Francisco Antonio López Válencia

Expediente 65/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
65/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Antonio López Válencia

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que el accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. ..M-IV

  2. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. Con la demanda promovida por Francisco Antonio López Valencia, quien se ostenta como asesor jurídico de José Dolores Hernández Bustamante, contra actos del Agente del Ministerio Público Mesa CO.VI.S. I, de la Unidad de Investigación Sin Detenido, y del Agente del Ministerio Público Masivos I, ambos del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 65/2021-IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que contra los actos que reclama el quejoso resulta improcedente el juicio de amparo, por acreditarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para apoyar lo anterior, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XVIII, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) La disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente. En el caso se estima que el promovente no cumplió con dicho principio, por las siguientes razones. El solicitante del amparo reclama, específicamente: a) La inactividad de investigar en la carpeta de investigación: 12-2015-05315; b) La inactividad de integración, ejercicio de la acción penal o terminación de la investigación en la carpeta de investigación 12-2015- 05315; c) La omisión de motivar y fundamentar la respuesta a la solicitud y petición de once de septiembre de dos mil dieciocho, que realizo de manera personal el padre de la víctima, quien responde al nombre de José Dolores Hernández Bustamante; d) La omisión de motivar y fundamentar la respuesta a la solicitud y petición de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; e) La omisión de dar trámite a la petición y solicitud realizada el once de septiembre de dos mil dieciocho; y f) La omisión de dar trámite a la solicitud y petición de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, se considera que tales actos son impugnables mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que deben ser combatidos a través de ese medio de impugnación. Para la aplicación de las anteriores consideraciones a la materia penal que aquí nos ocupa, se toma en cuenta el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del anterior precepto se desprende que, dentro de los medios de impugnación contemplados por la ley procesal penal, se encuentra el innominado que procede, entre otros casos, contra abstenciones del ministerio público en la etapa de investigación. De ahí que, como los actos reclamados en el presente juicio de amparo se hacen consistir en: a) La inactividad de investigar en la carpeta de investigación: 12-2015-05315; b) La inactividad de integración, ejercicio de la acción penal o terminación de la investigación en la carpeta de investigación 12-2015-05315; c) La omisión de motivar y fundamentar la respuesta a la solicitud y petición de once de septiembre de dos mil dieciocho, que realizo de manera personal el padre de la víctima, quien responde al nombre de José Dolores Hernández Bustamante; d) La omisión de motivar y fundamentar la respuesta a la solicitud y petición de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; e) La omisión de dar trámite a la petición y solicitud realizada el once de septiembre de dos mil dieciocho; y f) La omisión de dar trámite a la solicitud y petición de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, a criterio de esta juzgadora, es procedente el recurso innominado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es a través de dicho medio que el quejoso puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora. En efecto, del análisis del artículo antes descrito se puede establecer que las omisiones en que incurra el representante social en esa etapa del procedimiento, pueden ser corregidas por el juez de control; consecuentemente, y en consideración a los actos que en esta vía se reclaman, resulta incuestionable que en su contra procede el recurso antes aludido. Además, tampoco se trata de una resolución que caiga en los supuestos de excepción establecidos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, previamente a la promoción del presente amparo, el quejoso, debió interponer el recurso innominado, para lograr que la resolución que reclama, fuera examinada por el juez de control, en virtud de que se considera que con dicho recurso la determinación de referencia podía ser modificada o revocada. En ese orden de ideas, al no haberse agotado el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a acudir a la tutela constitucional, procede desechar de plano la demanda de garantías promovida por Francisco Antonio López Valencia, quien se ostenta como asesor jurídico de José Dolores Hernández Bustamante, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso dispositivo 112, ambos de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a), pertenecientes a la Décima Época, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del siguiente tenor: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." DOMICILIO PROCESAL DEL QUEJOSO. Sin que haya lugar a tener por señaladas las listas como lugar para recibir notificaciones, pues las notificaciones al quejoso se le realizarán por diverso medio. AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA. Ahora, como lo solicita el quejoso, se autoriza al usuario FALV01 para la consulta electrónica del expediente en que se actúa, y se ordena la realización en forma electrónica de las notificaciones del presente juicio de carácter personal a dicha parte. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Asimismo, se tiene al quejoso proporcionando la cuenta de correo electrónico corporativojuridico_lopezpedrinyasociados@hotmail.com, y el número telefónico 7713590014, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 relacionado con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020 de referencia, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas)...M-IV

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