Francisco Antonio Morales Escribano
Expediente 872/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2021
Partes del expediente
- Francisco Antonio Morales Escribano
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintiuno de septiembre de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que mediante ejecutoria emitida el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se observa que en los resolutivos segundo y tercero de dicha ejecutoria, dentro del amparo en revisión administrativo 251/2019 [al resolver el recurso interpuesto por la licenciada Dulce María Carrillo Esquivel, autorizada de la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva dictada por este Juzgado de Distrito, terminada de engrosar el dos de agosto de dos mil diecinueve, que negó el amparo fojas 168 a 179 y 240 a 288], concedió la protección de la Justicia Federal a la menor agraviada J. A. M. N.; al recepcionarse la ejecutoria de revisión, conforme lo dispone el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requirió a las responsables el cumplimiento a tal determinación (foja 289). Ahora bien, las autoridades responsables informaron diversas gestiones y se efectuaron requerimientos, hasta que por oficio sin número, suscrito por la Directora de la Escuela Primaria Federal Profesora Julia García Echavarría (C.C.T. 28DPR2337A, Z. E. N° 146, Sector Educativo N° 26), así como el diverso sin número, signado por la Titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, ambos con residencia en esta ciudad, comunicaron sobre el cumplimiento dado al fallo definitivo dictado dentro del presente asunto (fojas 369 a 392 y 420 a 424). Las partes no hicieron manifestación alguna en cuanto a la vista otorgada en proveído de trece de agosto del presente año (foja 425), no obstante que se impusieron del contenido de las documentales de mérito, mediante notificación personal que se les realizó en este asunto (fojas 426 y 427); por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió o no, con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.26/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En el presente juicio de garantías se reclamó el oficio de doce de abril de dos mil diecinueve, firmado por la Directora de la Escuela Primaria Julia García Echavarría; la falta de inscripción de la menor agraviada al cuarto grado de educación primaria; la prohibición de asistir al salón de clases 4-B y la orden tendiente a aplicarle un examen de ubicación al tercer grado, en dicha institución (fojas 1 a 17). En tales condiciones, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con la ejecutoria de mérito. La ejecutoria de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas (fojas 240 a 288), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, esencialmente para que las autoridades responsables ingresaran a la menor J. A. M. N., (representada por Gil Zoraida Nolasco Méndez), como alumna regular en el Sistema de Control Escolar que para tal efecto dispone la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, practicarle un examen de diagnóstico y con fundamento en los resultados, ubicarla en el grado que correspondiera en el nivel educativo de primaria; de igual manera, para que agotaran los procedimientos para que la infante pudiera regularizarse conforme a su grado de aprendizaje y edad, debiendo emitir los certificados educativos que avalen los grados educativos de la citada menor, lo cual deberían hacerlo del conocimiento de la quejosa por conducto de su madre, tutor o representante. Así las cosas, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que las responsables cumplieron con la sentencia ejecutoriada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas (fojas 240 a 288), ya que de las documentales que han quedado precisadas, concretamente de las recepcionadas en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, se desprende que se tuvo por recibido el oficio sin número, en el que la Titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, con residencia en esta ciudad, informó que la menor agraviada J. A. M. N., concluyó satisfactoriamente la totalidad de sus estudios de primaria; al efecto, exhibió el certificado de educación primaria, así como la boleta de evaluación de sexto grado de nueve de julio de dos mil veintiuno, a nombre de la infante, en los que se hace constar que J. A. M. N., cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la Escuela Profr. Miguel Sáenz González, con Clave de Centro de Trabajo 28DPR0479L, con el promedio final de 8.4 (fojas 420 a 425). Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el nueve de julio de dos mil veintiuno, en que la responsable Titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, con residencia en esta ciudad, exhibió el certificado de educación primaria, así como la boleta de evaluación a nombre de la menor agraviada J. A. M. N., representada por Gil Zoraida Nolasco Méndez. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia que concedió el amparo a la agraviada fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Reynosa, Tamaulipas, mediante ejecutoria de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 251/2019 (que revocó la sentencia de este Juzgado, terminada de engrosar el dos de agosto de dos mil diecinueve, en la que se negó la protección constitucional). 2. El recurso de revisión se originó con motivo de la impugnación de la licenciada Dulce María Carrillo Esquivel, autorizada de la parte quejosa y en la ejecutoria de la Superioridad se emitió el fallo protector. 3. La fecha en que las autoridades responsables dieron cumplimiento lo es el nueve de julio de dos mil veintiuno. 4. El oficio relativo al cumplimiento se recibió en este tribunal el doce de agosto de esta anualidad. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; y, 6. En esta propia fecha, que lo es veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a la impetrante de garantías, que cuenta con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de acuerdo con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Francisco Antonio Morales Escribano, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro respectivo con el número 872/2021-III. Por otra parte, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a la parte demandada en el expediente de donde emana el acto reclamado, en virtud de que como se advierte de la demanda que se atiende, ésta no ha sido emplazada al controvertido de origen y, por ende, no ha sido vinculada al mismo, lo que patentiza la inexistencia de afectación alguna a su esfera jurídica, que es lo que generaría la obligación para el tribunal constitucional de hacerle saber la instauración del juicio de amparo para que estuviera en aptitud de comparecer a defender sus derechos, por tener interés opuesto al peticionario del amparo, supuesto que no se actualiza. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, tomo XXIX, correspondiente a Mayo de 2009, Novena Época, registro 167160, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." En cuanto a la prueba documental ofrecida por la parte agraviada, con fundamento en lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada desde este momento por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, se tiene como domicilio del agraviado para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley en cita, a los profesionistas que refiere en su ocurso, por tratarse de la parte trabajadora en materia laboral. Asimismo, como lo pide el promovente se autoriza al usuario "julioman1962", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
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