Francisco Alfonso Martínez Chale

Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
54/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Alfonso Martínez Chale

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, dado que no existe razón legal para que continúen en este juzgado los dos DVD que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia; sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se desprende que se recibieron dichas constancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 54/2022-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por *****, contra actos de la Jueza Segunda de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El cuatro de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por Francisco Antonio Martínez Chalé, contra actos de la Jueza Segunda de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. En la indicada demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de seis de octubre de dos mil veintidós se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social del juzgado remitente y al de la adscripción, sin que este último haya presentado sus alegatos. Se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, por tratarse el acto reclamado de uno que incide en la libertad del quejoso, dictado dentro de un proceso penal; en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman resoluciones en materia penal ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Jueza Segunda de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado Mérida, Yucatán El auto de vinculación a proceso dictado el doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en autos de la carpeta administrativa **/2022, por su probable participación en los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido a la Jueza Segunda de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 28). Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la indicada responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, en cuanto al disco versátil digital es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Así, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse el acto reclamado en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el particular, los actos reclamados fueron notificados a la parte quejosa el mismo día de su emisión, de acuerdo a lo que dispone el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el doce de septiembre de dos mil veintidós, por lo que en términos del diverso ordinal 82, fracción I, inciso a) y último párrafo de esa normatividad, la notificación surte sus efectos al día siguiente. En consecuencia, el plazo para ejercer la acción constitucional trascurrió del diecinueve de septiembre al siete de octubre de dos mil veintidós, descontándose sábados y domingos, así como el catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, del diverso 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Circular 5/2022 de 30 de marzo de 2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, si la demanda de amparo se presentó físicamente el cuatro de octubre de ese año, se concluye que la acción constitucional se ejerció oportunamente. No es obstáculo a lo anterior que la medida cautelar reclamada haya sido decretada desde el siete de septiembre de dos mil veintidós, puesto que del análisis oficioso realizado a las audiencias relacionadas con este asunto, se advierte que dicha medida fue reiterada en audiencia de doce de septiembre siguiente, por lo que es a partir de esa fecha que se debe contabilizar el plazo para promover el juicio de amparo contra dicho acto. Se afirma lo anterior, porque en los casos en los que la parte imputada se acoge a la duplicidad del plazo constitucional para la resolución de su situación jurídica, como ocurre en el presente asunto, y en ese primer momento la persona juzgadora correspondiente resuelve sobre las medidas cautelares, en la continuación de la audiencia inicial, puede reiterar las medidas cautelares en los mismos términos que se resolvió en la primera parte de la audiencia inicial, sin mayor argumentación. Lo anterior, tal como lo permiten los principios de continuidad y concentración establecidos en los artículos 20, párrafo primero, constitucional y 7 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el derecho a una justicia pronta y expedita de acuerdo con los artículos 17, segundo párrafo, constitucional y 16 del Código Nacional aludido. Lo anterior, pues resultaría ocioso obligar a la autoridad judicial a que en cada oportunidad que se discuta sobre un tema, se deba abrir un debate específico, cuando sobre el mismo tema ya obra una decisión en la propia audiencia, pero en un momento procesal previo. De ahí que, en los casos en los que el Juez de Control ya se haya pronunciado sobre un tema, en atención a que la audiencia inicial se realiza en forma secuencial y todo forma parte de la misma diligencia, con base en los principios de continuidad y concentración y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, sí es válido que el Juez de Control se remita a lo previamente resuelto. En ese orden de ideas, en este último caso - tratándose de la reiteración de medida cautelar en audiencia inicial-, será a partir de esa decisión de reiterar lo ya determinado, que comenzará a correr el plazo para impugnar la decisión reiterada, pues debe entenderse que la misma argumentación ya expuesta simplemente se trasladó a una nueva decisión. QUINTO. Procedencia El juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es procedente en virtud que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse actos emitidos en juicio que inciden en la libertad personal del quejoso. En el entendido que la parte quejosa no tenía la obligación de agotar los recursos ordinarios, dado que por lo que hace a la medida cautelar reclamada, así lo permite el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de medidas restrictivas de la libertad y, en lo relativo al auto de vinculación a proceso, lo faculta el inciso d) del referido precepto y legislación de la materia. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al margen de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado Por otra parte, y a efecto de tener un orden en el estudio del asunto, se precisa que en primer término se analizara: a) La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de fecha siete de septiembre de dos mil veintidós y, posteriormente, b) el auto de vinculación a proceso de doce de septiembre siguiente, ambos dictados en la carpeta administrativa 291/2022, estudiando en cada caso los conceptos de violación expuestos en contra de cada una de las actuaciones citadas. I. Determinación dictada en audiencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Respecto a este tópico, la parte quejosa únicamente señala que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa resulta inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia, pues privarlo de la libertad equivale a una sentencia y, por ende, se transgrede el artículo 1° constitucional. Es infundado el anterior concepto de violación. En efecto, el suscrito Juzgador estima que se encuentra justificada la imposición de la medida cautelar, tomando en consideración que los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada, que se atribuyó al imputado, aquí quejoso, se cataloga en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como aquéllos en los que procede la prisión preventiva oficiosa conforme al sistema penal acusatorio y oral, como bien lo precisó la Jueza de Control. Para abordar el estudio del acto reclamado, en principio, se precisa que la privación de la libertad de una persona en forma preventiva, constituye una restricción a la libertad deambulatoria constitucional y convencionalmente legítima, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la permite en el artículo 19; además, su aplicación resulta acorde con lo establecido en el artículo 7.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que en modo alguno se prohíbe, siempre que esté justificada conforme a los lineamientos que para imposición prevé la legislación interna. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 1a. CCXV/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales)." En esa misma línea argumentativa, debe señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, dispone que la prisión preventiva sólo podrá ser decretada por el Juez de Control cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el acusado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esto es, la medida cautelar de prisión preventiva, tiene un carácter de excepcional (última ratio), en virtud del principio de presunción de inocencia que asiste a todo imputado en el proceso penal, lo que significa que la autoridad judicial únicamente podrá imponerla cuando fuese absolutamente indispensable para los fines del proceso, de manera que habrá de aplicarse sólo cuando otras medidas cautelares menos restrictivas no puedan cumplir con su finalidad. No obstante ello, el propio texto del artículo 19 de la Constitución Federal, prevé como restricción a la libertad personal la prisión preventiva; dispositivo que en la parte que interesa, a la letra dice: "Artículo. 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso." Del precepto constitucional transcrito, se advierte que ordena llevar a cabo un control para determinar la procedencia de la prisión preventiva, que a su vez debe estar constituido por dos momentos que el propio artículo distingue. Por una parte, está la cuestión del supuesto fáctico que tiene que acreditarse para que proceda el auto de vinculación a proceso, que es la condición jurídica previa para que, de acuerdo con este numeral constitucional, proceda la prisión preventiva. En segundo lugar, la regulación prevista en el segundo párrafo, establece los requerimientos para imponer la prisión preventiva, de acuerdo a una doble regulación, es decir, la relativa a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y, aquellos delitos en los que se requiere acreditar algún tipo de necesidad de cautela o, también, en los casos en que exista reincidencia. Por lo que se refiere al primer supuesto, también conocido como la acreditación del supuesto material, el juez deberá justificar la procedencia de la vinculación a proceso sobre la base de si existen datos sobre la existencia del hecho que permitan determinar "el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución" del delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Si bien este es un requisito exigido en todos los casos para iniciar un proceso, cobra especial relevancia para la imposición de medidas cautelares, sobre todo para la que consiste en privar de la libertad al imputado. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, contiene importantes salvaguardas para la protección de la libertad personal desde el punto de vista de la aplicación de la prisión preventiva. En primer lugar, regula el supuesto de la prisión preventiva necesaria (también llamada "justificada") y señala que "el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes" para lograr ciertos fines dentro del proceso. De la redacción de esta primera oración derivan dos importantes principios: el de excepcionalidad y el de subsidiariedad, y acorde con ellos, el juzgador, para la imposición de la prisión preventiva justificada, deberá evaluar si el Ministerio Público logró acreditar la necesidad de la medida para los fines procesales, así como la razón por la que resulta la única procedente frente a otras posibles alternativas que podrían cumplir con los mismos objetivos y ser menos aflictivas. Sin embargo, la segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, hace referencia expresa a la necesidad de que el juez ordene la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos expresamente determinados. En ese supuesto, la determinación de la prisión preventiva oficiosa no está vinculada a una ponderación individualizada de la necesidad de cautela, ni a criterios de necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad, subsidiariedad y razonabilidad. Como se ve, el precepto constitucional referido, dispone en forma expresa que, tratándose de los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada, respecto de los cuales fue vinculado a proceso el quejoso, procederá la prisión preventiva oficiosa. Ello implica que el legislador ya realizó la valoración previa del riesgo que implica la configuración de dicho antijurídico por lo que lo catalogó como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, razón por la que no es necesario realizar mayor abundamiento sobre tal tópico, pues basta que se haya configurado alguno de los ilícitos contemplados por dicho numeral, como en la especie acontece, para que se justifique plenamente la imposición de medida cautelar restrictiva de la libertad señalada. En mérito de lo anterior, contrario a lo que señala el quejoso, resulta constitucional y legal la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada por la Jueza de Control en la audiencia inicial, al estar justificada su imposición, de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal. Cierto es, que en caso García Rodríguez y otro vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, estimó que el artículo 19 constitucional no menciona las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría evitar, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, que la forma de redacción de esa figura jurídica limita el rol del juez y supone un acto exento de todo control real, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento Empero, cabe aclarar que tal y como lo dispuso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, en materia de derechos humanos, si bien la Constitución y los tratados sobre la materia se encuentran en el mismo nivel de jerarquía, por lo que podrá aplicarse aquél que mayor beneficie, la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 de la Norma Suprema, permite advertir que dicha protección convencional es aplicable salvo que se trate de una restricción constitucional expresa, como en el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues en ese supuesto se deberá estar a lo dispuesto en la propia constitución. II. Análisis del auto de vinculación a proceso de doce de septiembre de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, es oportuno hacer mención que la fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 19 Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, se analizará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión, a la vez, en el apartado relativo se estudiarán los conceptos de violación. En cuanto al primer requisito, esto es, que se haya formulado la imputación, quedó colmado en los términos que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la audiencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación a ****, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley describe como abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el artículo 310, con relación al 309 del Código Penal del Estado de Yucatán y violación equiparada agravada, previsto y sancionado por el artículo 315, con relación al 313, párrafo segundo, del indicado código penal de la entidad, cometidos en agravio de la adolescente de iniciales **** Sustancialmente, de lo expresado por la Fiscal, se obtiene que los hechos materia de la imputación son los siguientes: Que aproximadamente entre las diecisiete horas con treinta minutos y las dieciocho horas del cuatro de septiembre de dos mil veintidós, el imputado ***** se encontraba a las puertas del predio ubicado en la calle ****, sin número, por calle ***y ***, de la colonia **** en ****, Yucatán, abrazando a la víctima de iniciales *** de doce años de edad, ejerciendo violencia física pues la adolescente le pidió que la soltara, empezó a besarle el cuello y los senos, situación que fue presenciada por el denunciante ****, quien se acercó y le reclamó dicha conducta al imputado. Al cuestionar el denunciante ***** a la adolescente **** sobre lo ocurrido, ésta comenzó a llorar y le contó que ****, aquí quejoso, la obligó a tener relaciones sexuales, siendo la última vez el tres de septiembre de dos mil veintidós, alrededor de las dieciséis horas con quince minutos, pues estando en el interior del predio ubicado en la calle ***, entre **** y *** de la colonia *****, en ****, Yucatán, mediante la violencia moral, *** le impuso cópula vía vaginal, aprovechando que la víctima adolescente acudió a dicho domicilio a limpiarlo. Así como que en la ejecución de los hechos con apariencia de delitos, probablemente participó ***, en calidad autor material, directo y singular, en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán. Con lo anterior, se evidencia que la Ministerio Público informó al aquí quejoso los hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, por lo que se tiene satisfecho el primer requisito. Respecto al segundo requisito, relativo a que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se cumplió, ya que después de la exposición del fiscal, la Jueza se aseguró que el quejoso entendió el hecho y respecto a este, se reservó el derecho a declarar. Enseguida, la fiscal solicitó oportunidad para vincular a proceso al imputado por su probable intervención en los hechos atribuidos, y expuso los datos de prueba siguientes: - Denuncia de ****, de cuatro de septiembre de dos mil veintidós. - Declaración de la adolescente de iniciales **** de cuatro de septiembre de dos mil veintidós. - Entrevista inicial de *****, el cuatro de septiembre de dos mil veintidós, ante el agente de seguridad del municipio de ***. - Entrevista inicial de la adolescente de iniciales ****, el cuatro de septiembre de dos mil veintidós, ante el agente de seguridad del municipio de ****, en presencia de su padre denunciante. - Informe policial homologado de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por los agentes de seguridad municipal ***** y ****. - Ratificación de informe policial homologado. - Examen de integridad física de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, elaborado por la Doctora ****, del que se aprecia que indicó que la víctima de iniciales *** presentó sugilaciones (chupetón) en la región del cuello, región anterior de torax, en ambos senos y en región pariareolar de dos, tres y cuatro centímetros de diámetro. - Acta de inspección de cinco de septiembre de dos mil veintidós del perito ****, respecto del domicilio ubicado en calle ***, sin número, por calle **** y **, de la colonia *** en ****, Yucatán, en la que fueron recabadas cinco placas fotográficas. - Inspecciones técnicas de cinco y seis de septiembre de dos mil veintidós, realizadas por ***** y ***, en la que se recaban treinta y tres y diecisiete placas fotográficas de los indicios y se realiza descripción complementaria de ellos, relativos un juego de llaves y el vehículo de la marca ****, color gris, línea ***, año ****, placas **** del Estado de Yucatán, *****. - Examen ginecológico de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, elaborado por la Doctora **** Rosado a la adolescente de iniciales ****, del que se aprecian datos de penetración vaginal recientes y no recientes. - Acta de nacimiento ****de la que se advierte que la adolescente de iniciales ***. nació el siete de septiembre de dos mil nueve, por lo que a la fecha de los hechos contaba con doce años de edad. - Celular Samsung A03 de color negro, puesto a disposición para realizar la extracción de conversaciones y placas fotográficas a que hizo referencia la adolescente víctima. - Examen seminológico de cinco de septiembre de dos mil veintidós, elaborado por la perito en química ***, con resultado negativo a la identificación de semen en la muestra tomada de los labios mayores, menores y zona vaginal de la víctima de iniciales **** Con relación al tercer requisito, consistente en que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución, también se encuentra satisfecho. En efecto, al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control precisó que de la exposición del Ministerio Público, podía identificarse que los hechos con apariencia de delito, ocurrieron, el de abuso sexual agravado entre las diecisiete horas con treinta minutos y las dieciocho horas del cuatro de septiembre de dos mil veintidós y el de violación equiparada agravada alrededor de las dieciséis horas con quince minutos del tres de septiembre de esa anualidad. Respecto al lugar, destacó que el primero ocurrió a las puertas del predio ubicado en la calle ***, sin número, por calle **** y ***, de la colonia **** en ****, Yucatán, pues el imputado, ejerciendo violencia física empezó a besarle el cuello a la adolescente de iniciales *** así como los senos. Y, el segundo, ocurrió al interior del predio ubicado en la calle ***, entre *** y **** de la colonia ***, en *****, Yucatán, en el cual el imputado mediante la violencia moral le impuso cópula vía vaginal a la víctima de iniciales ******. En cuanto a las circunstancias de ejecución, refiere que el imputado **** se encontraba a las puertas del predio ubicado en la calle ****, sin número, por calle **** y ****, de la colonia *** en ****, Yucatán, abrazando a la víctima de iniciales **** de doce años de edad, ejerciendo violencia física pues la adolescente le pidió que la soltara, siendo que además empezó a besarle el cuello y los senos, situación que fue presenciada por el denunciante ****, quien se acercó y le reclamó dicha conducta al imputado. Al cuestionar el denunciante **** a la adolescente **** sobre lo ocurrido, ésta comenzó a llorar y le contó que ****, aquí quejoso, la obligó a tener relaciones sexuales, siendo la última vez el tres de septiembre de dos mil veintidós, alrededor de las dieciséis horas con quince minutos, pues estando en el interior del predio ubicado en la calle ***, entre **** y *** de la colonia Santa Úrsula, en ****, Yucatán, mediante la violencia moral, *** le impuso cópula vía vaginal. La juzgadora destacó que los hechos relatados por la fiscalía encuadraban en los ilícitos de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el artículo 310, con relación al 309 del Código Penal del Estado de Yucatán y violación equiparada agravada, previsto y sancionado por el artículo 315, con relación al 313, párrafo segundo, del indicado código penal de la entidad, que disponen: "Artículo 309. A quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, un acto lascivo o la obligue a ejecutarlo para sí o en otra persona, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y de trescientos a dos mil quinientos días-multa. Si se hiciera uso de la violencia física o psicológica, las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. Se entenderá por actos lascivos los tocamientos, manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento." "Artículo 310. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de diez a dieciocho de prisión y de cuatrocientos a dos mil quinientos días-multa. Si se hiciere uso de la violencia física o psicológica, la sanción se aumentará hasta en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio." "Artículo 313. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinticinco años y de mil a tres mil díasmulta. Para los efectos de este Capítulo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se aplicará la misma sanción al que introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo de la víctima. Si además de todo lo expuesto en los párrafos anteriores resultare en embarazo y/o en contagio de enfermedad de transmisión sexual, la sanción se aumentará en una mitad." "Artículo 315. Se equipara a la violación y se sancionará con prisión de diez a treinta años, y de tres mil a cinco mil días-multa, a quien sin violencia y con fines lascivos tenga cópula o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, a una persona menor de quince años de edad o a persona privada de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. Si además se ejerciere violencia física o moral, y en su caso, resultare en embarazo y/o en contagio de enfermad de transmisión sexual, el mínimo y el máximo de la sanción se aumentarán en una mitad." Por otra parte, en relación al cuarto y quinto elemento del auto de vinculación, se advierte que al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control se limitó a la información proporcionada por las partes; valoró conjuntamente los datos de prueba y conforme el estándar probatorio exigible hasta ese momento concluyó que *******, probablemente ejecutó los hechos que la ley señala como abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el artículo 310, con relación al 309 del Código Penal del Estado de Yucatán y violación equiparada agravada, previsto y sancionado por el artículo 315, con relación al 313, párrafo segundo, del indicado código penal de la entidad. En relación con el cumplimiento de estos requisitos, el quejoso sostiene de manera genérica que no hay elemento que presuma su participación en los hechos que se le imputan, pues inclusive, la defensa ofreció como dato de prueba una testimonial que, a su consideración, desvirtúa las manifestaciones del denunciante y de la víctima, además de que existen contradicciones en las fechas y en los hechos narrados por éstos. Dicho argumento también es infundado. Ello se afirma, en razón de que si bien la juzgadora señaló que el testimonio de la víctima y del denunciante son suficientes para acreditar los hechos y que la deposición de los testigos ofrecidos por la defensa no desvirtuaba el señalamiento directo al imputado, lo cierto es que dichos elementos no los analizó de manera aislada sino en conjunto con los demás indicios que fueron aportados, como los exámenes de integridad física y ginecológico practicados a la adolescente, el informe policial homologado, el acta de inspección del lugar de los hechos, entre otros. Así, conforme a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos se podía dar luz de los hechos, pues se reitera que, respecto al delito de abuso sexual agravado el denunciante ***** observó como testigo presencial que el aquí quejoso **** le besó el cuello y los senos a la víctima de iniciales **** y, respecto del diverso delito de violación equiparada agravada la adolescente de iniciales **** lo señaló como la persona que le impuso cópula por vía vaginal; por lo que se trata de señalamientos directos. En ese sentido es que no le asiste la razón al quejoso en cuanto a que las declaraciones de la víctima y del denunciante no constituyen datos de prueba suficientes, pues como se indicó, existen más indicios que hacen que sus testimonios constituyan pruebas fundamentales, los cuales incluso se relacionan con más indicios, en tanto que no se aprecia alguno que le reste credibilidad atento a los parámetros de la lógica. Más aún, porque los delitos de abuso sexual agravado, y violación equiparada agravada que se atribuyen al quejoso, se realizan, normalmente bajo el más absoluto de los secretos, en situaciones solitarias, debido a que el agente activo procura cometerlos sin la presencia de testigos, buscando la impunidad y salvo que exista la aceptación de su parte del hecho, no se cuenta más que con el testimonio de la víctima, que en estos casos, constituye un dato de prueba de cargo preponderante; pues de lo contrario, se dificultaría sobremanera la prueba de dicho delito y se llegaría al absurdo de que todo este tipo de conductas quedaran impunes, no obstante las graves consecuencias físicas y psicológicas sufridas por las víctimas. De ahí que, si bien es cierto que por regla general se pueden recabar mayores datos de prueba para demostrar la existencia de un hecho señalado como delito y la probable participación, como ocurrió en el caso concreto, no menos cierto es que en este tipo de delitos de comisión oculta en donde el relato de la víctima pone en evidencia que los hechos ocurrieron sin presencia de otras personas, por esa razón de hecho, el señalamiento de la víctima es suficiente para para el dictado de un auto de vinculación, al ser una prueba fundamental sobre el hecho, que tiene un valor preponderante y eficaz para la comprobación del hecho delictivo, derivado del momento y forma en que se cometió el delito. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 436 de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Séptima Época del Apéndice de 2011. Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo, visible a página 400, del rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." Así como la tesis XXVII.3o.28 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, visible a página 1728, del rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación." Es por ello, que no se aprecia un error de apreciación por parte de la juzgadora al valorar los datos de prueba en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, que los analizara desde un punto de vista personal, cuando se requiere de un método que justifique cómo se llega a la conclusión. Lo anterior pues aunque les asignó un valor libre, ello deriva que el precepto antes indicado así lo permite, sin embargo, la autoridad sí justifica los motivos del valor otorgado a cada uno de ellos, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios que fueron aportados. En mérito de lo anterior, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal, por las consideraciones antes apuntadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** contra el acto de la sala responsable, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    AUDIENCIA CELEBRADA

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que la defensora que ha quedado a cargo de la defensa técnica del imputado aquí quejoso ********************, en autos de la carpeta administrativa ******************** es la licenciada en Derecho ********************, sin que haya lugar a pronunciarse al respecto, toda vez que el presente juicio de amparo fue presentado directamente por el citado quejoso ********************, por su propio derecho. Estese en espera de la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendrá verificativo el uno de febrero de dos mil veintitrés a las nueve horas con treinta minutos. NOTIFÍQUESE.

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