Francisco Antonio Rojas Toledo

Expediente 949/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
949/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Francisco Antonio Rojas Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    1. Recepción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la sentencia pronunciada en el recurso de queja 158/2017, y los autos del juicio de amparo 949/2017, promovido por ... al efecto, por cuanto de la ejecutoria de mérito, determinó: PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. En lo que fue materia de queja, se confirma el auto recurrido, aunque por diversos motivos. TERCERO. En los términos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria, se desecha la demanda de amparo promovida Francisco Antonio Rojas Toledo, contra el acto atribuido al Titular y/o Encargado de la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda; y, Agente del Ministerio Público de la Federación de esa unidad especial, ambos con sede en la Ciudad de México, consistente en la falta de derecho de audiencia en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/085/2016. 1.1. Anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de gobierno y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 2.1 Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además no tiene relevancia documental para su conservación. 2.2 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 1.1. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se toma nota para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ...mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de septiembre del presente año, en el que se desechó la demanda de garantías; al respecto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer y remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, el escrito de agravios y el original del presente juicio, para los efectos legales correspondientes. 1.1 Remisión de expediente. Se instruye al Secretario para que bajo su más estricta responsabilidad, remita el escrito de cuenta y los anexos relativos, así como los autos del presente juicio, debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso correspondiente. 1.2 Informe de diverso recurso. Asimismo, comuníquese a la Superioridad que en el presente juicio de garantías no se ha interpuesto diverso recurso. 1.3 Se rinde informe con justificación. De igual manera, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, manifestando que es cierto el acto que recurre la parte quejosa, pues este juzgado dictó el proveído de cuatro de septiembre del presente año.

  4. Principal

    3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la falta de derecho de audiencia en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/085/2016. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Así, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, con residencia en Ciudad de México, se encuentra integrando la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/085/2016, por los delitos de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual consignó ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, declarándose incompetente para conocer y resolver la citada averiguación, lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, ese acto no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, toda vez que no se puede impedir la función encomendada al representante social, por el artículo 21 constitucional para la investigación y persecución en los delitos y ante el conflicto de intereses del peticionario del amparo con el de la sociedad y el estado, debe prevalecer el interés colectivo. Es decir, dicho acto sin que se haya dictado una orden de aprehensión, presentación, comparecencia o detención, no transgrede el derecho sustantivo a su libertad deambulatoria, ya que no perturba en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no ser llamado a la integración de la averiguación previa; pues sería en todo caso que a partir del instante en que se emite una de las ordenes en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues con ello implica que su derecho a la libertad podría verse restringido al menos parcialmente, y a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución de la averiguación previa iniciada en su contra; por consiguiente el acto que aquí se reclama sólo se trata de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...

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