Francisco Ángeles González
Expediente 1103/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2021
Partes del expediente
- Francisco Ángeles González
Actuaciones
- Principal
... ESTADO PROCESAL. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. ARCHIVO. Ahora, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. ANOTACIONES. En el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) háganse las anotaciones respectivas. ...
- Principal
Toluca, Estado de México a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite la misiva 5860/2021, los autos del juicio de amparo directo 481/2021 de su índice estadístico, expediente 603/1998 y un legajo de copias certificadas del expediente 603/1998, por estimar carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por Francisco Ángeles González, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Acepta competencia y radicación. Al respecto, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 35 y 45 de la Ley de Amparo vigente, se acepta la competencia planteada, acúsese el recibo de estilo; con el oficio de cuenta y los autos del juicio amparo directo 481/2021; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1103/2021-VII; promovido por Francisco Ángeles González, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Exhortación Juicio en Línea. Ahora bien, en términos artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: ...En ese sentido, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto emitido el diez de septiembre del dos mil veintiuno, en el que se declaró que no fue procedente la petición del quejoso, en donde se hizo mención que la almoneda de remate que se pretendía no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 1411 del código de comercio abrogado; toda vez que la almoneda de remate es referente a diverso inmueble y que no corresponde al que debe ser; asimismo, que la primera almoneda de remate se celebró en la fecha mencionada y quedó firme al no haber sido recurrida por las partes en el momento procesal oportuno. Para mejor comprensión del asunto, cabe precisar los antecedentes que constituyen el acto reclamado. 1. En fecha diez de septiembre del dos mil veintiuno, se emitió un auto por el JUEZ PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, donde se acordó que no fue procedente la petición de quejoso, respecto a la primera almoneda de remate, pues no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 1411 del código de comercio abrogado. 2.- En fecha once de agosto del año en curso, mediante una promoción se hizo mención de que la ALMONEDA DE REMATE que se pretendía NO SE AJUSTABA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ABROGADO integrado en el EXPEDIENTE No. 603/1998, presentada ante el JUEZ PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. TODA VEZ QUE LA ALMONEDA DE REMATE ES REFERENTE A DIVERSO INMUEBLE Y QUE NO CORRESPONDE AL QUE DEBE SER, LO QUE SE TRADUCE EN SEVERAS IRREGULARIDADES DE IMPOSIBLE REPARACION. De lo anterior, se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama una determinación sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por la agraviada puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo el quejoso debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte inconforme tilda de inconstitucional el AUTO EMITIDO EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, en el que no fue procedente la petición del quejoso, haciendo mención que la primera almoneda de remate se ha celebrado en la fecha mencionada y ha quedado firme al no haber sido recurrida por las partes en el momento procesal oportuno, dictado por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 603/1998. La determinación en comento no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 1334 del Código de Comercio, se estima que la determinación reclamada puede ser modificada o revocada a través del recurso de revocación contemplado en el numeral invocado. Lo anterior es así, pues el artículo citado dispone lo siguiente: ...De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, pues el Código de Comercio, dispone que contra los acuerdos y decretos pueden ser revocados por el juez que los dicto. Por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia de la revocación contra la determinación referida, resulta evidente que debió interponer dicho recurso, circunstancia que no aconteció. Es decir, el acto reclamado emitido por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, puede ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México); b) El Código de Comercio (artículo 1334), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra, a través del cual podía ser modificado, revocado o nulificado; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del juicio ejecutivo mercantil 603/1998, en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, es el recurso de revocación, la parte quejosa debió interponerlo de manera previa al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 573, publicada en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: ...Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna pues el acto reclamado lo constituye la determinación contenida en el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Aunado a lo anterior, el quejoso no se ostentó como tercero extraño al juicio de donde derivan los actos reclamados, pues es parte demandada en el expediente 603/1998. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Francisco Ángeles González, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de publicación que se fija en los estrados, por así haberlo solicitado. ...Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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