Francisco Antonio Villegas Monteverde

Expediente 893/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
893/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Antonio Villegas Monteverde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomos de pruebas. Por último, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase a la autoridad responsable correspondiente los tomos de pruebas que obran agregadas por cuerda separada en dos tomos por haber sido anexados a su informe con justificación. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las once horas con veinte minutos del veinticinco de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 893/2021-IV, promovido por Francisco Antonio Villegas Monteverde, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante José Alejandro Velázquez Aguilar, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el secretario certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario hace constar que se ofrecieron los siguientes medios de prueba: No. Partes Pruebas Foja (s) Admitidas y desahogadas 1 Juez Tercero del Ramo Penal de esta ciudad (Autoridad responsable) Documentales Tomos I y II de pruebas 21 de diciembre de 2021 (fojas 44 a 46) Asimismo, el secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba relacionada, tómense en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, se da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. En este acto, se abre el periodo de alegatos, por lo que el secretario da cuenta con que únicamente fueron realizados por el fiscal federal adscrito mediante escrito con folio 44; mientras que las restantes partes no los formularon. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de referencia, y por precluido ese derecho por lo que respecta a las restantes partes procesales, por tanto se da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda; y, VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 893/2021-IV; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial habilitado para la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Francisco Antonio Villegas Monteverde solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda. SEGUNDO. Radicación y trámite. El tres de diciembre de dos mil veintiuno, la demanda se radicó bajo el número de expediente 893/2021-IV y se admitió. Ampliación de demanda. El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el fin de que, de ser su intención, ampliara su demanda de amparo en lo relativo al capítulo de conceptos de violación; sin embargo, al no haberlo hecho, mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se le tuvo por no ampliando la demanda. Autoridades inexistentes. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, previo requerimiento, se tuvo como inexistentes a las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como: "Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Fiscal del Estado de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Fiscal del Estado de la Unidad Mariano Matamoros, Fiscal del Estado de la Unidad La Mesa, Fiscal del Estado de la Unidad Zona Centro, Comandante de la Policía Ministerial de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Mariano Matamoros, Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Baja California Especializada en Delitos Contra la Vida y Policía Estatal Preventiva de Baja California, todas con sede en esta ciudad"; por lo que se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, puesto que se reclama, entre otras cosas, una orden de aprehensión cuya ejecución material tiene lugar en esta ciudad, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades -con excepción de las que fueron declaradas inexistentes-que enseguida se precisan: No Autoridades responsables Actos reclamados Autoridades ordenadoras 1 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California La emisión de alguna orden de aprehensión, detención o presentación. 2 Juez Primero Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California 3 Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California 4 Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California 5 Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California Autoridades ejecutoras 6 Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Agencia Estatal de Investigación Zona Tijuana La ejecución de tales mandatos. 7 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación UTMC Zona La Mesa 8 Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Tijuana 9 Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables que enseguida se indicarán rindieron su informe justificado solicitado tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido del informe Foja (s) 1 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California Niega 23 2 Juez Primero Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California Niega 39 3 Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California Niega 37 4 Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California Niega 21 5 Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Agencia Estatal de Investigación Zona Tijuana Niega 20 6 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación UTMC Zona La Mesa Niega 22 7 Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Tijuana Niega 36 8 Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Niega 38 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyó. Ello implica, necesariamente, que no sea cierto que hayan actuado en la forma en que se les reprocha; es decir, en haber emitido alguna orden de aprehensión, detención o presentación y, por ende, que trataran de ejecutar tales mandatos. Por tanto, ante el hecho de que los referidos actos reclamados son de naturaleza positiva, aunado a la carga procesal que impone a la parte accionante el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se concluye que corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia de los actos precisados, en razón de que estos fueron negados por las autoridades responsables en cita; sin que así lo haya hecho, pues no aportó, hasta el día en que se celebró la audiencia respectiva, prueba idónea que desvirtúe tal negativa. Decisión. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo con relación a los actos reclamados y autoridades cuya inexistencia se analizó en este considerando, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La restante autoridad rindió su informe justificado de la siguiente manera: Autoridades responsables Sentido del informe Foja 1 Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California Cierto 42 Como se ve, la autoridad responsable reconoció expresamente la existencia del acto reclamado únicamente en cuanto a la emisión y ejecución de una orden de aprehensión en contra del quejoso Francisco Antonio Villegas Monteverde, dentro de la causa penal 118/2018, por el delito de robo con violencia; por ende, estos se tienen como plenamente probados. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado y que obran en dos tomos por separado, consistente en la causa penal 118/2018, de las que se advierte la orden de aprehensión reclamada. Documentos que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. Cosa juzgada. Este órgano de control constitucional considera que en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Justificación. Lo anterior, porque el acto reclamado en esta instancia constitucional, esto es, la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Francisco Antonio Villegas Monteverde, dentro de la causa penal 118/2018, por el delito de robo con violencia, ya fue materia de otro juicio, por lo que se actualiza la figura de la cosa juzgada. Marco legal y jurisprudencia. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Por su parte, la diversa fracción X del mismo numeral, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la interpretación sistemática de ambos preceptos, visto desde la figura jurídica de la "cosa juzgada", se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando, existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas. De ello se sigue, que la hipótesis en estudio se actualiza cuando un juicio determinado ya fue resuelto por sentencia definitiva donde se realizó un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. La finalidad de dicha causa de improcedencia, es desde luego, salvaguardar la garantía de seguridad jurídica, al evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo, cuyas cuestiones ya fueron motivo de decisión en un amparo anterior, con lo que se dota de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de Derecho como fin último de la impartición de justicia. De esta manera, es posible concluir que la institución de la cosa juzgada, se refiere a la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, porque en ella descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica. Ahora bien, sentado lo anterior, y a fin de demostrar las razones por las que en la especie se estima actualizada la citada causa de improcedencia, es pertinente destacar sus elementos. Conforme al articulado que antecede, los requisitos que deben reunirse para considerar que en el caso concreto opera la figura jurídica de cosa juzgada son: 1. Que el primer juicio de amparo sea promovido por el mismo quejoso que intentó el subsecuente. 2. Contra las mismas autoridades. 3. Por el mismo acto reclamado. Elementos que este órgano jurisdiccional considera actualizados. Primer elemento. Que el primer juicio de amparo sea promovido por el mismo quejoso que intentó el subsecuente. Como quedó precisado en párrafos que anteceden, el presente juicio de amparo se promueve por Francisco Antonio Villegas Monteverde en contra de la emisión de alguna orden de aprehensión, detención o presentación. Por otro lado, de las constancias con las que se cuenta para resolver, se advierte que la parte quejosa Francisco Antonio Villegas Monteverde el cinco de abril de dos mil diecinueve, promovió juicio de amparo en el que sustancialmente señaló como actos reclamados la emisión de alguna orden de aprehensión en su contra. Juicio constitucional del cual conoció el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, bajo el número de expediente 291/2019-V. Por tal motivo, se estima acreditado el primero de los elementos en análisis, en tanto que en este juicio de amparo como en el diverso 291/2019-V del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, la parte quejosa es Francisco Antonio Villegas Monteverde. Segundo elemento. Que ambos juicios de amparo se promuevan en contra de las mismas autoridades responsables. Esta exigencia se encuentra colmado, en atención a que en ambos juicios constitucionales el quejoso Francisco Antonio Villegas Monteverde solicitó la protección constitucional entre otras, en contra del Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California. Por tanto, se considera colmado el segundo de los requisitos en análisis al existir identidad entre las autoridades responsables que se señalaron como responsables en ambos juicios constitucionales. Tercer requisito. Que en ambos juicios de amparo se reclame el mismo acto reclamado. Finalmente, se estima satisfecho este elemento, en razón de que en ambos juicios de amparo la parte quejosa inicialmente señaló como actos reclamados la emisión de alguna orden de aprehensión. De las constancias del juicio de amparo 291/2019-V del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana se observa que mediante oficio registrado con folio 7225 el Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California rindió su informe justificado y, al efecto, manifestó que era cierto el acto reclamado consistente en la emisión de una orden de aprehensión el siete de enero de dos mil diecinueve, en contra del quejoso Francisco Antonio Villegas Monteverde y otro, dentro de la causa penal 118/2018, por el delito de robo con violencia. Luego, seguidos los trámites legales de instancia correspondiente dentro del citado juicio constitucional, mediante sentencia de veinte de enero de dos mil veinte, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana determinó sobreseer y negar el amparo solicitado en contra de la orden de aprehensión precisada. Determinación que causó ejecutoria mediante proveído de trece de febrero de dos mil veinte, al no ser recurrida por las partes. Por su parte, como se precisó en el considerando cuarto de esta sentencia, al rendir su informe justificado el Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Tijuana, Baja California indicó de igual manera que era cierto el acto reclamado que se le atribuyó, consistente en la emisión de una orden de aprehensión en contra del quejoso Francisco Antonio Villegas Monteverde, dentro de la causa penal 118/2018, por el delito de robo con violencia, el siete de enero de dos mil diecinueve. Por tal motivo, se estima que se actualiza el último de los requisitos en análisis, porque la orden de aprehensión emitida el siete de enero de dos mil diecinueve en contra del quejoso Francisco Antonio Villegas Monteverde, dentro de la causa penal 118/2018, ya fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo 291/2019-V del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en el que se determinó sobreseer y negar la protección constitucional solicitada en contra de dicho mandato. Circunstancia que genera que ya exista un pronunciamiento de fondo a través del cual se analizó la constitucionalidad de la orden de aprehensión que el quejoso pretende que nuevamente se estudie en este juicio de amparo, lo que conlleva a que exista un impedimento jurídico para ello con motivo de la institución de la cosa juzgada. Decisión. Atento a lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales. En atención a la actualización de la causal de improcedencia aludida, no es viable el estudio del fondo de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Alegatos. En diversa línea argumentativa, no procede incorporar al análisis de la litis constitucional antes efectuado, el conjunto de manifestaciones vertidas por las partes en vía de alegatos; como se desprende de la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Antonio Villegas Monteverde, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo y por las razones y fundamentos indicados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintidós. Notificación por estrados. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el plazo concedido al tercero interesado Centro Cambiario La Cacho, Sociedad Anónima de Capital Variable, en proveído de uno de junio de dos mil veintidós, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, de conformidad con el arábigo 27, fracción lll, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y se ordena notificarle al tercero interesado antes señalado las subsecuentes notificaciones de carácter personal por medio de lista de estrados, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Emplazamientos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que aún no transcurre el plazo de dos días otorgado al tercero interesado Centro Cambiario La Cacho, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Jacob Hernández Espinoza, para que comparezca a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a emplazarse en el presente juicio de amparo, como se advierte del citatorio de veintitrés de junio del presente año, que obra en autos. Diferimiento. A fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del veinticinco de julio de dos mil veintidós. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/20121 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

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