Francisco Alfonso Molina Gonzalez

Expediente 524/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
524/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Francisco Alfonso Molina Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México mediante el cual acusa recibo del oficio 2746-4A de dieciséis de octubre del año en curso, con el cual se le devolvieron las constancias relativas al SIPE 1509/2015 y su acumulado SD 129/2017 de su índice, las cuales fueron remitidas por el Titular de dicho órgano jurisdiccional al rendir el informe justificado; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales conducentes.

  2. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que el trece de julio del año en curso, se ordenó el archivo de este asunto al encontrarse definitivamente concluido; por tanto, al resultar innecesario conservar las constancias relativas al SIPE 1509/2015 y su acumulado SD 129/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México, las cuales fueron remitidas por el Titular de dicho órgano jurisdiccional al rendir el informe justificado, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio las citadas constancias al juzgado de distrito responsable y solicítese el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que la parte quejosa no realizó alguna manifestación con relación al acuerdo de doce de junio del año en curso, en el cual se declaró que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, determinación que le fue notificada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración dado que, por sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Bajo ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente ni la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado. Por último, en virtud de lo acordado en líneas precedentes, resultar innecesario conservar las constancias relativas al SIPE 1509/2015 y su acumulado SD 129/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México, las cuales fueron remitidas por el actuario de dicho órgano jurisdiccional al rendir el informe justificado; por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio las citadas constancias al juzgado de distrito responsable y solicítese el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    En atención al estado procesal de los autos y a la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada el uno de junio del año en curso, con relación al oficio y documentales remitidas por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional, aun cuando dicha determinación se le notificó el cinco de junio de dos mil dieciocho; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional al quejoso Francisco Alfonso Molina González; la citada resolución causó ejecutoria el tres de mayo de dos mil dieciocho, al no ser impugnada por alguna de las partes, por lo que en esa misma fecha se determinó requerir a la autoridad responsable a fin de que otorgara cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el fallo protector se consideró el acto reclamado y la etapa en que éste se ubica en el incidente SD 129/2017 de origen; por tanto, la concesión de amparo se otorgó para efecto de que el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México, llevara a cabo los actos necesarios a fin de realizar las diligencias pendientes, por lo cual se le impuso el plazo de treinta días, contado a partir de que causara ejecutoria la sentencia y se le notificara el acuerdo relativo, a fin de que se integrara el expediente y se emitiera la resolución que conforme a derecho procediera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2001, visible a página 142, Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Materia Penal, Registro 189683, cuyo contenido es: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución.". En ese contexto, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, a través del oficio 19696 de veinticinco de mayo del año en curso, informó que el doce de marzo de dos mil dieciocho, se dictó resolución incidental en el SD 129/2017 integrado al SIPE 1509/2015 de su índice, en el sentido de que no ha lugar a conceder al quejoso los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, respecto de la pena de prisión impuesta en el proceso penal CR 13-01797-001-TUC del índice de la Corte de Distrito de Arizona en los Estados Unidos de América. De igual modo, la responsable expresó que al ser notificadas las partes respecto a dicha determinación, interpusieron recurso de apelación contra ésta, el cual se admitió el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, y para sustentarlo remitió constancias certificadas de la resolución de doce de marzo del año en curso, y del auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Con el oficio y documentales reseñados, se otorgó vista personal a la parte quejosa en el acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, el cual se le notificó el cinco del mismo mes y año, sin que realizara alguna manifestación como se precisó. En consecuencia, si el amparo se concedió para efecto de que el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México, llevara a cabo los actos necesarios a fin de realizar las diligencias pendientes y se le notificara al quejoso el acuerdo relativo, a fin de que se integrara el expediente y se emitiera la resolución procedente, circunstancias que ya acontecieron; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Por último, considerando que el quejoso Francisco Alfonso Molina González se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción a efecto de que notifique personalmente el presente auto al quejoso en cita, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el quejoso, para proceder a su plena identificación; por consiguiente, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

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