Francisco Antonio Vizcaíno González
Expediente 974/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2020
Partes del expediente
- Francisco Antonio Vizcaíno González
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de octubre de dos mil veinte . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa y tercera interesada el trece y el dieciocho del mismo mes y año, respectivamente, fueron omisas en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "a) Deje insubsistente la resolución de uno de agosto de dos mil diecinueve. b) En su lugar, emita una nueva resolución en la que reitere lo establecido en la resolución de uno de agosto de dos mil diecinueve, en la parte que no fue controvertida en este juicio de amparo, así como en la que aquí se estimó infundado lo combatido en torno a ésta, y una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de los puntos que se evidenciaron en esta resolución como incorrectos, y determine lo que en derecho corresponda.". Al respecto, por oficio 1749/2020, el Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veinte, mediante la cual dejó insubsistente la resolución de uno de agosto de dos mil diecinueve y en su lugar emitió una nueva. Sin embargo, en el caso, analizado que es lo antes precisado, se estima que existe defecto en el actuar de la responsable, en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ello, dado que, si bien la responsable dejó insubsistente la resolución de uno de agosto de dos mil diecinueve, lo cierto es que, al calcular por el pago total del periodo de marzo de dos mil once a diciembre de dos mil quince, lo hace de manera equivoca, no obstante que en el fallo protector se le emitió lineamiento al respecto. Es así, puesto que, como se estableció en la sentencia de amparo, en el juicio de origen no fue reclamado el incumplimiento total de ese periodo, sino sólo una parte, puesto que la actora incidentista reconoció a su favor diversos pagos entre marzo de dos mil once a diciembre de dos mil quince, por lo que de esos periodos no reclamó la totalidad del cumplimiento de la pensión alimenticia, sino sólo la parte que estimó incumplida, sin embargo, la responsable cuantificó ese periodo de manera total nuevamente, no obstante en la sentencia de amparo se estableció que ello era erróneo. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le realice, cumpla con la ejecutoria de amparo, o acredite la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello (Se le remite copia de la sentencia para mayor claridad). Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la fecha en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y puesta a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el cuatro de septiembre de dos mil veinte, fue omisa en emitir pronunciamiento alguno. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ? Regularicen el procedimiento del juicio laboral de origen, únicamente con la finalidad de fijar día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, o bien, acrediten el impedimento legal que tengan para ello. Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento, por oficio 1700/7401/2020, el Presidente Auxiliar de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acta de veintisiete de agosto de dos mil veinte, de la cual se desprende que se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos, pues no sólo fijó día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sino que la misma ya fue celebrada; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue mas allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18 del aludido acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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