pasa inadvertido que el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza aplicar de forma supletoria al juicio burocrático, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Ley Federal del Trabajo, sin embargo, dicha supletoriedad es aplicable en el caso. En cuanto a la institución jurídica de la supletoriedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es aplicable sobre una ley respecto de otra para integrar una omisión en la ley suplida o para interpretar sus disposiciones, en forma que se integren con normas o principios generales contenidos en otras leyes. Para que opere la supletoriedad es necesario que: El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir, y Las normas aplicables no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate Precisado lo anterior, respecto de la Ley Federal del Trabajo destaca el artículo 885, el cual dispone: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." Conforme a la citada porción legal, desahogadas las pruebas y formulados los alegatos, o bien, una vez fenecido el plazo otorgado a las partes para ello sin que lo hubieran hecho, el secretario certificará que en el expediente no hay pruebas pendientes por desahogar y se dará a las partes un término de tres días para que se impongan de la certificación, apercibidas que de no hacerlo y hubiere pruebas pendientes de desahogo, se les tendrá por desistidas de las mismas; pero si se acredita que hay pruebas pendientes por desahogar, esto se llevará a cabo en un plazo de ocho días, a su conclusión, se otorgarán veinticuatro horas a las partes para alegar y entonces, procederá el cierre de instrucción y el turno de los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, el cual deberá formularse dentro de los diez días siguientes. De lo anterior se obtiene que la Ley Federal del Trabajo prevé actuaciones diversas a las establecidas en la Ley del Servicio Civil para el trámite y resolución de los juicios laborales, destacando en el caso, que no se actualiza la supletoriedad por el punto III anterior, en tanto se advierte que el legislador local no tuvo la intención de establecer un cierre de instrucción previo al turno para el dictado del laudo respectivo, ni que éste se discutiera previamente; por el contrario, precisó que se deberá dictar en la única audiencia que -por regla general- deben tener los asuntos tramitados ante el Tribunal burocrático. Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tratándose de los procedimientos ordinarios, no secciona la fase de dictado de laudo ni fija plazo para que el Tribunal lo dicte. Sin embargo, en el procedimiento especial para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores, la citada legislación federal sí fija términos para que el Tribunal dicte el laudo. En efecto, el artículo 127 Bis de la propia Ley, que regula el referido procedimiento especial, establece en su fracción III, dos términos para la emisión del laudo, uno por regla general y otro por excepción, como se aprecia enseguida: "Artículo 127 BIS. El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se desarrollará en la siguiente forma: [.] III. Fijados los términos de la controversia y reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, el Tribunal citará a una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación, en la que se desahogarán pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, que se engrosará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará el laudo dentro de quince días." Como se ve, por regla general, desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, el Tribunal dictará los puntos resolutivos del laudo y será engrosado dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia. Por excepción, si desahogada la audiencia resulta necesaria la práctica de diligencias para mejor proveer, el Tribunal ordenará que se lleven a cabo y desahogadas que sean, el laudo será dictado dentro de quince días. En ese sentido, si bien dicho ordenamiento prevé un plazo para el dictado del laudo, ello es para un procedimiento especial, ajeno al que en ordinario se tramita conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo cual tampoco se satisface el requisito III para que opere la supletoriedad, pues considerar lo contrario implicaría integrar la legislación en cita en aspectos que no se tuvo intención de establecer. Lo expuesto tiene apoyo, por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 52/2005, de registro 178282 y rubro: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS)". En adición a lo anterior, no se actualiza el cuarto requisito para que opere la supletoriedad de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos en su artículo 119 contempla de manera clara el término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda, para que el Tribunal resuelva el juicio; por lo tanto, no es posible aplicar los presupuestos procesales que regula el artículo 127 BIS de la ley burocrática federal, al procedimiento laboral burocrático que rige en el Estado de Morelos. Entonces, si la demanda laboral fue presentada en el año dos mil dieciséis y desde el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable consideró no quedaban pruebas pendientes por desahogar, estaba en condiciones de emitir resolución en forma de laudo. Lo anterior se robustece con el acuerdo de cierre de instrucción dictado dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno en el cual la responsable ordenó turnar lo autos a proyecto de resolución en forma de laudo, sin que lo haya emitido. Por tanto, para resarcir la violación, la autoridad debe cumplir lo que la norma exige, esto es, dictar el laudo respectivo. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Tribunal responsable: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen ********************. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), con registro digital 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Por tanto, la sentencia tiene por efecto que el Tribunal dicte el laudo correspondiente, con independencia de su sentido; a más que presumir que incurrirá en actos de omisión posteriores, implica desconocer la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de María Elena González Blas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por Héctor Alfredo Legorreta Cuevas, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por auto de veinte de abril del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad ser albacea de la sucesión de bienes de María Hortensia Cuevas Quintana; en su atención se provee: Si bien, el promovente señala bajo protesta de decir de verdad ser el albacea de la sucesión de María Hortensia Cuevas Quintana, sin embargo, la sola manifestación resulta insuficiente para tenerle por acreditado tal carácter; por lo anterior, no ha lugar a tener como albacea de la sucesión de bienes a Héctor Alfredo Legorreta Cuevas. En ese tenor, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad manifieste el nombre y domicilio de quién ejerce actualmente el cargo de albacea de la sucesión a bienes de la sucesión a bienes de María Hortencia Cuevas Quintana; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se ordenará el emplazamiento por medio de edictos a su costa, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil veintidós. Admisión de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por Francisco Arguelles Guerrero, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente 404/2022-I-B, que por orden le corresponde; con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en los diversos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Determinación sobre el incidente de suspensión. En términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, no se ordena el trámite del incidente de suspensión, pues no fue solicitado. Solicitud de informe. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados a partir de día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, en términos del numeral 31, fracción I, de la Ley de Amparo. En dicho informe tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer sus razones y fundamentos legales para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Si la documentación referida en el párrafo anterior contiene información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Presentación de informes y promociones. Hágase saber a las partes que para otorgar plena eficacia legal a los informes y promociones presentados por los medios electrónicos autorizados por los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, deberán contener firma electrónica (FIREL); de conformidad con la jurisprudencia PC. XVII. J/3 K (11a.), de rubro: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo que así lo permite. Data que se señala, debido a la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales en virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos de los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, se precisa que en caso de que alguna de las partes requiera estar presente en el desahogo de dicha diligencia, como lo establece el Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico para que a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, se realicen las gestiones necesarias ante la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal y se proporcionen los elementos técnicos necesarios su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Determinación sobre la parte tercera interesada. En términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Por oficio De conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con sede en esta ciudad, en ese sentido, con fundamento en el inciso b) de la fracción II del numeral 26 del ordenamiento legal en cita, se ordena emplazarlo por oficio; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda y copia simple del presente proveído, haciéndole de su conocimiento, que si así lo estima pertinente, con tal carácter puede comparecer en el presente juicio de amparo en defensa de sus derechos. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria. Por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágaseles saber que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo cual deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegasen a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, en términos del párrafo último del artículo 2º transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber que las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los lineamientos ahí precisados. Notificaciones. Se instruye al Actuario judicial para que en los casos no previstos en las fracciones I, II y IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, practique las notificaciones a las partes por medio de lista, al actualizarle el supuesto previsto en la diversa fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; por ende, los acuerdos de menor trascendencia incluyendo el diferimiento de la audiencia constitucional, deben notificarse por lista, y solo mediante oficio los acuerdos que se ajusten a los parámetros previstos en la fracción I del numeral 26 de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la parte quejosa. Se instruye al Actuario adscrito para que en caso de considerarlo necesario, establezca contacto con dicha parte procesal mediante los medios electrónicos proporcionados, para lo cual deberá asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que, acorde a lo previsto en la Ley de Amparo, éstos no constituyen medios formales de notificación. Recomendación para transitar hacia el esquema de juicios en línea y de presentación de promociones vía electrónica. Atendiendo al artículo 22 del citado el Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes para que utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, pues mediante dicho medio podrán presentar electrónicamente escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinentes a sus intereses. Asimismo, se exhorta para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarlas sin cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Fernando Cobos González, quien autoriza y da fe.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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