Francisco Antonio Arvizu Flores

Expediente 1374/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1374/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Francisco Antonio Arvizu Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico adscrito a la Comisaria de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, por medio del cual, remitió copias certificadas del acuerdo de trece de marzo del año en curso, mediante el cual dejó insubsistente el acuerdo de radicación de trece de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Separación ******************** tramitado en contra del quejoso y se ordenó remitir un nuevo acuerdo mismo que le fue notificado al quejoso, así mismo anexó copias debidamente certificadas del oficio ********************, mediante el cual el Comisario de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá Jalisco, adjuntó el Acta Administrativa levantada al elemento operativo ******************** para el efecto de que se le instaure el Procedimiento Administrativo de Separación por haber obtenido un resultado de ******************** en el examen del polígrafo practicado por el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza así como el Acuerdo de Radicación de nueve de abril del presente año, donde se inicia el Procedimiento Administrativo de Separación número ******************** a ********************, mismo que fue emplazado y notificado. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, contra actos del Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, y otras autoridades, cuyos efectos consistieron esencialmente, en que: "Deje insubsistente el acuerdo de radicación de trece de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo de separación ********************, así como todo lo actuado con posterioridad. Emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado, en el cual verifique: Que en el acta fue administrativa se señalen las circunstancias de modo, tiempo y lugar del presunto incumplimiento, y en su caso, especifique qué examen o exámenes no fueron aprobados por el quejoso, consistentes en el psicométrico, psicológico, toxicológico, médico y clínico, socioeconómico y polígrafo. Que se acompañe el expediente del elemento policiaco, así como determine si las pruebas aportadas al procedimiento son legales e idóneas. Una vez hecho lo anterior, decida con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda, respecto de la procedencia del inicio del procedimiento administrativo de separación". Por acuerdo de siete de marzo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico adscrito a la Comisaria de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, por medio del cual, remitió copias certificadas del acuerdo de trece de marzo del año en curso, mediante el cual dejó insubsistente el acuerdo de radicación de trece de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Separación ******************** tramitado en contra del quejoso y se ordenó remitir un nuevo acuerdo mismo que le fue notificado al quejoso, así mismo anexó copias debidamente certificadas del oficio ********************, mediante el cual el Comisario de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá Jalisco, adjuntó el Acta Administrativa levantada al elemento operativo ******************** para el efecto de que se le instaure el Procedimiento Administrativo de Separación por haber obtenido un resultado de ******************** en el examen del polígrafo practicado por el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza así como el Acuerdo de Radicación de nueve de abril del presente año, donde se inicia el Procedimiento Administrativo de Separación número ******************** a ********************, mismo que fue emplazado y notificadoa los integrantes de la junta responsable remitiendo a este Juzgado, copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de origen, entre ellas, la constancia de emplazamiento practicada a la parte demandada. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Autoridad en vías de cumplimiento. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por medio del cual, remite copia certificada de diversos acuses de diversos acuses de recibo, así como el acuerdo veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio burocrático de origen XXX/XXXX de su índice; por lo tanto, lo cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas condiciones, glósense al sumario en que se actúa, el oficio y anexo de cuenta, estando a la espera de que la autoridad responsable cumpla con el requerimiento de auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por Héctor Daniel Velázquez Carriles, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que se exhibieron con el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que indica, dejando en su lugar copias certificadas de los mismos, autorizando para recibirlas a la persona que indica y previo recibo que al efecto otorgué en autos.

  4. Principal

    Por este conducto se notifica al tercero interesado y al quejoso el auto de 30/08/2019, que dice: i. Actualización de causa de improcedencia. En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de los autos, en específico, de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad siguiente: "[.] 3.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. JUNTA ESPECIAL NUMERO DIECIOCHO DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE [.] 4.- ACTO RECLAMADO.- La paralización Total en el presente juicio laboral 291/2014, dentro de los términos y plazos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por la falta de resolución Interlocutoria que se reservó La Autoridad Responsable sobre el Incidente de Nulidad de Actuaciones interpuesto por esta parte Actora, ya que con fecha 06 de Septiembre del 2019 se llevó a cabo la Audiencia Incidental en la cual la Autoridad responsable se reserva los Autos para su mejor estudio y análisis, es así como hasta la fecha no hemos sido notificado de ningún acuerdo y menos un donde decrete la procedencia o improcedencia del Incidente que nos ocupa y de continuidad al procedimiento, habiendo transcurrido aproximadamente 09 Meses y hasta la fecha no se nos ha notificado de ningún acuerdo al respecto. [.]" (sic). De lo acabado de copiar se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de dictar la sentencia interlocutoria inherente al incidente de nulidad de actuaciones planteado dentro del juicio número 291/2014, de su índice. En relación con lo anterior, se impone precisar que de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio que contempla el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". De la interpretación gramatical de la porción legal invocada se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Tal hipótesis ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se requiere la aparición de una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual infringida, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de amparo reclama de la autoridad responsable, en esencia, su abstención de resolver el incidente de nulidad de actuaciones que formuló en el juicio número 291/2014, de su estadística. Luego, de las constancias que remitió dicha autoridad al rendir su informe justificado, se desprende que el doce de julio pasado se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones referido, constancias que gozan de plena eficacia probatoria, en términos del ordinal 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión de su arábigo 2o., párrafo segundo. Entonces, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto presuntamente violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". ii. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. En el relatado contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, pues, como se ha visto, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que si bien es cierto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había resuelto el incidente de nulidad de actuaciones formulado dentro del juicio número 291/2014, del índice de la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no lo es menos que el doce de julio pasado se pronunció la interlocutoria correspondiente. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". iii. Se deja sin efectos señalamiento de fecha para la audiencia constitucional. En ese sentido, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las trece horas del diez de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 17,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano