Francisco Alvarez Salgado
Expediente 291/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Alvarez Salgado
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado y, con los mismos y con las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito. Asimismo, se advierte del escrito inicial de demanda, que la parte quejosa reclamó a las autoridades antes mencionadas, sustancialmente lo siguiente: La omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III. En ese contexto, de los informes rendidos por las responsables, así como de las constancias a ellos anexas, se aprecia que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por desistida a la parte actora, aquí quejoso FRANCISCO ALVAREZ SALGADO, de la demanda presentada en contra de G.S.P.A GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADIESTRAMIENTO, S.A. DE C.V., así como de la acción, prestaciones e instancia, de manera lisa y llanamente, por lo que ordeno el archivo del juicio laboral 01/74/19-III. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El precepto transcrito, señala que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica, en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado, sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto de autoridad no reclamado en la instancia constitucional. Es importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos, a su caso en particular. Así, el cambio de situación jurídica, para elevarse como causa de improcedencia, debe efectuarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo, o en uno seguido en forma de juicio. En ese contexto, es necesario establecer los elementos que determinan la actualización de la causal de improcedencia analizada: 1) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2) Que con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CXI/96, Novena Época, con número de registro: 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página: 219, de rubro siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora, para demostrar que en el caso ha sobrevenido la causa de improcedencia en estudio, es necesario tener presente que el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, lo constituye la omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III. En el caso se actualiza el primero de los elementos en comento, pues el acto reclamado deriva del juicio laboral 01/74/19-III, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Respecto al segundo elemento de la causa de improcedencia que nos ocupa, esto es, si con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronunció una determinación que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo, se cumple, ya que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, emitió un acuerdo (veinticinco de marzo de dos mil diecinueve) por el cual tuvo por recibido el escrito presentado por FRANCISCO ÁLVAREZ SALGADO, y se le tuvo por desistido de la demanda presentada en contra de G.S.P.A GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADIESTRAMIENTO, S.A. DE C.V., así como de la acción, prestaciones e instancia, de manera lisa y llanamente, ordenando el archivo del juicio laboral 01/74/19-III Se afirma lo anterior, pues si se emitió acuerdo por el que ordenó el archivo del juicio natural, es indefectible que cambió la situación jurídica bajo la que se encontraba el promovente del amparo, ya que esa determinación superó jurídicamente el acto que por esta vía impugnó la parte quejosa, al haber concluido el procedimiento de origen en el cual aducía se generaba la violación de derechos y sus garantías. De la misma manera, se cumple con el tercer requisito, consistente en que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues no es posible analizar la constitucionalidad de la omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III, sin afectar lo determinado el veinticinco de marzo del presente año, que constituye nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que reclama la parte quejosa. Finalmente, también se cumple con la cuarta exigencia, relativa a que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclama en esta instancia constitucional, y el acuerdo dictado el veinticinco de marzo del año en curso, en el juicio laboral 01/74/19-III, de modo que ésta última subsiste jurídica y materialmente, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, puesto que con su dictado las irregularidades que aquí se combaten, pueden ser subsanadas e incluso no trascender a la esfera jurídica del quejoso y, de hacerlo, será ésta determinación la que las genere. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, consistente en la omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III; emana de un procedimiento laboral seguido en forma de juicio; además, con posterioridad a la presentación de la demanda mediante acuerdo se ordenó el archivo del juicio de origen, creando una nueva situación jurídica, lo que no permite decidir sin que aquél sea afectado, por lo que es inconcuso que se actualiza un cambio de situación jurídica, considerándose consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en conformidad con la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Encuentra sustento la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado y, con los mismos y con las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito. Asimismo, se advierte del escrito inicial de demanda, que la parte quejosa reclamó a las autoridades antes mencionadas, sustancialmente lo siguiente: La omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III. En ese contexto, de los informes rendidos por las responsables, así como de las constancias a ellos anexas, se aprecia que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por desistida a la parte actora, aquí quejoso FRANCISCO ALVAREZ SALGADO, de la demanda presentada en contra de G.S.P.A GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADIESTRAMIENTO, S.A. DE C.V., así como de la acción, prestaciones e instancia, de manera lisa y llanamente, por lo que ordeno el archivo del juicio laboral 01/74/19-III. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El precepto transcrito, señala que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica, en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado, sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto de autoridad no reclamado en la instancia constitucional. Es importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos, a su caso en particular. Así, el cambio de situación jurídica, para elevarse como causa de improcedencia, debe efectuarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo, o en uno seguido en forma de juicio. En ese contexto, es necesario establecer los elementos que determinan la actualización de la causal de improcedencia analizada: 1) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2) Que con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CXI/96, Novena Época, con número de registro: 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página: 219, de rubro siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora, para demostrar que en el caso ha sobrevenido la causa de improcedencia en estudio, es necesario tener presente que el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, lo constituye la omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III. En el caso se actualiza el primero de los elementos en comento, pues el acto reclamado deriva del juicio laboral 01/74/19-III, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Respecto al segundo elemento de la causa de improcedencia que nos ocupa, esto es, si con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronunció una determinación que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo, se cumple, ya que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, emitió un acuerdo (veinticinco de marzo de dos mil diecinueve) por el cual tuvo por recibido el escrito presentado por FRANCISCO ÁLVAREZ SALGADO, y se le tuvo por desistido de la demanda presentada en contra de G.S.P.A GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADIESTRAMIENTO, S.A. DE C.V., así como de la acción, prestaciones e instancia, de manera lisa y llanamente, ordenando el archivo del juicio laboral 01/74/19-III Se afirma lo anterior, pues si se emitió acuerdo por el que ordenó el archivo del juicio natural, es indefectible que cambió la situación jurídica bajo la que se encontraba el promovente del amparo, ya que esa determinación superó jurídicamente el acto que por esta vía impugnó la parte quejosa, al haber concluido el procedimiento de origen en el cual aducía se generaba la violación de derechos y sus garantías. De la misma manera, se cumple con el tercer requisito, consistente en que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues no es posible analizar la constitucionalidad de la omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III, sin afectar lo determinado el veinticinco de marzo del presente año, que constituye nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que reclama la parte quejosa. Finalmente, también se cumple con la cuarta exigencia, relativa a que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclama en esta instancia constitucional, y el acuerdo dictado el veinticinco de marzo del año en curso, en el juicio laboral 01/74/19-III, de modo que ésta última subsiste jurídica y materialmente, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, puesto que con su dictado las irregularidades que aquí se combaten, pueden ser subsanadas e incluso no trascender a la esfera jurídica del quejoso y, de hacerlo, será ésta determinación la que las genere. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, consistente en la omisión de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio laboral de origen 01/74/19-III; emana de un procedimiento laboral seguido en forma de juicio; además, con posterioridad a la presentación de la demanda mediante acuerdo se ordenó el archivo del juicio de origen, creando una nueva situación jurídica, lo que no permite decidir sin que aquél sea afectado, por lo que es inconcuso que se actualiza un cambio de situación jurídica, considerándose consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en conformidad con la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Encuentra sustento la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil diecinueve. Admisión de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por FRANCISCO ÁLVAREZ SALGADO por su propio derecho contra actos de la JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS y otra autoridad; fórmese el expediente 291/2019-II-B; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo. Determinación sobre el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. Solicitud de informe a la autoridad responsable. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. Obligación de las partes. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Obligaciones de las autoridades responsables. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Determinación sobre la parte tercera interesada. Luego, considerando que el quejoso señaló como tercero interesado a GSPA, GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADIESTRAMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIBLE, sin embargo, de la copia que se anexó al escrito de demanda relativa al auto de veintiuno de febrero del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 01/74/19-III,se advierte que éste no se encuentra emplazado en el juicio de origen, por tanto, no le asiste el carácter de parte tercera interesada en esta contienda constitucional. Tiene aplicación por analogía el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2009, con registro 167160, Novena Época, Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, cuyo rubro es "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)". Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. Notificación del auto admisorio. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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