Francisco Antonio Ruiz Ovando

Expediente 1467/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1467/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
05/01/2018

Partes del expediente

  • Francisco Antonio Ruiz Ovando
  • Francisco Antonio Ruiz Ovando y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Encargado del Área de Investigación Interna Mesa Dos, Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Chiapas (en su denominación correcta). Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Finalmente, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que remite la autoridad de cuenta, consistente en copia certificada del Archivo de Investigación SSPC/UAI/AII/AI/0740/2017; misma que será valorado al momento de emitir el fallo correspondiente. Ahora, del contenido de la demanda, del informe justificado de cuenta, así como de las constancias que remite en apoyo al mismo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso se hicieron consistir en: 1. La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo seguido en su contra; 2. La orden de baja, cese o separación definitiva del cargo que desempeña; y, 3. La suspensión del pago de su sueldo. Luego, del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable niega los actos que se le atribuye, puesto que refiere que al quejoso se le dio garantía de audiencia mediante oficio SSPC/UAI/AS/TGZ/05785/2017, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, y que a la fecha se encuentra activo y no cuenta con orden preventiva de pago. Lo que acreditó con las constancias que exhibe, consistentes en copia certificada del expediente relativo al archivo de Investigación SSPU/UAI/AS/AI/0740/2017, de las que se desprenden las siguientes actuaciones:  Por acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, se radicó el archivo de Investigación bajo el número de expediente SSPU/UAI/AS/AI/0740/2017, ordenándose realizar las indagatorias correspondientes a efecto de determinar la responsabilidad del quejoso Francisco Antonio Ruiz Ovando, por las probables irregularidades en el desempeño de sus funciones (foja 34);  Mediante memurandum SSPC/CA/RH/02686/2017, se informó al Encargado del Área de Supervición en su carácter de Órgano Prosecutor, que el quejoso quien ostenta la categoría de policía tercero con número de orden 4795, adscrito a la División de la Policía Operativa, perteneciente a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, cobra sus haberes en nómina Electrónica y que al diecisiete de mayo del año en curso se encuentra en estatus "ACTIVO", sin que tenga preventiva de pago (foja 42);  En oficio SSPC/UAI/AS/AI/0740/2017 de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se solicitó apoyo al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, para que girará sus instrucciones a quien correspondiera a efecto de notificará al quejoso a que compareciera el uno de junio del año en curso, para ser escuchado en declaración en relación a la falta disciplinaria consistente en maniobrar el armamento sin observar los protocolos de precauciones o seguridad necesarios (foja 45);  Notificación se efectuó al quejoso el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, a través del oficio SSPC/SUBSESPMS/DJ/AAL/TGZ/0996/2017 (foja 54);  En la fecha en que fue citado el quejoso, éste compareció ante el órgano prosecutor, donde se procedió a realizar la constancia de los derechos que le asistirán durante la etapa de investigación; asimismo, en presencia de su defensor se le escucho en declaración a través de la cual, acepto la responsabilidad disciplinaria atribuida, solicitando la sanción de los medios alternativos de solución; petición que se ordenó someter a consideración de la Comisión (fojas 46 a 47, 48 y 49);  Finalmente, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió determinación en la que se ordenó someter a consideración el procedimiento abreviado de la Comisión de Honor y Justicia, la imposición del sanción solicitada por el aquí quejoso; sin que a la fecha en que se emite la presente, se haya emitido la resolución correspondiente (fojas 55 a 56). En consecuencia, si la parte quejosa comparece a esta instancia impugnando que nunca se le llamó al procedimiento administrativo a través del cual se ordenó su cese o baja definitiva, así como la suspensión de su pago; es dable concluir que se actualiza una casual manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J.10/2003 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En efecto, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lleva por título "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Ellos es así, ya que la determinación de uno de diciembre de dos mil diecisiete, por la que se ordena someter a consideración el procedimiento abreviado de la Comisión de Honor y Justicia, la imposición al quejoso de la sanción consistente en la suspensión de labores sin goce de sueldo y ninguna otra percepción de quince días, así como la obligación de acudir a su capacitación en el manejo de armas y medidas de seguridad por un lapso de treinta días en el Instituto de Formación Policial, no constituye hasta este estadio un acto que le irrogue perjuicios, ya que no se trata de la resolución a través de la cual se le imponga en forma definitiva tales sanciones. En efecto, en el procedimiento disciplinario adversarial que se encuentra regulado en el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Estado de Chiapas, se contemplan medios alternativos de solución, entre los que destaca el someter a consideración de la Comisión para que determine en definitiva sobre la imposición de la sanción, siempre que el investigado acepte la falta disciplinaria, lo que en el caso acontece, pues fue el propio quejoso quien optó por solucionar el procedimiento de forma alternativa. De ahí que, la determinación de uno de diciembre de dos mil diecisiete, por la que se ordena someter a consideración el procedimiento abreviado de la Comisión de Honor y Justicia, la imposición de las sanciones que le son atribuidas, no constituye la resolución definitiva por la que se produzca un agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte quejosa, ni propicia el inicio del procedimiento de su baja o cese definitivo, máxime que este optó por solucionar el procedimiento disciplinario adversarial, a través de medios alternativos. Además, contrario a lo afirmado por éste, en todo momento se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues fue debidamente notificado de su existencia, se le dio oportunidad de ofrecer pruebas y de alegar lo que a su derecho conviniera. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.30 K (10a.) , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro "POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ES UN ACTO CUYA EMISIÓN NO AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS MIEMBROS". De ahí que, al ser evidente la emisión de la determinación de uno de diciembre de dos mil diecisiete, no ordena su baja o cese definitivo o cualquier otra que lo remueva de su cargo, es que no se actualiza ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del dos de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Encargado del Área de Investigación Interna Mesa Dos, Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Chiapas (en su denominación correcta). Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Finalmente, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que remite la autoridad de cuenta, consistente en copia certificada del Archivo de Investigación SSPC/UAI/AII/AI/0740/2017; misma que será valorado al momento de emitir el fallo correspondiente. Ahora, del contenido de la demanda, del informe justificado de cuenta, así como de las constancias que remite en apoyo al mismo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso se hicieron consistir en: 1. La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo seguido en su contra; 2. La orden de baja, cese o separación definitiva del cargo que desempeña; y, 3. La suspensión del pago de su sueldo. Luego, del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable niega los actos que se le atribuye, puesto que refiere que al quejoso se le dio garantía de audiencia mediante oficio SSPC/UAI/AS/TGZ/05785/2017, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, y que a la fecha se encuentra activo y no cuenta con orden preventiva de pago. Lo que acreditó con las constancias que exhibe, consistentes en copia certificada del expediente relativo al archivo de Investigación SSPU/UAI/AS/AI/0740/2017, de las que se desprenden las siguientes actuaciones:  Por acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, se radicó el archivo de Investigación bajo el número de expediente SSPU/UAI/AS/AI/0740/2017, ordenándose realizar las indagatorias correspondientes a efecto de determinar la responsabilidad del quejoso Francisco Antonio Ruiz Ovando, por las probables irregularidades en el desempeño de sus funciones (foja 34);  Mediante memurandum SSPC/CA/RH/02686/2017, se informó al Encargado del Área de Supervición en su carácter de Órgano Prosecutor, que el quejoso quien ostenta la categoría de policía tercero con número de orden 4795, adscrito a la División de la Policía Operativa, perteneciente a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, cobra sus haberes en nómina Electrónica y que al diecisiete de mayo del año en curso se encuentra en estatus "ACTIVO", sin que tenga preventiva de pago (foja 42);  En oficio SSPC/UAI/AS/AI/0740/2017 de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se solicitó apoyo al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, para que girará sus instrucciones a quien correspondiera a efecto de notificará al quejoso a que compareciera el uno de junio del año en curso, para ser escuchado en declaración en relación a la falta disciplinaria consistente en maniobrar el armamento sin observar los protocolos de precauciones o seguridad necesarios (foja 45);  Notificación se efectuó al quejoso el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, a través del oficio SSPC/SUBSESPMS/DJ/AAL/TGZ/0996/2017 (foja 54);  En la fecha en que fue citado el quejoso, éste compareció ante el órgano prosecutor, donde se procedió a realizar la constancia de los derechos que le asistirán durante la etapa de investigación; asimismo, en presencia de su defensor se le escucho en declaración a través de la cual, acepto la responsabilidad disciplinaria atribuida, solicitando la sanción de los medios alternativos de solución; petición que se ordenó someter a consideración de la Comisión (fojas 46 a 47, 48 y 49);  Finalmente, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió determinación en la que se ordenó someter a consideración el procedimiento abreviado de la Comisión de Honor y Justicia, la imposición del sanción solicitada por el aquí quejoso; sin que a la fecha en que se emite la presente, se haya emitido la resolución correspondiente (fojas 55 a 56). En consecuencia, si la parte quejosa comparece a esta instancia impugnando que nunca se le llamó al procedimiento administrativo a través del cual se ordenó su cese o baja definitiva, así como la suspensión de su pago; es dable concluir que se actualiza una casual manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J.10/2003 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En efecto, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lleva por título "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Ellos es así, ya que la determinación de uno de diciembre de dos mil diecisiete, por la que se ordena someter a consideración el procedimiento abreviado de la Comisión de Honor y Justicia, la imposición al quejoso de la sanción consistente en la suspensión de labores sin goce de sueldo y ninguna otra percepción de quince días, así como la obligación de acudir a su capacitación en el manejo de armas y medidas de seguridad por un lapso de treinta días en el Instituto de Formación Policial, no constituye hasta este estadio un acto que le irrogue perjuicios, ya que no se trata de la resolución a través de la cual se le imponga en forma definitiva tales sanciones. En efecto, en el procedimiento disciplinario adversarial que se encuentra regulado en el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Estado de Chiapas, se contemplan medios alternativos de solución, entre los que destaca el someter a consideración de la Comisión para que determine en definitiva sobre la imposición de la sanción, siempre que el investigado acepte la falta disciplinaria, lo que en el caso acontece, pues fue el propio quejoso quien optó por solucionar el procedimiento de forma alternativa. De ahí que, la determinación de uno de diciembre de dos mil diecisiete, por la que se ordena someter a consideración el procedimiento abreviado de la Comisión de Honor y Justicia, la imposición de las sanciones que le son atribuidas, no constituye la resolución definitiva por la que se produzca un agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte quejosa, ni propicia el inicio del procedimiento de su baja o cese definitivo, máxime que este optó por solucionar el procedimiento disciplinario adversarial, a través de medios alternativos. Además, contrario a lo afirmado por éste, en todo momento se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues fue debidamente notificado de su existencia, se le dio oportunidad de ofrecer pruebas y de alegar lo que a su derecho conviniera. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.30 K (10a.) , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro "POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ES UN ACTO CUYA EMISIÓN NO AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS MIEMBROS". De ahí que, al ser evidente la emisión de la determinación de uno de diciembre de dos mil diecisiete, no ordena su baja o cese definitivo o cualquier otra que lo remueva de su cargo, es que no se actualiza ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del dos de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos para que obren como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Notificador habilitado de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad y 2. Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, por conducto del Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable 2. Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, a los profesionistas que menciona y como domicilio para oír notificaciones el que señalan las autoridades de cuenta. Notifíquese.

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