Francisco Antonio José Patrón Laviada
Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francisco Antonio José Patrón Laviada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en contra del acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de febrero de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el memorial de cuenta signado por ********************, parte quejosa; con el que, en cumplimiento a la prevención que se le hizo en acuerdo de diecisiete de enero del año actual, refiere el acto que reclama a la autoridad judicial responsable y refiere los antecedentes del acto reclamado. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en contra del acto que reclama del Juez de Control del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y de otra autoridad, consistente en lo siguiente: La resolución de nueve de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expedientillo 439/2022. DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, en el caso respecto a los actos que reclama el quejoso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..". En ese orden de ideas, de la interpretación armónica de las citadas disposiciones legales, debe precisarse que el juicio de amparo es improcedente, además de las causas previstas en las distintas fracción del 61, cuando se actualice alguna causa de improcedencia derivada de algún dispositivo, entre otros casos, de la propia Ley de Amparo; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal de las disposiciones legales trascritas, se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; además, sólo podrá promoverse el juicio de amparo, en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso, y trascendido al resultado de la resolución. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando los efectos del acto reclamado, no sean de imposible reparación. Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de nueve de enero de dos mil veintitrés, en la que el Juez responsable no accedió a otorgar la ratificación de una prórroga de treinta días naturales solicitada por la Fiscalía Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1, de la Fiscalía General del Estado, para pronunciarse respecto de la acción penal ejercitada en contra del aquí quejoso y en su lugar otorgó un término de cinco días para hacerlo; lo cual refiere el ahora impetrante le causa perjuicio al no permitírsele desahogar las pruebas pertinentes a su favor. En ese sentido, el acto aquí reclamado, por su naturaleza, no constituye un acto de imposible reparación, puesto que únicamente tienen consecuencias de carácter adjetivo o procesal en el juicio y/o procedimiento de origen, que por sí mismas no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa y, en todo caso, la afectación procesal que en su caso pueda producir, puede quedar subsanada con el hecho de que obtenga una resolución favorable cuando se determine el ejercicio o no ejercicio de la acción penal o incluso al resolverse la situación jurídica por el Juez de control de llegar a ese momento. Lo anterior es así, pues como se señaló, la Juez responsable no accedió a confirmar la prórroga de treinta días solicitada por la Fiscalía General del Estado y en su lugar otorgó cinco días para que se pronunciara respecto del ejercicio de la acción penal. Por lo que esa determinación no causa perjuicio al imputado pues no afecta su interés jurídico, ya que el único efecto es que la Fiscalía General del Estado se pronunciara respecto de la acción penal, lo que no lo deja en estado de indefensión ya que no le corresponde al aquí quejoso probar su inocencia, sino a la autoridad investigadora allegarse de elementos para formular imputación. Como puede verse, los efectos que éstos producen, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir un lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que quizás no llegue a trascender al resultado, puesto que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en caso de obtener resolución favorable, como se expuso con anterioridad, puede quedar resarcido el daño que refiere la parte quejosa le depara el acto reclamado. Con base en lo hasta aquí expuesto, se puede observar que los actos que reclama el solicitante del amparo, no son de aquellos que contemple el artículo 107 de la Ley de Amparo, dentro de su listado de casos de procedencia del amparo indirecto, de igual forma, no se está en algún caso de excepción establecido en alguna jurisprudencia emitida por los Órganos del Poder Judicial de la Federación, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. Resulta aplicable, por analogía y por las razones que la informan, la tesis XVII.2o.P.A.28 P (10a.), con número de registro 2017171, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 3076, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto, siguientes: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo que procede es desechar de plano la demanda de mérito por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Francisco Antonio José Patrón Laviada, parte quejosa en este asunto, mismo que presenta en relación con la prevención realizada en acuerdo de diecisiete de enero actual, del que se advierte que la parte quejosa omitió dar debido cumplimiento. Se dice lo anterior, pues del aludido auto se desprende que el promovente debía: a) Precisar con exactitud en qué consisten los actos que reclama de la autoridad judicial responsable; y, b) Señalar además, como parte de los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el contexto o fase procesal en que se dictó la resolución emitida en la audiencia de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el expedientillo 439/2022, así como su sentido o contenido para conocer sobre lo que versa. Por su parte, el quejoso hace diversas manifestaciones en torno a la prevención que se le hizo; sin embargo, se advierte que no fue preciso en señalar el acto que reclama a la autoridad judicial responsable, verbigracia, cuál fue la solicitud planteada a la misma o a qué petición no se accedió, qué relación tiene la prueba pericial a la que alude con dicha solicitud, en qué consiste la determinación que controvierte, cuál fue el objeto de la resolución del recurso de revocación que menciona; ya que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. No pasan inadvertidas las manifestaciones que vertió la parte quejosa en su escrito que se acuerda; empero, al margen de la vulneración a sus derechos de defensa, aportación de pruebas y su desahogo que señala, lo cierto es, que no precisa de forma específica, concisa y concreta el acto que atribuye a cada responsable, ya que la redacción que emplea no permite advertir con claridad qué fue lo que resolvió la juez responsable en la resolución que señala el acto reclamado y que afecta sus derechos fundamentales. Y por lo que respecta al inciso b), tampoco resulta clara la narración que realiza a manera de antecedentes del acto reclamado, que permita delimitar el contexto o fase procesal en que se dictó la resolución emitida en la audiencia de nueve de enero de dos mil veintitrés, lo que impide conocer su sentido o contenido. En consecuencia, se tiene por no cumplido el requerimiento de mérito y, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa, para que dé cabal cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto de diecisiete de enero de este año, considerando lo antes expuesto. Así mismo deberá presentar cinco copias del ocurso aclaratorio, mismas que son necesarias para correr traslado a las demás partes, cuya distribución será de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, otra para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y una más para el incidente de suspensión que solicita. En la inteligencia que, de no cumplir dentro del plazo señalado en el citado auto, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el mismo. Por lo anterior, resérvese proveer sobre el trámite de la demanda de amparo, hasta en tanto precluya el término que se le concedió en autos para el cumplimiento, ya que la presentación de su escrito aclaratorio interrumpió el mismo, por lo cual continuará su cómputo a partir de que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo. Lo anterior, ya que la notificación del proveído de prevención se le realizó el veinte de los corrientes y surtió sus efectos el veintitrés siguiente, por lo que comenzaría a transcurrir el plazo de cinco días el veinticuatro de enero en curso y en el día que surtió efectos dicha notificación, esto es el veintitrés del mes que transcurre, presentó el escrito de cuenta ante la Oficialía de Partes de este Juzgado; en consecuencia, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, le restarán cinco días del término de prevención, para que dé cumplimiento a la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis III.2º.A.38 K sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 178830, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********************; mediante el cual pretende desahogar la prevención que se hizo al promovente por acuerdo de diecisiete de enero del año en curso. Al respecto, no se tiene por cumplida la prevención en comento, en virtud que el artículo 108 de la ley de la materia, establece cuáles son los requisitos que la parte promovente debe expresar en la demanda de amparo que presente ante el órgano jurisdiccional, siendo que en las fracciones IV y V del propio dispositivo legal, disponen: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Por tanto, el ocursante no se encuentra facultado para desahogar la prevención relativa a que manifieste los antecedentes "bajo protesta de decir verdad" (y que precise el acto reclamado), pues al constituir actos de carácter personalísimo, sólo los puede realizar quien la promovió la demanda; estimar lo contrario se traduciría en que el autorizado hiciera suyos actos y hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación. Lo anterior, en virtud de que el juicio constitucional se sigue a instancia de parte agraviada, carácter que no tiene el ocursante en este asunto; y de conformidad con el artículo 12 del propio dispositivo legal, bajo el cual se le otorgó autorización para intervenir en él, únicamente está facultado para realizar los trámites relacionados con el cargo conferido. Apoya lo anterior la jurisprudencia siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." (Época: Décima Época, Registro: 2007285, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.), Página: 210). En consecuencia, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto precluya el término otorgado en autos para el cumplimiento de la prevención de referencia, en el entendido que no había empezado a transcurrir, dado que el auto de prevención le fue notificado el dieciocho de enero actual, por lo que aún cuenta con el plazo de cinco días que se le otorgó para tal efecto, mismo que se computará a partir de la legal notificación de este proveído. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182,896, del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese personalmente y cúmplase.
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