FRANCISCO ÁLVAREZ ALFARO y Otros.

Expediente 620/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
620/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • FRANCISCO ÁLVAREZ ALFARO y Otros.
  • MARCOS JAVIER AGUNDIS CORTINA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Superioridad admite recurso. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que el Tribunal Colegiado en mención admitió el recurso de queja interpuesto en el presente asunto, mismo que quedó registrado bajo el número 118/2023; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Se rinde informe justificado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de junio del año en curso; en tal virtud, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que en esa data este órgano de control constitucional desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, remítase el original del escrito de agravios, así como el informe con justificación acompañado de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, capital.

  3. Principal

    y trámite de recurso de queja propuesto por el representante común de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación personal que antecede, practicada a la parte quejosa, en la cual manifiesta interponer recurso de queja contra el auto de ocho de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de defensa en cuestión. Quejosos cumplen requerimiento y solicitan se le designen defensor. Asimismo téngase al representante común de los quejosos desahogando el requerimiento formulado en proveído de ocho de junio del año en curso, y solicita se les designen defensores públicos que los representen en el presente asunto. En atención a lo anterior, y toda vez que los quejosos Francisco Álvarez Alfaro, Pablo César Guajardo Álvarez y Marcos Javier Agundis Cortina se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe defensores públicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que los representen y asesoren jurídicamente a los quejosos durante la tramitación del presente juicio de amparo. Cabe precisar que constituye un hecho notorio para la suscrita, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en el juicio de amparo ******************** de este índice, fue recibido el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja ********************, en el que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, resolvió declarar fundado el citado medio de impugnación interpuesto por el coordinador de impugnación y juicio de garantías de la Defensoría Pública Penal del Estado de Guanajuato, en contra del auto por el que se tuvo por designado un defensor público estatal al quejoso privado de la libertad; estableciendo que, con independencia del fuero del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, es obligación de la Defensoría Pública Federal de asignar un profesionista para ejercer el patrocinio de la parte quejosa en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, es que se estima pertinente la realización del requerimiento que se formula.

  4. Principal

    Se desecha demanda de amparo. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo de actual vigencia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Dicha porción normativa establece que cuando en contra de actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la ley establezca un recurso o medio de defensa legal, que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado, invariablemente debe agotarse antes de acudir en reclamo de la justicia de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación del acto impugnado; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o instancia superior. Ahora bien, la causal de improcedencia invocada debe interpretarse extensivamente atendiendo al objetivo que persigue, que es evitar la substanciación de dos procedimientos, uno en justicia ordinaria y otro en la vía extraordinaria constitucional, para resolver sobre un mismo aspecto, pues de permitirse conduciría muy posiblemente al dictado de sentencias contradictorias; aunado a que el acto combatido adolecería de la característica de ser definitivo por inmodificable en la vía ordinaria, calidad que resulta necesario para ser sometido al análisis constitucional. Entonces, cualquier medio de defensa o mecanismo para hacer valer una inconformidad que en sede ordinaria sea procedente contra el acto reclamado, que reúna las características descritas en supralíneas, llámese recurso, incidente o simple petición o solicitud, que tenga por objeto el estudio de un acto o actuación en diversa instancia, ya sea en línea horizontal (instancia accesoria) o vertical (a cargo de órgano revisor), previsto en la ley que rige el acto, invariablemente conduciría a la improcedencia del juicio constitucional, ya que a través de dicho medio de defensa es posible que el inconforme obtenga su pretensión o la insubsistencia del acto combatido al ser factible de ser modificado o revocado, y será hasta entonces que el acto obtenga la calidad de definitivo para hacer procedente en su contra el juicio de amparo. En el caso particular los impetrantes se encuentran en calidad de internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", de modo que es la Ley Nacional de Ejecución Penal la que regula las condiciones de su internamiento, entre las que se encuentra lo relacionado a la negativa de proporcionarles tenis ortopédicos y una incapacidad permanente para el rasurado de barba y bigote una vez por semana y con máquina. Luego, los actos reclamados ante esta instancia constitucional versan precisamente sobre aspectos vinculados con las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la negativa de proporcionarles tenis ortopédicos y una incapacidad permanente para el rasurado de barba y bigote una vez por semana y con máquina, situación que es susceptible de dirimirse a través del mecanismo autocompositivo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, eventualmente, dirimido ante el respectivo Juez de ejecución penal. Lo anterior deriva del contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal, reglamentaria del artículo 18 Constitucional, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que establece en su primer transitorio que dicha Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del diecisiete de junio del mismo, es decir, desde esta última fecha tal legislación se encuentra vigente en nuestro país. De igual manera, en su artículo 2 señala que tiene observancia en todo el territorio nacional, sin importar si los delitos provienen de tribunales común o federal. Luego, tal legislación prevé estándares de internamiento de las personas privadas de la libertad, ya sea con motivo de prisión preventiva o de cumplimiento de sanción, así como los procedimientos específicos para la resolución de inconformidades que se generen durante el tiempo de internamiento respecto a las condiciones del mismo, como se desprende del contenido de los artículos 107 a 115 de la aludida legislación, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Como se ve de la anterior transcripción, dicha legislación contempla un inicial método autocompositivo de solución de controversia entre el propio Director del centro penitenciario y el interno inconforme, a fin de dilucidar cuestiones relacionadas a las condiciones en que se vive el internamiento de las personas que se encuentran privados de su libertad; esto es, un primer momento de avenencia entre los inconformes a fin de producir una solución entre ellos mismos antes de acudir a la instancia jurisdiccional. Por ello, en caso de no lograr solventar su controversia, se encuentran en posibilidad de acudir ante el juez de ejecución, por ser la autoridad competente para resolver sobre aspectos relacionados con las condiciones de internamiento. Autoridad jurisdiccional que conoce de las controversias suscitadas entre la autoridad penitenciaria y sus internos, ya sea que se encuentren en sitios de internamiento con motivo de prisión preventiva o en ejecución de sanción, esto es, no importa la razón a la que atienda el internamiento, las controversias que se deriven del mismo las conocerá, en sede judicial, el juez de ejecución penal. Así, el diverso procedimiento de carácter jurisdiccional lo prevé y regula la Ley Nacional de Ejecución Pena, en sus artículos 116 a 129, así como un sistema de recursos que complementan el derecho al debido proceso en la ejecución penal, que la misma legislación establece en los artículos 130 a 135. En el caso específico, los actos reclamados consistentes en la negativa de proporcionar tenis ortopédicos e incapacidad permanente para el rasurado de barba y bigote, pueden dirimirse a través del método autocompositivo, en que el interno hace del conocimiento de la autoridad penitenciaria a fin de lograr resolver la inconformidad entre ellos y, en caso de que el quejoso no considerara adecuado el sentido en que se resuelva, dicho supuesto actualizaría la hipótesis contemplada en la fracción I del artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de acudir ante el juez de ejecución y plantear tal controversia (y para el caso de que con la actuación del juez, el quejoso no hubiere tenido resolución favorable a sus intereses, podrá acudir al recurso revocación o de apelación respectivo). Figura jurisdiccional que además de estar contemplada en dicha legislación se encuentra instituida de acuerdo al sistema adversarial derivado de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, conforme al segundo párrafo del artículo Primero Transitorio de la citada ley. Así, la misma ya se encuentra constituida y operando en el ámbito federal, como se advierte del Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Centros de Justicia Penal Federal; así como en el diverso Manuel de Organización y Puestos del Centro de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. Por tanto, los actos reclamados por la parte quejosa debe dirimirla, en un primer momento, por medio del método autocompositivo con la propia autoridad penitenciaria y, en caso de inconformidad con lo resuelto por ésta, o la insistencia en su omisión o negativa, controvertirlo ante el respectivo juez de ejecución penal. Dicha autocomposición es posible porque el artículo 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé a ambos con la calidad de partes y la posibilidad de dirimir entre ellos la controversia, antes de acudir a la autoridad judicial. Por ello es que, el procedimiento ante el juez de ejecución de ninguna manera actualiza la excepción al principio de definitividad, contemplada en la propia fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que dicha ruta de solución de controversias contempla la posibilidad de que, de ser procedente y en caso de ser necesario, el Juez de Ejecución puede decretar la suspensión de plano del acto controvertido y sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte del numeral 115 de la multicitada legislación. Por lo que al no exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión de la inconformidad planteada, de ninguna manera actualiza el supuesto de excepción para acudir directamente al juicio de amparo; por lo que el sujeto privado de la libertad, en principio, debe optar por la autocomposición de su controversia y, en caso de no lograr solventarla, acudir ante el juez de ejecución a dirimirla. Por ende, es claro que la parte quejosa cuenta con el medio de impugnación idóneo a fin de controvertir la omisión y/o negativa que le atribuye a la autoridad responsable, y hasta que el juez de ejecución en instancia jurisdiccional resuelva, en caso de persistir su inconformidad, podrá acudir en reclamo de la justicia constitucional, porque hasta ese momento el acto de autoridad adquiere la calidad de definitivo. No se soslaya que en los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto que promulga la Ley Nacional de Ejecución Penal se establecen reservas legislativas en torno a diversos artículos, ya que se enumeran diversos dispositivos de entrada en vigor diferida; sin embargo, el método autocompositivo y el procedimiento jurisdiccional no están inmersos en dicha reserva, por lo que su aplicación comenzó a partir del día hábil siguiente de su publicación. A lo anterior se añade que, no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un mecanismo de defensa de carácter extraordinario, que se activa en los casos en que los actos reclamados hayan sido previamente analizados en sede ordinaria, puesto que dicho acto, de la naturaleza que fuere (positivo, negativo u omisivo) necesariamente tiene que ser revisado, por las autoridades estrictamente vinculadas en línea vertical, por la ley que rige el acto, en el caso particular por aquéllas encargadas de la administración del centro penitenciario y las condiciones de internamiento de los reclusos y la autorización de entrega de diversos efectos personales (por ejemplo el Director General del centro penitenciario), así como por las diversas autoridades que por disposición constitucional, de leyes especiales y reglamentarias tiene intervención, como en el caso el juez de ejecución, por estar, la condición del interno, relacionado con la ejecución de una pena, o en situación de prisión preventiva, todo con motivo de un proceso penal; dando así a dichos órganos la posibilidad de pronunciarse en cuanto al acto de omisión materia de inconformidad y, en su caso, de reparar la lesión padecida. Así las cosas, el acto reclamado debe en primer lugar ser revisado en línea vertical, para tener la calidad de definitivo, y luego desde la óptica constitucional, en línea horizontal, a través del juicio de amparo, como sistema extraordinario de defensa, siempre y cuando subsista la lesión en la esfera de derechos del impetrante. Lo anterior es así, porque la naturaleza de los actos que en este asunto se pretenden reclamar, en sí mismos no vulneran de manera directa o frontal un derecho de los protegidos constitucionalmente, porque las omisiones combatidas, hasta este momento, no trascienden en la esfera del interno quejoso a grado tal que restrinjan, limiten u obstaculicen el ejercicio de uno o varios derechos fundamentales. Puesto que la jurisdicción constitucional sólo puede tener intervención una vez que, intentada la reparación del derecho en sede ordinaria, a través del mecanismo autocompositivo ante el titular del centro penitenciario federal, o jurisdiccional mediante la revisión por el juez de ejecución, dicha reparación no se haya producido. En efecto, no todo acto de molestia constituye en estricto sentido un acto reclamable en la vía de amparo, ya que para ello acontezca debe tener la característica de vulnerar derechos de los reconocidos constitucional o convencionalmente, esto es, que el acto necesariamente debe revestir de aspecto de especial trascendencia constitucional. Dicha justificación encuentra su origen en que la justicia en sede ordinaria es la tutela natural y primaria de los derechos fundamentales y libertades personales; ya que la protección de los derechos humanos no es tarea única de los órganos de control constitucional; de modo que, el principio de definitividad rector del juicio constitucional, tiene como objetivo conceder la posibilidad a las autoridades de tutela primaria, de poner remedio a la infracción o vulneración de los derechos de un gobernado; y solo en el caso de que dicha lesión no sea reparada y, además, como condición específica, la vulneración al derecho tenga la connotación de ser de trascendencia constitucional, por afectar alguno de los derechos de corte fundamental, entonces se podrá acceder al juicio de amparo. Es muy importante hacer notar en la determinación, que es un hecho notorio el incremento desmedido de la presentación de demandas de amparo ante los tribunales constitucionales en nuestro país, en los que se alegan violaciones a derechos fundamentales, respecto de actos que en realidad no tienen dicha connotación, porque se tratan de meros actos de molestia que no vulneran ni restringen el ejercicio de derechos y libertades de corte fundamental en estricto sentido. Lo que está conduciendo al sistema de justicia constitucional mexicano a un evidente colapso, por la imposibilidad de tramitar y resolver los juicios de amparo con la prontitud debida, a fin de no vulnerar el derecho de los justiciables de acceso a la justicia pronta y expedita, prevista por el artículo 17 constitucional. Debido a que una gran cantidad de estos procedimientos tramitados, se refieren a casos en los que se elevan meras inconformidades que no atañen vulneración directa y frontal de derechos de trascendencia constitucional y convencional, como en el caso acontece, inconformidad con la prestación del servicio, administración u operatividad de un centro penitenciario; de ahí la necesidad de exigir la reparación a las lesiones en la esfera de los derechos de los gobernados argumentadas, en sede ordinaria como justicia primaria, por las autoridades directamente vinculadas en el entorno jurídico en el que surge el acto combatido, es decir, observarse a cabalidad el objetivo o espíritu que persigue el principio de definitividad. Bajo esa línea de pensamiento, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto a las condiciones de internamiento que reclama, en términos del artículo 62, en relación con el 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Encuentra asidero a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emanada de la contradicción de tesis 57/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Dicho criterio jurisprudencial resulta obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. VII. Requerimiento a los quejosos. Ahora bien, toda vez que los promoventes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, se les requiere, para que en el momento de la notificación que recaiga al presente asunto, o bien, dentro del plazo de tres días siguientes a que surta efectos, señalen abogado que los represente; apercibidos que de no hacerlo, se les nombrará uno de oficio, para lo cual se requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione el servicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." VIII. Domicilio y solicitud de quejosos. Se tiene a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentran privados de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte respecto a su solicitud de que las resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo se notifiquen a cada uno de los quejosos, dígaseles que se deberán estar a lo acordado en supralíneas, relativo a la representación común; amén de que la tesis que citan no resulta de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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